Marco jurídico

Resumen del marco jurídico para los negocios

La Constitución Argentina brinda al extranjero un trato igualitario desde su Preámbulo, y reconoce a éste los mismos derechos que a los nacionales en su Artículo 20.

Además de la Constitución, el marco normativo de la inversión extranjera está constituido por la Ley 21.382 de Inversiones Extranjeras, los numerosos Tratados Bilaterales de Inversión TBI y la adhesión al Convenio del Ciadi (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones). Argentina ha firmado 54 TBI con otros tantos países del mundo.

Argentina se adhirió en 1997 a los principios de la Organización Económica para la Cooperación y Desarrollo OCDE en materia de inversiones extranjeras y es parte del Acuerdo Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA).

El Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI) entre España y Argentina, está en vigor desde 1992 e incluye el arbitraje ante el Ciadi como mecanismo para la resolución de controversias.

España y Argentina tenían un Convenio para evitar la Doble Imposición que entró en vigor en julio de 1994, y que fue denunciado el 29 de junio de 2012 por Argentina, dejando de tener efecto a partir del 1 de enero de 2013. El texto del nuevo Convenio, acordado en octubre de 2012, fue firmado el 11 de marzo de 2013 y, una vez aprobado por los Parlamentos de ambos países, entró en vigor el 23 de diciembre de 2013, si bien sus disposiciones fueron aplicadas con efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2013.

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Organismos de apoyo a la inversión extranjera

 

Nacionales

La Subsecretaría de Desarrollo de Inversiones y Promoción Comercial, dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, tiene una doble misión: apoyar el proceso de expansión internacional de la empresa argentina y, mediante Invierta en Argentina, promover la instalación de inversiones productivas en el país.

Invierta en Argentina ofrece diversos servicios de manera gratuita a los inversores internacionales desde la evaluación del proyecto hasta su puesta en marcha.  

SERVICIOS DE INVIERTA EN ARGENTINA
Asistencia para la evaluación del proyecto Asistencia para la puesta en marcha del proyecto

Informa sobre:


-Ventajas que ofrece Argentina
-Principales sectores económicos
-Contexto económico local
-Marco jurídico y fiscal para la inversión
-Tramites necesarios para operar en el país
-Análisis comparativo de las diferentes localizaciones del país
-Políticas de promoción e incentivos vigentes para cada actividad económica

Ayuda mediante:


-Puesta en contacto con dependencias públicas nacionales, provinciales y municipales con competencia en actividades relativas al sector
-Vinculación con instituciones intermediarias
-Puesta en contacto con instituciones científicas y educativas
-Identificación de líneas de financiamiento disponibles
-Información sobre permisos de radicación y permisos de trabajo

 

Invierta en Argentina también pone a disposición de las empresas una Guía del Inversor, disponible en su página web, que contiene datos sobre el perfil de Argentina, la economía y los negocios en el país, los incentivos a la inversión, el marco jurídico, el sistema impositivo e información práctica sobre cómo se vive en Argentina.

Más información: www.inversiones.gob.ar 

El Consejo Federal de Inversiones (CFI) es un organismo federal cuyo objetivo fundacional es promover el desarrollo armónico e integral de las provincias y regiones argentinas, orientando las inversiones hacia todos los sectores del territorio nacional. Los dos ejes en los que el CFI sustenta sus acciones son el federalismo y el desarrollo regional. Opera como un organismo permanente de investigación, coordinación y asesoramiento, y cuenta con un equipo multidisciplinar y experimentado, complementado con profesionales, técnicos y funcionarios de cada una de las regiones argentinas. www.cfired.org.ar.

Este organismo realiza labores constantes de investigación, coordinación y asesoramiento dirigidas por un equipo multidisciplinar y experimentado junto con un equipo de profesionales técnicas y funcionarios de todas las regiones del país. Todos los años, importantes recursos de cooperación técnica y financiera, se canalizan a través de proyectos y programas que el Consejo promueve y acompaña y en los que se encuentran involucrados diferentes actores tanto del sector público como del sector privado.

El CFI canaliza su actividad a través de las unidades de enlace provincial (UEPS). A continuación, se puede encontrar una lista detallada de los datos de contacto del CFI, tanto de su sede principal, como de las UEPS.

 

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES (CFI)
Provincia Contacto
Sede Central San Martín 871 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires Telf.: +54 (11) 4317 0700
Web: www.cfired.org.ar
Buenos Aires Calle 3 N° 683 entre 45 y 46 (1900) La Plata Telf.: +54 (0221) 424-3704 IP 304
Email: ccfi-bsas@cfired.org.ar
La Pampa Mansilla 1, esquina Avellaneda (6300) Santa Rosa Telf.: +54 (02954) 45-3640 IP 308
Email: ccfi-lapampa@cfired.org.ar
Córdoba Independencia 282 (5000) Córdoba Telf.: +54 (0351) 422-7131/426-5883 IP 307
Email: ccfi-cordoba@cfired.org.ar
Santa Fe Mendoza 2937 (3000) Santa Fe Telf.: +54 (0342) 456-4255 / 4267 IP 303
Email: ccfi-stafe@cfired.org.ar
Entre Ríos San Juan 26 (3100) Paraná Telf.: +54 (0343) 423-6132/431-2125 IP 302
Email: ccfierios@cfired.org.ar
Chaco Marcelo T. De Alvear 302 (3500) Resistencia Telf.: +54 (0362) 442-1916 IP 319
Email: ccfi-chaco@cfrired.org.ar
Corrientes 25 de Mayo 1121 (3400) Corrientes Telf.: +54 (0379) 446-0829 / 0833 IP 318
Email: ccfi-ctes@cfired.org.ar
Misiones Junin 1039, esquina Bolivar (3300) Posadas Telf.: +54 (0376) 442-1782 IP 315
Email: ccfi-misiones@cfired.org.ar
Formosa Rivadavia 404, esquina Maipú (3600) Formosa Telf.: +54 (0370) 443-0042 / 0019 IP 317
Email: ccfi-formosa@cfired.org.ar
Mendoza Av. España 1039 (5500) Mendoza Telf.: +54 (0261) 425-1951 / 1956 IP 324
Email: ccfi-mendoza@cfired.org.ar
San Luis No forma parte del Consejo Federal Inversiones
San Juan Güemes 109 (Sur), esquina Laprida (5400) San Juan Telf.: +54 (0264) 421-7426 / 7353 IP 322
Email: ccfi-sjuan@cfired.org.ar
Salta Av. Sarmiento 114 (4400) Salta Telf.: (0387) 432-1518 / 1520 IP 306
Email: ccfi-salta@cfired.org.ar
Jujuy San martin 1168, (4600) San Salvador de Jujuy Telf.: +54 (0388) 424-1326 / 7 IP 305
Email: ccfi-jujuy@cfired.org.ar
Tucumán Rivadavia 163 (4000) San Miguel de Tucumán Telf.: +54 (0381) 421-4958/430-6920 IP 316
Email: ccfi-tucuman@cfired.org.ar
La Rioja Dalmacio Velez Sarfield 203, (5300) La Rioja Telf.: +54 (0380) 446-2415 / 6 IP 320
Email: ccfi-larioja@cfired.org.ar
Catamarca Rivadavia 171 (4700) San Fdo del Valle de Catamarca Telf.: +54 (0383) 445-0231 / 2 IP 313
Email: ccfi-catam@cfired.org.ar
Santiago del Estero Sarmiento 92, esq. Entre Ríos (4200) Santiago del Estero Telf.: 54 (0385) 424-1328/ 1517 IP 312
Email: ccfi-sgo@cfired.org.ar
Chubut 28 de Julio 491, esq. A.P. Bell (9100) Trelew Telf.: +54 (0280) 442-8999 IP 314
Email: ccfi-chubut@cfired.org.ar
Río Negro Belgrano 471 (8500) Viedma Telf.: +54 (02920) 42-0834 / 3190 IP 321
Email: ccfi-rnegro@cfired.org.ar
Neuquén Almirante Brown 175 (8300) Neuquén Telf.: +54 (0299) 443-4700 / 4724 IP 309
Email: ccfi-neuquen@cfired.org.ar
Santa Cruz Mons. Fagnano 302, Esq. Urquiza (9400) Río Gallegos Telf.: +54 (02966) 43-2954 IP 310
Email: ccfi-scruz@cfired.org.ar
Tierra del Fuego Maipú 301, esq. Gobernador Godoy (9410) Ushuaia Telf.: +54 (02901) 43-0453 / 0456 IP 311
Email: ccfi-tfuego@cfired.org.ar

 

Provinciales

Los organismos de apoyo a la inversión de las provincias argentinas se encuentran agrupados a través de la Red Federal de Desarrollo de Inversiones, que fortalece las sinergias entre el gobierno central y las provincias (incluyendo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires). Existen algunas provincias que cuentan con organismos específicos de apoyo a la inversión extranjera muy desarrollados:

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

  • Centro de Atención al Inversor: creado en 2008 por la Subsecretaría de Inversiones, bajo la jurisdicción del Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Su principal objetivo es promover el crecimiento local mediante la inversión privada. Este centro brinda recomendaciones e información a personas y empresas interesadas en realizar negocios en la Ciudad, ayudando así a la instalación, desarrollo e implementación de nuevos proyectos de inversión. Más información en: www.buenosaires.gob.ar/distritos/centro-de-atencion-al-inversor

Mendoza

  • Mendoza Invest: brinda información a medida solicitada por el potencial inversor y lo acompaña desde la planificación y primera visita a Mendoza hasta la puesta en marcha del proyecto de inversión y su desarrollo. La agencia ofrece diversos servicios gratuitos en las diferentes etapas del proyecto, entre los que se incluyen: provisión de información calificada, asignación de un ejecutivo de servicios al inversor que acompañará a la empresa y coordinara visitas de campo en Mendoza, recabará información sobre incentivos, financiamiento, permisos, trámites, recursos humanos y otros de entidades públicas, académicas y privadas; asistirá en la selección de la ubicación geográfica del proyecto, contactará con potenciales proveedores locales, etc. También ofrecen, una vez puesto en marcha el proyecto, apoyo para proyectos de expansión, reinversión o implementación de I+D, información sobre posibles fuentes de financiación e incentivos y programas específicos para empresas en marcha, desarrollo de lazos de cooperación entre el inversor e instituciones educativas y apoyo en el seguimiento de tramites con autoridades tanto municipales como provinciales y nacionales. Más información:

  • www.mendozainvest.com

San Juan

  • Agencia San Juan de Desarrollo de Inversiones: ofrece asistencia a aquellos interesados en invertir en esta provincia. Los servicios más destacados son la financiación a sectores productivos, el apoyo al desarrollo de las capacidades competitivas de los sectores productivos, la gestión de inversiones productivas a la provincia o la cooperación entre distintos programas de crédito y competitividad en el país. Más información en:

  • www.inversionessanjuan.com.ar

Chubut

  • ProChubut: a pesar de ser una fundación centrada principalmente en fomentar las exportaciones de la provincia, cuenta con información útil a cerca de cómo invertir en esta región. Además, esta fundación cuenta con un Acuerdo Marco para intercambio de oportunidades comerciales con la Zona Franca de Gran Canarias. Más información en:

  • www.prochubut.com.ar

Río Negro

  • CREAR Agencia de Desarrollo de Rio Negro: esta agencia provincial es un ente autárquico dependiente del Ministerio de Economía de la Provincia de Río Negro. Parte de su misión es promover la provincia como lugar de radicación de nuevos emprendimientos. Más información en:

  • http://www.crear.rionegro.gov.ar/pagina/ver/quienes_somos

Neuquén

  • Agencia para la Promoción y Desarrollo de Inversiones del Neuquén (IDI-NQN): esta agencia busca “el posicionamiento de la Provincia del Neuquén como plaza de atractivo para la inversión pública y privada, nacional y extranjera”. Su misión es “explorar el mercado de capitales, tanto nacional como internacional, para lograr el concurso de inversiones de riesgo en proyectos y emprendimientos acordes con las prioridades establecidas en la planificación del desarrollo de la Provincia del Neuquén”. Así, busca captar inversiones extranjeras con el fin de generar actividades de alto efecto multiplicador, impulsando la innovación tecnológica, la industria, el comercio y el fomento de las exportaciones. Ofrece a aquellos interesados una guía de inversiones de la provincia y amplia información sobre los incentivos a la inversión. Más información en:

  • www.adinqn.gov.ar

 

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Cuadro de organismos de apoyo a la inversión extranjera

 



Cuadro de Organismos de Apoyo a la Inversión Extranjera
Provincia Organismo Contacto
Nacional Invierta en Argentina Esmeralda 1212 Piso 6, ,
(C1005AAG) Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Telf.: +54 11 4819-7488 / 4819-7269
info@inversiones.gob.ar
inversiones.gov.ar
Nacional Consejo Federal de Inversiones (CFI) San Martín 871
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Telf.: +54 (11) 4317 0700
cfired.org.ar
C.A.B.A. Centro de Atención al Inversor (CAI) Av. Roque Sáenz Peña 832 – Piso 4º
(C1073AAE) Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Telf.: +54 11 4131 5900 - Ext. 1602/04
invertir@buenosaires.gob.ar
invertir.buenosaires.gov.ar
Buenos Aires Subsecretaría De Relaciones Económicas Internacionales
Ministerio de la Producción de la Provincia de Buenos Aires
Bartolomé Mitre 430 Piso 3°
(1036AAH) Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Telf. /Fax: +54 11 4342-9040/0980
mp.gba.gov.ar/srei
inversiones@mp.gba.gov.ar
La Pampa Subsecretaría de Industria, Comercio y PYMES de la Provincia de La Pampa 3º piso – Casa de Gobierno
(6300) Santa Rosa – La Pampa
Telf. +54 02954-421811/452600 int. 1410
produccion.lapampa.gov.ar/
Córdoba Secretaría de Industria de la Provincia de Córdoba Belgrano 347 – 2° Piso
(5000) Córdoba
Telf.: + 54 351 4342475 / 81
cba.gov.ar/
Santa Fe Secretario de Servicios de Apoyo al Desarrollo (Téc. Osvaldo Audagna) Bvd. Pellegrini 3100 Piso 1°
(3000) Santa Fe
Telf.: +54 4505300 int 4100
oaudagna@santafe.gov.ar
santafe.gov.ar/index.php/web/content
Entre Ríos Secretaría de Producción de la Provincia de Entre Ríos Casa de Gobierno 1º Piso - Of. 76
(E3100INB) – Parana – Entre Ríos
Telf.: +54 0343 420-8433/ 8168
secretariaproduccion@entrerios.gov.ar
entrerios.gov.ar/produccion/
Chaco Agencia de Inversión, Comercio Exterior, Relaciones Internacionales, Representación y Promoción Provincial (AICER) Marcelo T. de Alvear 145 edificio A piso 1°
Resistencia
Telf.: +54 3722 448087 / 440887
aicer@chaco.gov.ar
Corrientes Instituto de Fomento Empresarial (IFE) Av. Vera s/n entre San Juan y La Rioja
Corrientes
Telf.: +54 3783 476044 | Te/Fax: +54 3783 474051
E-mail: info@ife.gov.ar
ife.gov.ar
Misiones Subsecretaría de Industria, Economía, Geología y Minería Ministerio del Agro y la Producción de la Provincia de Misiones
San Martín 1.495
(3300) Posadas - Misiones
Telf.: +54 3752 447536
agro.misiones.gov.ar
Formosa Agencia de Desarrollo Empresarial - ADE Formosa Predio Ferial “Vuelta Fermosa”
Av. Costanera “Vuelta Fermosa” y Brandsen.
Formosa
Telf.: +54 3717 421448 / 436138/9
info@adeformosa.org.ar
adeformosa.org.ar
Mendoza Mendoza Invest Av. Peltier 351, 4º
(5500) Mendoza
Telf.: +54-261-4493040
inversiones@mendoza.gov.ar
http://mendozainvest.com
San Luis Subprograma de Fomento a las Inversiones Ministerio de Transporte, Industria y Comercio de San Luis
Ayacucho 945, 5to piso
San Luis
Telf.: +54 2652 451460
pymes@sanluis.gov.ar
San Juan Agencia San Juan de Desarrollo de Inversiones 25 de Mayo 577 (Este)
San Juan
Telf.: +54 264 4272566 / 4391 / 4191
inversionessanjuan.gov.ar
E-mail: info@inversionessanjuan.gov.ar
Salta Fundación ProSalta Balcarce Nº 85, 2º Piso
Salta
Telf.: +54 387 4370596/97
Email: prosalta@prosalta.org.ar
prosalta.org.ar
Jujuy General de Desarrollo Industrial y Comercial Ministerio de Producción Ascasubi 290 - Bº Chijra - 1º Piso –
San Salvador de Jujuy
Telf.: +54 0388 4264014
direcciondeindustriajujuy@argentina.com.ar
mpyma.jujuy.gov.ar
Tucumán Instituto de Desarrollo Productivo de Tucumán (IDEP) Dirección: Maipú 41 – 8° Piso –
San Miguel de Tucumán
Telf.:+ 54 0381 4975155 – 4975050
idep@idep.gov.ar
idep.gov.ar
La Rioja Secretaría de Industria y Promoción de Inversiones Ministerio de Producción Hipólito Irigoyen 141 – 1º Piso
La Rioja
Telf.: +54 3822 453650
E-mail: mdegaetano@larioja.gov.ar
larioja.gov.ar/
  Coordinación de Comercio Interior y Exterior. Casa de La Rioja en Buenos Aires Av. Callao 745
La Rioja
Telf.: +54 11 4813-3417/19
comextcasadelarioja@larioja.gov.ar /
Catamarca Subsecretaría de Promoción de las Inversiones Ministerio de Producción y Desarrollo Sarmiento 589 – 4° Piso
(4700) San Fernando del Valle de Catamarca
Telf.: +54 3833 437588 / 424343
asesoria@produccioncatamarca.gov.ar
produccioncatamarca.gov.ar/
Santiago del

Estero
Ministerio de la Producción, Recursos Naturales, Forestación yTierras Casa de Gobierno Rivadavia Nº 351 2º Piso
4200 Santiago del Estero.
Telf.: +54 385 450-5069/79
mprodsde@mproduccion.gov.ar
mproduccion.gov.ar/portal/
  Dirección General de Industria y Comercio Roca Nº 768
4200 Santiago del Estero
Telf.: +54 385 422-4650
indycomsde@mproduccion.gov.ar
Chubut Subsecretaría de Promoción de las Inversiones de la Provincia del Chubut –
Ministerio de Comercio Exterior, Turismo e Inversiones.
Avenida 9 de Julio Nº 280
(9103) Rawson - Chubut
Telf.: +54 02965 482603 al 607 Internos 263 - 276 - 330 – 262 – 332 - 267
chubutalmundo.gov.ar
Río Negro Agencia Provincial Crear Río Negro Buenos Aires y Saavedra - C.P. 8500
Viedma
Telf.: +54 02920 42-8306 / 43-0925 / 43-1964 interno 13.
Contacto: merezuma@crear.rionegro.gov.ar
crear.rionegro.gov.ar
Neuquén Subsecretaría del Consejo de Planificación y Acción para el Desarrollo (COPADE) Rivadavia 42, 6º piso
Q8300HDB - Ciudad de Neuquén
Telf./Fax: +54 299 4424676/4481559
E-mail: invertir@neuquen.gov.ar
neuquen.gov.ar/copade
  Agencia de Promoción y Desarrollo de Inversiones (ADI-Nqn S.E.P.) Santiago del Estero 436
Q8300AHJ - Ciudad de Neuquén
Telf.: +54 299 4495147/49/76
E-mail: info@adinqn.gov.ar
adinqn.gov.ar
Santa Cruz Subsecretaría de Producción y Comercio
Ministerio de la Producción
Avellaneda 801
Río Gallegos
rafael.gilmartin@gmail.com
Telf.: +54 2966 427466
Tierra del Fuego Secretaría de Promoción Económica y Fiscal Ministerio de Economía de la Provincia de Tierra del Fuego
Avda. San Martín 450, Planta Baja - Casa de Gobierno
Ushuaia
Telf.: +54 2901-423440
coordinacionprogramastdf@gmail.com

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Detalle del APPRI con España

APPRI con España

El Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre España y Argentina, en vigor desde 1992, es un tratado bilateral que contiene medidas y cláusulas destinadas a proteger, en el plano del derecho internacional, las inversiones realizadas por los inversores de España en Argentina y viceversa.

Su objetivo es proporcionar un ambiente estable y favorable a la inversión que permita reducir los factores de incertidumbre política y jurídica que a veces afectan al desarrollo de los proyectos de inversión a los que se suele enfrentar la empresa en el exterior. Así, ambos países reconocen ciertas obligaciones y garantías a las inversiones realizadas en ambos sentidos. Este acuerdo contempla, entre otros puntos, el tratamiento justo y equitativo según el derecho internacional, la protección y seguridad y prohibición de medidas injustificadas y discriminatorias, el tratamiento de nación más favorecida, los mecanismos para resolver controversias que pudiesen surgir mediante el arbitraje internacional y las medidas de expropiación, nacionalización y otras de efectos similares y cómo han de aplicarse.

El acuerdo entró en vigor el 28 de septiembre de 1992, actualmente se renueva cada dos años y únicamente dejaría de entrar en vigor si fuese denunciado por uno de los dos Estados, previo aviso de seis meses antes de la fecha de expiración del período de validez en curso. En caso de que esto sucediese, existe una cláusula de remanencia que obliga a que las disposiciones del acuerdo se continúen aplicando a las inversiones realizadas antes de la denuncia durante un periodo de diez años.

El APPRI completo puede consultarse en

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1992-25449

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Otros incentivos a la inversión

 

Argentina cuenta con numerosos programas de incentivos diseñados para facilitar la inversión nacional y extranjera en el país: incentivos horizontales, incentivos sectoriales, incentivos a la localización, incentivos a la innovación y al desarrollo tecnológico, incentivos al empleo y programas de financiamiento de la inversión y de promoción de exportaciones.

Consultar Guía de Incentivos a la Implantación en Argentina 2015 en:

http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/implantacion-e-inversion-exterior/informacion-para-invertir-en-el-exterior/empresas-espanolas-establecidas-en-el-exterior/4008024.html

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Zonas francas y ZEE

 Las mercaderías que ingresan y egresan a la zona franca no están sometidas al control habitual del servicio aduanero, ni gravadas con el pago de tributos (salvo las tasas retributivas de servicios que pudieran establecerse). El objetivo de estas zonas es fomentar el comercio y la actividad industrial exportadora a través de la reducción de costos y la simplificación de los procedimientos administrativos, ofreciendo, además, incentivos fiscales. Existen 10 zonas francas en Argentina:

Zona Franca La Plata
La base operativa de esta zona franca se encuentra en Ensanada, en la Provincia de Buenos Ai-res; a 60km de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 80km del Aeropuerto de Ezeiza, además de tener acceso por vía fluvial. Es la única zona franca situada en el área de la ciudad de Buenos Aires y por ella pasa el 90% del comercio de zona franca en Argentina. Los beneficios específicos con los que cuenta la Zona Franca de La Plata con respecto a otras del mismo tipo son: delegación aduanera propia y zona primaria para que en un mismo espacio se realicen todos los trámites relacionados al comercio exterior; telefonía fija, internet, transmisión de datos, todos servicios libres de impuestos; vigilancia las 24 Hs. los 365 días del año, con acceso restringido y un estricto régimen de autorizaciones de visitas; lotes con acceso asfaltado apto para cargas, playas de almacenaje, galpones de carga general e IMO y oficinas, iluminación publica, gas, agua corriente, sucursal bancaria con cajero automático, cía. de seguros y restaurante dentro del predio, transporte interno de pasajeros, recolección de residuos y servicio de urgencias medicas; red totalmente presurizada en todo el predio con hidrantes automáticos cada 50 metros, auto-bomba y bomberos dentro del predio y registro de stock, verificación de vehículos nuevos, balanza pública y servicio de estiba en zona primaria aduanera. Además de todos estos servicios, dentro de la zona existen empresas de servicios que completan las necesidades operativas como: transporte multimodal, consolidación y desconsolidación, despachantes de aduana, personal eventual, almacenaje esporádico o específico, como electrónica, alimentos, etc.

Por supuesto, las importaciones que se almacenen en zona franca difieren el pago de los dere-chos de importación e IVA. Además, todas las ventas realizadas dentro, hacia y desde la Zona están exentas del pago del Impuesto a los Ingresos Brutos.

Más información: www.bazflp.com

Zona Franca Comodoro Rivadavia (Chubut)

Es la única Zona Franca de la Patagonia Argentina con salida al Océano Atlántico mediante el puerto del Golfo San Jorge, que garantiza diversidad y calidad de servicios. Dispone de tres áreas bien definidas:

1. Anexo puerto: una zona de tres hectáreas dentro del Puerto de Comodoro Rivadavia
2. Área industrial: de 55 hectáreas en el sector sur de la ciudad, cerca del Parque Industrial
3. Anexo aeropuerto: de tres hectáreas en el Aeropuerto Internacional General Mosconi

La zona posee una importante infraestructura de servicios y el mejor parque metal-mecánico de la Patagonia. Los servicios incluyen: almacenaje y exhibición de mercancía, asesoramiento logístico, consolidación y desconsolidación de contenedores, servicio vigilancia 24hs, control de inventario online con acceso directo al cliente, fraccionado, reenvasado, reetiquetado, reempaquetado, remarcado y estampillado; distribución puerta a puerta, servicio aduanero, infraestructura portuaria, balanza fiscal, energía eléctrica, gas y agua; telecomunicaciones nacionales e internacionales, servicio de transporte, servicio informático en red, servicio de emergencias médicas y seguros.

La zona franca permite almacenar mercancía durante un máximo de 5 años sin especificar el destino final. Además existe exención de impuestos para los servicios básicos. Como en las otras zonas de este tipo, se puede diferir el pago de IVA y derechos de importación. En cuanto al Impuesto a las Ganancias, el mismo tiene plena vigencia en la Zona Franca junto a los regímenes de Retención y Percepción del mismo.

Más información: www.zonafrancacomodororivadavia.com

Zona Franca Córdoba

La Zona Franca de Córdoba está ubicada en el centro del corredor bioceánico y del Mercosur. Se trata del cinturón industrial más importante del centro del país. Se encuentra a solo 17km del centro de la ciudad de Córdoba, la segunda ciudad más poblada del país, y a 1.500m del Aeropuerto Internacional Tarrabella. Además por uno de los costados circula el Ferrocarril General Belgrano que une el puerto de Buenos Aires con el norte argentino, Bolivia y Chile.

Esta zona franca, al igual que el resto, presenta numerosos beneficios fiscales a sus usuarios. La maquinaria y los equipos utilizados en la operatoria dentro de la Zona Franca ingresan en su valor CIF, exentos de impuestos, aranceles y costos de nacionalización. Además, el agua, la luz, el gas, el teléfono y las cloacas están exentos de IVA y de Ingresos Brutos. Los terrenos de esta zona están exentos de impuestos inmobiliarios provinciales y municipales y en general existe exención al impuesto a los sellos.

Por último, cabe destacar que la zona franca de Córdoba permite un periodo de almacenaje inusualmente largo, de hasta 30 años desde la fecha de ingreso.

Más información: www.zofracor.com.ar

Zona Franca La Pampa

Es la única Zona Franca Productiva del país. Se encuentra situada en General Pico y cuenta con toda la infraestructura necesaria para desarrollar actividades industriales, comerciales y de servicios, (Estación transformadora de energía eléctrica, fibra óptica, gas natural con 15 Kg de presión expansible a 60 Kg, red troncal de cloacas y desagües), todas sus calles internas pavimentadas, y por su cercanía al centro de la ciudad (2 Km) tiene facilidades de acceder a la prestación de las empresas de servicios, como así también para la obtención de recursos humanos. Además, dado que la empresa gestora es Aeropuertos Argentina 2000 S.A., está integrada al Sistema Nacional de Aeropuerto. Cuenta con seguridad 24hs y otros múltiples servicios.

En esta zona existen beneficios tanto a la importación como a la exportación, entre los que destacan la exención de derechos sobre el valor agregado y de tasas estadísticas, la ausencia de prohibiciones económicas y la posibilidad de ingresar bienes de capital usado, la exención al pago de contribuciones personales y el reintegro de contribuciones a las obras sociales y ART. Además, los servicios básicos y los materiales para obra civil están exentos de IVA. Por último, en el caso de la industria la tasa del impuesto sobre los ingresos brutos queda reducida a cero.

Más información: www.zflapampa.com.ar

Zona Franca Mendoza

La zona Franca de Mendoza está ubicada en Lujan de Cuyo, a 25km de la ciudad de Mendoza, una de las más importantes del país, y a 42km del Aeropuerto Internacional Gobernador Francisco Gabrielli. Posee conexiones con las importantes Rutas Nacionales Nº7, que une el Atlántico con el Pacífico y Nº40, que une el país de norte a sur. Además, también tiene conexión directa con los principales puertos del Pacífico gracias a su cercanía con Chile, ya que está a 450km de Valparaiso y San Antonio, a 350km de Santiago de Chile y a 380 del Puerto Ventana

La Zona Franca cuenta con almacenamiento por tiempo ilimitado. Los productos e insumos para la venta y distribución en el territorio aduanero general o a terceros países están libres de todo pago de tasas vigentes. Dentro de la Zona Franca no se pagarán aranceles aduaneros ni impuestos al comercio exterior ni al valor agregado. Por ultimo, los servicios e insumos básicos para la instalación de industrias están exentos de impuestos provinciales y nacionales

Más información: www.zonafranca.idits.org.ar

Zona Franca Puerto Iguazú

La Zona Franca del Puerto de Iguazú tiene una superficie de 46 hectáreas en plena frontera con Brasil y Paraguay, lo que hace que tenga una ubicación clave para el movimiento comercial con el Mercosur. Esta área cuenta con costa propia sobre el Río Iguazú lo que permite la construcción de un puerto franco con acceso a las hidrovías Paraná-Paraguay y Paraná-Tieté. Además, cuenta con tres aeropuertos en la zona: Aeropuerto de Foz de Iguazú (Brasil), Aeropuerto de Puerto Iguazú (Argentina) y Aeropuerto de Ciudad del Este (Paraguay).

Permite albergar actividad industrial y comercial. Cuenta con dos depósitos de paredes de hormigón y dos playones de hormigón armado a cielo descubierto de más de 1.000m² cada uno. La provisión eléctrica queda asegurada gracias a la línea exclusiva y los grupos generadores propios. Una de las características únicas de esta zona franca es que cuenta con una tienda libre de impuestos (Dutyfree) de más de 3. 000m² que se ha convertido en una parada obligada para los turistas de la zona.

La Zona Franca Puerto Iguazú ofrece a sus usuarios los siguientes servicios: almacenaje en depósitos o a cielo abierto, estacionamiento de vehículos y contenedores, showrooms para exhibición, alquiler de oficinas, auditorio, business center, vigilancia y seguridad 24hs, Internet banda ancha, servicios logísticos, manipulación de cargas, suministro de energía eléctrica con línea de abastecimiento directa, prestación de servicios básicos, sistema informático integral y especializado, sistema de control de acceso de vehículos y personas, diseño y construcción de infraestructuras a requerimiento, transporte de personal hacia y desde los depósitos, servicios aduaneros on site, asesoramiento integral y despacho y agencia de transporte.

Más información: www.zfpi.com

Zona Franca Salta

Esta zona está ubicada en el núcleo del Corredor Bioceánico, lo que permite la entrada y salida de productos a través del Puerto de Mejillones en Chile y de los puertos brasileños. Se encuentra a 45km de Salta, a 60km de San Salvador de Jujuy y a 250km de San Miguel de Tucumán. Además, se encuentra cerca de las fronteras con Chile, Bolivia, Paraguay y otras 6 provincias argentinas. Por otra parte, esta área es colindante con el Parque Industrial de General Güemes, a metros del ramal principal del ferrocarril, a metros de la Central Térmica Güemes (proveedora de energía eléctrica, vapor y agua industrial) y a metros de la traza de gaseoducto.

Los importadores disponen de diversas ventajas, comunes a las otras zonas francas de Argentina: los productos almacenados en esta área neutralizan los costos financieros que exige mantener un stock nacionalizado fuera de la Zona Franca; además pueden ser enviados a cualquier parte del mundo sin aranceles, tasas o impuestos de ninguna naturaleza, en el estado que ingresaron o clasificados, seleccionados, etc y también pueden ser exhibidos para su venta y nacionalizados luego de concretada la misma. El tiempo máximo de almacenaje en la Zona Franca de Salta es de cinco años.

Más información: www.zonafrancasalta.com.ar

Zona Franca San Luis

Esta Zona Franca está situada en la Localidad de Justo Daract, sobre la Ruta Nacional Nº7, el principal eje este-oeste (corredor bioceánico). Además se encuentra a sólo 20km de la Ruta Na-cional Nº8, que une la zona central de Argentina con el sur de Brasil.

Esta área cuenta con una superficie de 100 hectáreas que dispone de almacén de contenedores, depósitos, oficinas y salón para convenciones y seminarios. Ofrece diversos servicios a sus usuarios: depósito y fraccionamiento de la mercancía, manipulaciones de mercancía, Zona Primaria Aduanera, consolidado y desconsolidado de carga, servicios básicos como luz, agua, cloacas, gas, teléfono y seguridad o servicios bancarios.
Entre los beneficios que ofrece destacan el ingreso de mercadería o maquinarias libre de todo gravamen, la exención de impuestos sobre los servicios básicos y los procesos de industrialización sin derechos de exportación sobre el valor agregado.

Más información: www.sanluislogistica.com.ar

Zona Franca Tucumán

Esta área está situado sobre la Ruta Nacional Nº9 y la Avenida de Circunvalación a San Miguel de Tucumán en Lastenia. Se trata de un recinto de 25 hectareas a solo siete kilómetros de San Miguel de Tucumán y a tres kilómetros de la estación ferroviaria de transferencia de cargas en “El Pacará”. A 40km se encuentra la Ruta Nacional Nº34, también llamada ruta del Mercosur, ya que es la vía que utiliza el transporte internacional. La distancia al Aeropuerto Internacional Benjamín Matienzo es de 12km.

Esta zona franca ofrece diversos servicios para las operaciones que allí se realicen: almacenaje, pesaje de camiones, servicios de carga y descarga (y terminal de contenedores), manipulación de cajas bultos y contenedores, consolidación y desconsolidación, manipulación de contenedores vacios y traslado interior en la zona. También ofrece transporte multimodal puerta a puerta. La Zona Franca de Tucumán tiene convenios con las empresas proveedoras de gas natural, energía eléctrica y agua, además de ofrecer servicios de telecomunicaciones locales y nacionales; todos ellos exentos de impuestos nacionales provinciales y municipales. También existen alianzas con empresas de construcción de naves industriales. El área cuenta con seguridad 24 horas, el sistema informático María, una red computarizada de control de inventarios y verificación de documentos para todas las operaciones en zona franca, servicio aduanero, consultoría en comercio internacional y sala de conferencias.

En cuanto a ventajas, tiene las comunes a las zonas francas del país. Además no existe limite temporal en cuanto al almacenaje o nacionalización de bienes.

Más información: www.zonafrancatucuman.com.ar

Zona Franca Zona Sur

La Zona Franca Bahía Blanca Coronel Rosales está situada al sur de la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Bahía Blanca.
Es la única zona franca de Argentina que otorga la posibilidad de trasladar los beneficios del ré-gimen franco en calidad de usuario directo a emprendimientos productivos, comerciales o de al-macenamiento fuera de un área operativa. Así los privilegios de ser parte de la Zona Franca Zona Sur se potencia con el desarrollo y la concentración de operaciones en las instalaciones propias del usuario.

Esta área cuenta con los siguientes servicios logísticos: consolidación y desconsolidación, planificación y configuración de pedidos, rotulación, etiquetado fraccionamiento, cambio de embalajes palletizado y enfilmado, control de calidad y entregas en planta, y servicio de conservación y mejora de la mercancía. El plazo máximo de almacenaje es de cinco años. Además ofrece numerosos servicios necesarios para el desarrollo de actividades: acceso preferencial a servicios bancarios y financieros, agentes de carga internacional servicio puerta a puerta, correo internacional servicio puerta a puerta, despachantes de aduana con trayectoria en zona francas, seguros, logística, transportes de mercaderías, asesoramiento en mercados Internacionales, financiación de proyectos de exportación, legales. Además; la Zona Franca realiza un estricto y permanente control de las existencias y ofrece vigilancia y seguridad física en todo el predio durante las 24 horas, apoyado con elementos electrónicos de última generación, telecomunicaciones locales e internacionales (exentas de impuestos), servicio de informática en red con control de inventarios y servicio de emergencias médicas y recolección de residuos.

Además, esta zona cuenta las ventajas comunes al resto de áreas de este tipo; así, es posible importar y almacenar productos sin el pago de impuestos y tributos.

Más información: www.zfzonasur.com.ar

 

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Contratación Pública. Criterios de adjudicación de contratos

 El Gobierno de Mauricio Macri está estableciendo nuevas reglas en la contratación pública buscando facilitar y agilizar los procesos de selección de contratistas, propiciando, al mismo tiempo, un mayor nivel de concurrencia y transparencia en las licitaciones. En principio, ha adquirido el compromiso de que la norma general sea la licitación frente a las adjudicaciones directas y, a ser posible, de carácter internacional. El Ministerio de Modernización del Estado fue creado en gran medida para mejorar la transparencia en la gestión pública.

En esta línea, el 1 de octubre de 2016, entró en vigencia el Decreto N° 1030 que aprobó la nueva reglamentación del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional dispuesto por el Decreto N° 1023/2001. Además, la Oficina Nacional de Contrataciones (la “ONC”), en su carácter de órgano rector del sistema de contrataciones, dictó normativa complementaria del Reglamento. En este sentido la ONC aprobó:

  • el Manual de Procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional (Disposición ONC Nº 62/16);
  • un nuevo Pliego Único de Bases y Condiciones Generales (Disposición ONC Nº 63/16); y
  • el Manual de Procedimiento para la incorporación y actualización de datos en el Sistema de Información de Proveedores –SIPRO– (Disposición ONC Nº 64/16).

Asimismo, la ONC habilitó el Sistema Electrónico de Contrataciones de la Administración Nacional denominado COMPR.AR (Disposición ONC Nº 65/16).

Con excepción de la implementación del COMPR.AR, las normas mencionadas comenzaron a ser aplicadas a los procedimientos de selección de contratistas cuyas autorizaciones o convocatorias fueron efectuadas a partir del 1° de octubre de 2016. La implementación del COMPR.AR se realizará según el cronograma gradual que establezca la ONC oportunamente.

Tambièn mencionar la Resolución E 36/2017, de la Sindicatura General de la Nación, que aprueba el Régimen del Sistema de Precios Testigo.

Toda la normativa mencionada puede consultarse en www.infoleg.gob.ar.

Están incluidos en este marco legal: los contratos de compraventa, suministros, servicios, locaciones, consultoría, alquileres con opción a compra, permutas, concesiones de uso de los bienes del dominio público y privado del Estado Nacional, que celebren las jurisdicciones y entidades comprendidas en su ámbito de aplicación y a todos aquellos contratos no excluidos expresamente.

Están excluidos, en cambio, los contratos de empleo público, las compras por caja chica, los que se celebren con estados extranjeros, con entidades de derecho público internacional, con instituciones multilaterales de crédito, los que se financien total o parcialmente con recursos provenientes de esos organismos, así como los comprendidos en operaciones de crédito público y las contrataciones en el extranjero realizadas por unidades operativas de contrataciones radicadas en el exterior.

También están excluidos los contratos de obras públicas, concesiones de obras públicas, concesiones de servicios públicos y licencias, enumerados en el artículo 4° inciso b) del Decreto Delegado N° 1.023/01 (que se rigen por lo dispuesto en el Decreto 1023/2001 y la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064), y los actos, operaciones y contratos sobre bienes inmuebles que celebre la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), que deberá dictar el Reglamento de Gestión de Bienes Inmuebles del Estado.

El régimen de contrataciones públicas es de aplicación obligatoria a los procedimientos de contratación en los que sean parte las jurisdicciones y entidades comprendidas en el inciso a) del artículo 8º de la Ley Nº 24.156 de Administración Financiera y sus modificaciones. En ese sentido, el Sistema de Contrataciones de la Administración Pública Nacional se aplica a la Administración Central, organismos descentralizados incluidas las universidades nacionales y las instituciones de seguridad social. Su ámbito de aplicación no alcanza, en cambio, a provincias, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, municipios, ni a otros organismos que cuentan con un régimen específico, como el PAMI y la AFIP.

También se encuentran excluidos empresas y sociedades del Estado, fondos fiduciarios con participación estatal entidades financieras del sector público nacional, tales como Banco Nación, Banco Hipotecario y Banco Central. Las entidades no comprendidas, sin embargo, pueden voluntariamente aplicar el sistema y participar de su operatoria.

El acceso a la contratación con el Estado viene determinado por la habilitación para contratar (capacidad para obligarse, no estar incurso en causa de inhabilitación y estar inscrito en el SIPRO al momento de la evaluación de ofertas – no es necesaria la inscripción previa para la presentación de ofertas – art. 25 Decreto 1023 y art. 112 del Decreto 1030), por el objeto del contrato (obras y servicios sólo accesibles a empresas locales, salvo determinados casos) y por el procedimiento de selección elegido: subasta pública, licitación, concurso o contratación directa.

La regla general es aplicar la licitación o concurso público, utilizándose las demás alternativas sólo en los casos contemplados en la norma.

La adjudicación del contrato deberá realizarse en favor de la oferta más conveniente para el organismo contratante, teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del oferente y demás condiciones de la oferta, según establece el art. 15 del Decreto 1023/2001 sobre los criterios de selección. Cuando se trate de la compra de un bien o de la contratación de un servicio estandarizado o de uso común cuyas características técnicas puedan ser inequívocamente especificadas e identificadas, se entenderá, en principio, como oferta más conveniente, la de menor precio.

En materia de preferencias se estará a lo que disponga la normativa vigente en cada caso: en materia de compras públicas, en Argentina se otorga preferencia a las ofertas nacionales frente a las de empresas extranjeras en las adquisiciones y locaciones de bienes, mientras que en la contratación de servicios existe una reserva de mercado a favor de empresas locales. Existe normativa de ámbito provincial o local en el mismo sentido.

La Ley 25.551 (noviembre 2001), reglamentada por el Decreto 1600/2002, restableció la vigencia del "Compre Argentino" y del "Contrate Nacional" establecidos por el Decreto-Ley Nº 5340 de 1963 y la Ley Nº 18.875 de 1970, cuya aplicación fue suspendida en 1991. En virtud del nuevo régimen, ahora denominado "Compre Trabajo Argentino", las ofertas nacionales tienen preferencia sobre las ofertas extranjeras, obligando al licitador a adjudicar el contrato a aquéllas si, con las mismas o similares condiciones de suministro, son hasta un 5% (7% para PYMEs) más caras que éstas, sin necesidad de que igualen la oferta extranjera más barata.

En materia de servicios, la Ley 18.875 de 1971 establece que “la construcción de obras y la provisión de servicios, salvo casos excepcionales y aprobados previamente por una resolución del ministerio competente, en los que se demuestren razones valederas para la licitación o contratación internacional, se contratará exclusivamente con empresas locales”. Para que una empresa sea considerada local debe cumplir y/o acreditar los siguientes requisitos: (i) debe haber sido creada o autorizada a operar de conformidad con la legislación argentina; (ii) debe tener domicilio legal en la Argentina; (iii) y debe acreditar que el 80% de sus directores, personal directivo y profesionales tienen domicilio real en el país.

Están excluidos del Régimen aquellos contratos, tanto de bienes como de obras o servicios, “que se celebren con estados extranjeros, con entidades de derecho público internacional, con instituciones multilaterales de crédito, los que se financien total o parcialmente con recursos provenientes de esos organismos, sin perjuicio de la aplicación de las disposición del presente Régimen cuando ello así se establezca de común acuerdo por las partes en el respectivo instrumentó que acredite la relación contractual”.

Éste es uno de los principales caballos de batalla de la negociación UE-Mercosur, que se espera superar en las negociaciones que se están desarrollando entre ambos bloques para que fructifique el acuerdo en 2018.

Argentina no es signatario del Acuerdo de Compras Públicas de la Organización Mundial del Comercio.

En el ámbito del Mercosur, en la XXV Cumbre de Jefes de Estado, celebrada en Montevideo en diciembre 2003, se cerró uno de los acuerdos más postergados de las negociaciones dentro del bloque: el protocolo para compras gubernamentales. Con este tratado cualquier empresa podrá presentarse a licitaciones públicas en los otros países miembros sin que sufra discriminaciones o preferencias.

La Oficina Nacional de Contrataciones (ONC) propone las políticas y establece las normas, sistemas y procedimientos operativos que regirán la gestión de las contrataciones; difunde, capacita y asesora a las entidades que intervienen en el proceso; y elabora y organiza estadísticas e información sobre las contrataciones para que estén a disposición de los distintos participantes y de la ciudadanía en general. www.argentinacompra.gov.ar
La gestión de las licitaciones está a cargo de las unidades operativas de contratación de cada jurisdicción.

La Oficina Anticorrupción realiza estudios, elabora diagnósticos, interviene en algunos procedimientos de adquisiciones y propone políticas generales para mejorar la transparencia en los procesos de compras y contrataciones públicas. www.anticorrupcion.gov.ar.

También han sido aprobados la Ley y el Reglamento de Contratos de Participación Público Privada (en su conjunto el “Régimen PPP”) con el objetivo de brindar la seguridad jurídica necesaria para atraer inversiones, principalmente en el sector de infraestructura, y dar una herramienta que permita una cooperación equilibrada y previsible entre el sector privado y el público, para financiar obras a largo plazo. La Reglamentación completa y detalla, entre otras:

  • Constitución de fideicomisos
  • Régimen de la ejecución del contrato
  • Preservación de la ecuación económico-financiera del contrato
  • Procedimientos de selección del contratista
  • Financiamiento y cesión en garantía
  • Contraprestación del contratista y sus mecanismos de revisión
  • Mecanismos de solución de controversias (paneles técnicos y arbitraje)
  • Normas anticorrupción

Por último, el Gobierno ha remitido al Congreso el proyecto de ley de transparencia y buenas prácticas en la obra pública. El proyecto original delineado por el subsecretario de Obra Pública, Ricardo Delgado, plantea tres objetivos. El primero es dotar de mayor transparencia todos los actos que involucran “la vida de las obras”. Pretenden obligar a cada organismo competente a publicar en sus sitios web las licitaciones y los pliegos, que deberán ser gratuitos y de acceso anónimo. Cada paso de la licitación también deberá ser abierto y estar online: los oferentes, el volumen de sus ofertas, los pagos y los plazos y los avances de cada obra.

El segundo objetivo es evitar la cartelización. Para eso, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia realizará un monitoreo. El tercer eje pretende echar luz sobre el valor real de las obras. Para evitar sobreprecios, las licitaciones incluirían un presupuesto detallado. Si las obras superan el 20% de lo presupuestado, las autorizaciones deberán llevar la firma de las autoridades superiores a la instancia de licitación. "Cuando la oferta resulte sustancialmente superior o inferior al presupuesto oficial, será desestimada". Uno modo de evitar sobreprecios, pero también de eludir la posterior falta de fondos para terminar las obras.

El Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas -no autónomo y dependiente del Ministerio del Interior- será el único organismo que tendrá a su cargo la evaluación y calificación de los antecedentes de los constructores. El artículo 11 del borrador faculta al Ejecutivo para crear el Instituto Nacional de Buenas Prácticas para la Administración de Obras (INBPAO). El proyecto plantea casos de incompatibilidad entre funcionarios que hayan pertenecido a las empresas del sector durante los tres años previos a una licitación. No podrán formar parte de la comisiones de adjudicación.

A las mismas reglas deberán someterse las participaciones público-privadas (PPP), si bien el Gobierno estima que esta modalidad no superará el 20% de las obras.

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Régimen de inversiones

La Constitución Argentina brinda al extranjero un trato igualitario desde su Preámbulo, y reconoce a éste los mismos derechos que a los nacionales en su Artículo 20.

Además de la Constitución, el marco normativo de la inversión extranjera está constituido por la Ley 21.382 de Inversiones Extranjeras, los numerosos Tratados Bilaterales de Inversión TBI y la adhesión al Convenio del Ciadi 

La Ley de Inversiones Extranjeras N° 21.382 (Decreto 1853/1993 que aprueba el Texto Ordenado) define el marco legal que rige para la inversión extranjera en el país, que no requiere aprobación previa alguna. La ley determina que los inversores extranjeros tendrán los mismos derechos y obligaciones que la Constitución y las leyes establecen para los inversores nacionales. Según establece dicha ley, los inversores extranjeros tienen derecho a:

  • Transferir al exterior las utilidades líquidas y realizadas provenientes de sus inversiones, así como repatriar su inversión.
  • Utilizar cualquiera de las formas jurídicas de organización previstas por la legislación nacional.
  • Hacer uso del crédito interno con los mismos derechos y en las mismas condiciones que las empresas locales de capital nacional.

La legislación precisa también las formas en las cuales se puede materializar la inversión extranjera:

  • Moneda extranjera de libre convertibilidad.
  • Bienes de capital, sus repuestos y accesorios.
  • Utilidades o capital en moneda nacional pertenecientes a inversores extranjeros siempre que se encuentren legalmente en condiciones de ser transferidos al exterior.
  • Capitalización de créditos externos en moneda extranjera de libre convertibilidad.
  • Bienes inmateriales de acuerdo con la legislación específica.
  • Otras formas de aporte que se contemplen en regímenes especiales o de promoción.

Asimismo, establece el tratamiento que se debe dispensar a los aportes transitorios y a la vinculación entre empresas controlantes y controladas.

AGENCIA ARGENTINA DE INVERSIONES Y COMERCIO INTERNACIONAL (http://www.investandtrade.org.ar/)

A principios de 2016 se crea la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional como un organismo descentralizado, que se desempeña en el ámbito de la Subsecretaría de Comercio Exterior de la Secretaría de Comercio del Ministerio de Producción. Es responsable de:

  • Atraer y facilitar inversión extranjera directa (IED) de calidad, especialmente en sectores estratégicos.
  • Ayudar a las compañías argentinas a expandir sus negocios en el mundo.
  • Promover la mejora del clima general de negocios y del marco regulatorio.
  • Elaborar información de mercado precisa que agregue valor tanto para los inversores como para las empresas argentinas.

A imagen del ICEX, integran en una sola agencia las funciones de apoyo a la internacionalización de sus empresas junto con la de captación de inversión extranjera en el país.
 

CIADI

El Ciadi es una institución del Grupo del Banco Mundial, creado para propiciar la solución de disputas entre gobiernos y nacionales de otros Estados. Ser miembro del Ciadi (Argentina y España lo son) no implica el pase automático a su jurisdicción, sino que resulta necesario un consentimiento escrito que habilite la intervención de ese organismo. Dicho consentimiento está contenido en los TBI, en tanto en la mayoría de ellos incluye el arbitraje ante el Ciadi como mecanismo para la resolución de controversias. 

APPRI con España

Argentina ha firmado 54 TBI con otros tantos países del mundo. El Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre España y Argentina, en vigor desde 1992, es un tratado bilateral que contiene medidas y cláusulas destinadas a proteger, en el plano del derecho internacional, las inversiones realizadas por los inversores de España en Argentina y viceversa.

Su objetivo es proporcionar un ambiente estable y favorable a la inversión que permita reducir los factores de incertidumbre política y jurídica que a veces afectan al desarrollo de los proyectos de inversión a los que se suele enfrentar la empresa en el exterior. Así, ambos países reconocen ciertas obligaciones y garantías a las inversiones realizadas en ambos sentidos. Este acuerdo contempla, entre otros puntos, el tratamiento justo y equitativo según el derecho internacional, la protección y seguridad y prohibición de medidas injustificadas y discriminatorias, el tratamiento de nación más favorecida, los mecanismos para resolver controversias que pudiesen surgir mediante el arbitraje internacional y las medidas de expropiación, nacionalización y otras de efectos similares y cómo han de aplicarse.

El acuerdo entró en vigor el 28 de septiembre de 1992, y únicamente perdería vigencia si fuese denunciado por uno de los dos Estados, previo aviso de seis meses antes de la fecha de expiración del período de validez en curso. En caso de que esto sucediese, existe una cláusula de remanencia que obliga a que las disposiciones del acuerdo se continúen aplicando a las inversiones realizadas antes de la denuncia durante un periodo de diez años.

El APPRI completo puede consultarse en https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1992-25449

Convenio para evitar Doble Imposición con España

España y Argentina tenían un Convenio para evitar la Doble Imposición que entró en vigor en julio de 1994, y que fue denunciado el 29 de junio de 2012 por Argentina, dejando de tener efecto a partir del 1 de enero de 2013.
El texto del nuevo Convenio, acordado en octubre de 2012, fue firmado el 11 de marzo de 2013 y, una vez aprobado por los Parlamentos de ambos países, entró en vigor el 23 de diciembre de 2013, si bien sus disposiciones fueron aplicadas con efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2013.

La modificación principal es la supresión del apartado 4 del artículo 22, que disponía que el patrimonio constituido por acciones o participaciones en el capital o patrimonio de una sociedad sólo podía someterse a imposición en el Estado Contratante del que su titular fuera residente. En el antiguo convenio, las acciones de sociedades argentinas propiedad de personas físicas o jurídicas radicadas en España, no quedaban sujetas a imposición en Argentina en el Impuesto sobre los Bienes Personales.

El nuevo texto también incluye un Memorandum que salvaguarda la aplicación de las normas internas sobre prevención de la evasión fiscal, la transparencia fiscal internacional y la utilización abusiva de los beneficios del Convenio.

El Convenio tiene una gran trascendencia para las empresas y los ciudadanos argentinos y españoles porque abarca un conjunto muy amplio de hechos imponibles como las rentas inmobiliarias, beneficios empresariales, navegación marítima y aérea, empresas asociadas, dividendos, intereses, cánones o regalías, ganancias de capital, rentas por servicios personales independientes, remuneraciones por servicios personales dependientes, retribuciones de directores y consejeros, rentas de artistas y deportistas, pensiones, remuneraciones por funciones públicas, percepciones de profesores y estudiantes, otras rentas, y el patrimonio.

El nuevo Convenio supone una mejora y actualización del anterior y facilita la cooperación entre las autoridades fiscales en el desempeño de sus funciones, potenciando el intercambio de información de trascendencia tributaria entre ambos países.

El Convenio completo puede consultarse en https://www.boe.es/boe/dias/2014/01/14/pdfs/BOE-A-2014-373.pdf

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Propiedad inmobiliaria

No hay restricciones para la compra de inmuebles por extranjeros, salvo lo dispuesto por la Ley 26.737 de tierras: la ley establece que el porcentaje de tierras rurales en manos extranjeras no puede superar el 15% en el territorio nacional. Los extranjeros de una misma nacionalidad no pueden superar el 30% del total de tierras extranjerizadas. En superficie, un extranjero no puede adquirir más de 1000 hectáreas o su equivalencia en la zona agrícola núcleo [sudeste de Córdoba y Santa Fe y norte bonaerense].
Para la adquisición de un inmueble rural ubicado en zona de seguridad por extranjeros, se requiere el consentimiento previo del Ministerio del Interior.

Sobre el precio del inmueble, deben tenerse en cuenta otros gastos de la operación: escribano (notario) y el Registro de la Propiedad; impuestos; comisión de la inmobiliaria (3-4%) y gastos bancarios

Fiscalidad

Personas físicas extranjeras

La escritura de compraventa está gravada con el Impuesto de Sellos (municipal) con un tipo promedio del 2,5% del precio en escritura. En la ciudad de Buenos Aires el comprador paga un 1,25% y el vendedor un 1,25%. En el caso de los residentes que venden para comprar vivienda habitual, tanto el comprador como el vendedor estarán exentos del impuesto. Si no es residente o es segunda vivienda, se tiene que pagar el impuesto.

La operación está gravada con el Impuesto a la Transferencia de Inmuebles (ITI) que paga el vendedor a un tipo del 1,5% del precio en escritura. Como en el caso de Sellos, no aplica para residentes si está vendiendo su vivienda y/o terreno para adquirir o construir -dentro del terreno de un año- una propiedad destinada a casa propia.

Una vez adquirida la condición de propietario, se paga:

- Impuesto inmobiliario conocido como ABL (Alumbrado, Barrido y Limpieza) que cobra la Municipalidad (Ayuntamiento), anual o mensualmente y que depende de superficie, ubicación....(es un importe menor)

- Impuesto sobre Bienes Personales (equivalente al Impuesto sobre el Patrimonio español). El tipo aplicable para no residentes es del 1,25%. Para residentes: exención hasta 305.000 y luego tipo variable según escala hasta un mínimo del 1,25%.

En caso de alquiler: retención impuesto a las ganancias (equivalente a IRPF): 21% (ganancia presunta: 60% sobre 35%) y el contrato está gravado con Impuesto a los sellos: tasa promedio 1%. Si es un alquiler comercial, el contrato de arrendamiento está sujeto a IVA (21%) para rentas superiores a AR$1500 y al impuesto a los ingresos brutos (municipal): tasa promedio 3%. Régimen de información Registro de operaciones inmobiliarias: en caso de alquileres de más de AR$ 8.000 mensuales, se debe comunicar a la AFIP (equivalente a la AEAT) los detalles de la transacción, precio, información de la propiedad, etc.; se obtiene el certificado de registro que debe mostrarse al inquilino. Si no hay declaración fiscal de alquiler, en una futura venta la AFIP puede considerar una ganancia máxima presunta y sería ella quien determine el tipo aplicable y la base de cálculo para ello.

En caso de una futura venta, no hay retención concepto de impuesto a las ganancias, pero sí Impuesto sobre la transferencia de Inmuebles: 1,5 % e Impuesto a los Sellos: tasa promedio 2,5 % (compartido por las partes). Los residentes en el exterior deberán solicitar un "Certificado de Retención" a la AFIP (equivalente a la AEAT). Luego, los agentes de retención (escribano) deberán retener el importe que surja del "Certificado de Retención" Dicho certificado deberá efectuarse con una antelación máxima de 20 días naturales a la escritura de compraventa. Cuando el valor de la propiedad sea igual o superior a AR$ 600.000, debe informarse a la AFIP el precio de venta y solicitar el Certificado de Oferta de Transferencia de Inmuebles (COTI) antes de la fecha de la escritura.

Personas Jurídicas extranjeras

Lo mismo pero:

- el tipo del Impuesto sobre Bienes Personales es del 2,5%.

- en caso de venta, la retención de Impuesto a las Ganancias (equivalente al Impuesto de Sociedades) es del 17,5% sobre el precio de venta (ganancia presunta 50% sobre 35%) o del 35% sobre la ganancia concreta (optativo); no aplica el ITI y sí impuesto a los sellos: tasa promedio 2,5%

Hay que tener en cuenta que respecto al Impuesto a las Ganancias (equivalente al Impuesto de Sociedades/IRPF español), la retención tiene un tipo reducido por aplicación del convenio para evitar doble imposición que rige entre España y Argentina. En la declaración de esa renta en España, se podrá reducir el importe retenido por el fisco argentino, acreditado mediante el correspondiente certificado de retención fiscal..

Más info en http://www.afip.gov.ar/inmuebles/

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Incentivos a la inversión (fiscales, sectoriales, regionales y locales)

Argentina cuenta con numerosos programas de incentivos diseñados para facilitar la inversión nacional y extranjera en el país: incentivos horizontales, incentivos sectoriales, incentivos a la localización, incentivos a la innovación y al desarrollo tecnológico, incentivos al empleo y programas de financiamiento de la inversión y de promoción de exportaciones.

La Ofecomes de Buenos Aires actualiza anualmente la “Guía de Incentivos a la Implantación en Argentina” que se publica en la web de ICEX, y en la que se detallan los mencionados incentivos.
http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/implantacion-e-inversion-exterior/informacion-para-invertir-en-el-exterior/empresas-espanolas-establecidas-en-el-exterior/4008024.html

El nuevo gobierno de Mauricio Macri creó en febrero de 2016 una nueva Agencia Nacional de Promoción de Inversiones y Comercio Internacional http://www.investandtrade.org.ar organismo que será responsable de:

  • Atraer y facilitar inversión extranjera directa (IED) de calidad, especialmente en sectores estratégicos
  • Ayudar a las compañías argentinas a expandir sus negocios en el mundo
  • Promover la mejora del clima general de negocios y del marco regulatorio
  • Elaborar información de mercado precisa que agregue valor tanto para los inversores como para las empresas argentinas

A imagen del ICEX, integran en una sola agencia las funciones de apoyo a la internacionalización de sus empresas junto con la de captación de inversión extranjera en el país.

Asimismo, las provincias (equivalentes a las comunidades autónomas) cuentan con sus propias agencias de promoción. Además, existe un Consejo Federal de Inversiones (CFI) http://cfi.org.ar/, organismo federal cuyo objetivo es promover el desarrollo armónico e integral de las provincias y regiones argentinas, orientando las inversiones hacia todos los sectores del territorio nacional.

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Representación y agencia

El contrato de agencia no está regulado en una ley específica como en España ni existe tampoco un Colegio de Agentes Comerciales.

El contrato de agencia aparece regulado por el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación (2015)

El art. 1479 del CCCN define al contrato de agencia cuando una parte denominada agente se obliga a promover negocios por cuenta de otra denominada empresario de manera estable continua e independiente, sin que medie relación laboral alguna, mediante una retribución. A su vez el agente es un intermediario independiente, no asume el riesgo de las operaciones ni representa al empresario. El contrato debe instrumentarse por escrito. Las obligaciones del agente están establecidas en el art. 1483 CCCN y puntualiza que debe velar por los intereses del empresario y actuar de buena fe, con la diligencia de un buen hombre de negocios en la conclusión de las operaciones pactadas, que debe cumplir con su cometido de conformidad con las instrucciones recibidas del empresario y trasmitir toda la información de la que disponga relativa a su gestión, que debe informar al empresario sin retraso de todos los negocios tratados y concluidos, y en particular lo relativo a la solvencia de terceros con que se proponen concluir operaciones, recibir en nombre del empresario las reclamaciones de terceros y asentar en la contabilidad en forma independiente los actos u operaciones que el agente realice para cada uno de los empresarios que asista. El art. 1486 CCCN fija la comisión variable según el volumen o el valor de los actos o contratos promovidos, estableciéndose que el derecho al cobro de las mismas será una vez concluida la operación durante la vigencia del contrato de agencia y siempre que el precio haya sido cobrado por el empresario (1487 CCCN). El CCCN en su art. 1492 establece un sucedáneo de la indemnización por despido, a través de la figura del preaviso que deberá ser de un mes por año de antigüedad y finalizar cuando culmine el mes calendario. También se establece una compensación por clientela (art. 1497 CCCN) cuando el contrato es por tiempo indeterminado, en la medida que la labor haya incrementado significativamente el giro de las operaciones del empresario.

El Nuevo Código Civil y Comercial reivindica el trabajo autónomo y por cuenta propia y avanza sobre muchos de los institutos del derecho del trabajo, comprometiendo estatutos especiales como el de viajantes de comercio.

Así, el art. 1251 del CCCN establece que existe un contrato de obra o de servicios cuando una persona, según el caso el contratista o el prestador de servicios, actuando independientemente, se obliga a favor de otra, llamada comitente a realizar una obra material o intelectual o a proveer un servicio a cambio de una retribución. A continuación el art. 1252 del CCCN aclara que los servicios prestados en relación de dependencia se rigen por las normas del derecho laboral, como para enfatizar que los reglados por estas normas son servicios u obras brindados en forma autónoma e independiente.

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Formación de "joint-ventures". Socios locales

La utilización de joint ventures en Argentina se ha vuelto cada vez más frecuente en los últimos años, ya que este tipo de alianzas estratégicas permite compartir costes y riesgos. Son más comunes en aquellos negocios en los que se requiere una gran inversión inicial. A menudo, empresas argentinas aportan el know-how y buscan un aliado extranjero que aporte el capital. En algún supuesto, la constitución de una joint venture es requisito imprescindible para que una empresa extranjera pueda operar. Por ejemplo, en materia de contratación pública de servicios de ingeniería y consultoría (artículo 8 del Decreto Nº 2.930/70, reglamentario de la Ley Nº 18.875)

Están contemplados como "contratos asociativos" en el Código Civil y Comercial de la Nación (CCCN). La ley 26.994 traslada al nuevo CCCN (arts.1442 a 1447) a los contratos asociativos que estaban en la Ley General de Sociedades (LGS) y en la ley 26.005. Entre las figuras contempladas en la norma están las “agrupaciones de colaboración”, “uniones transitorias” y “consorcios de cooperación”. Las características comunes son: tener por objeto la colaboración, la organización o la participación, tener “comunidad de fín” entre sus miembros, no reconocimiento de personalidad ni de naturaleza societaria, libertad de formas, plenos efectos entre las partes. Deben inscribirse en el Registro Público, aunque si no lo hacen, siguen teniendo efectos entre las partes.


- AGRUPACIONES DE COLABORACIÓN
Estos contratos crean una organización común entre varios sujetos, sean personas humanas o personas jurídicas, con la finalidad de “facilitar o desarrollar determinadas fases de la actividad de sus miembros, o de perfeccionar o incrementar el resultado de tales actividades (art. 1453). La Agrupación no puede perseguir fin de lucro ni dirigir las actividades de sus miembros debiendo recaer las “ventajas económicas” directamente en el patrimonio de los participantes (art. 1454). El objeto es reducir costos o maximizar beneficios para sus miembros. La Agrupación, según el art..1455 inc. L debe llevar los “libros habilitados a nombre de la agrupación” disponiendo que deben ser “los que requieran la naturaleza e importancia de la actividad común” y debe confeccionar “estados de situación” de los que deriven beneficios o pérdidas (art.1460).


- UNIONES TRANSITORIAS
Es un contrato para el desarrollo o ejecución de “obras, servicios o suministros concretos” (art.1463) que constituye traspolación de la figura de la UTE del art. 377 de la LGS. Constituye la figura local del “joint venture” contractual con un objeto determinado. Se trata de un ente con actividad externa frente a terceros, donde los miembros realizan prestaciones y reciben un resultado que puede implicar beneficios o pérdidas diferenciadas para cada partícipe. El art. 1464 inc. L exige libros habilitados “a nombre” de la unión transitoria disponiendo que deben ser “los que requieran la naturaleza e importancia de la actividad común”.


- CONSORCIO DE COOPERACIÓN
Es un contrato cuyo objeto es “una organización común para facilitar, desarrollar, incrementar o concretar operaciones relacionadas con la actividad económica de sus miembros a fin de mejorar o acrecentar sus resultados” (art.1471). No puede dirigir la actividad de sus miembros y los resultados que genera el consorcio se distribuyen entre ellos en la proporción correspondiente. A diferencia de la “Agrupación de colaboración” tiene fin de lucro y desarrolla actividad “externa” con resultados a repartir. Sus movimientos deben constar en “libros contables llevados con las formalidades establecidas por las leyes “ (art. 1475).

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Tipos de sociedades

La constitución, funcionamiento y liquidación de las sociedades comerciales están sustancialmente regulados por la Ley General de Sociedades y por el Código Civil y Comercial de la Nación

http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/235000-239999/235975/texact.htm#3
Código Civil y Comercial de la Nación
http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/25000-29999/25553/texact.htm
Ley General de Sociedades

La ley 26.994 sanciona al nuevo Código Civil y Comercial de la Nación (CCCN), deroga el viejo Código de Comercio argentino y reforma la Ley de Sociedades, la ley 19.550, que se denomina ahora “Ley General de Sociedades” (LGS), con vigencia a partir del 1 de agosto de 2015.

Conforme a la reforma de la LGS, las sociedades pueden agruparse en dos grandes categorías. En primer lugar, una categoría de sociedades “regulares” que son las inscritas en el Registro Público (de Comercio) y que están tipificadas por la ley: colectiva, comandita simple, capital e industria, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad anónima y sociedad en comandita por acciones. En esta categoría también deben incluirse las sociedades “constituidas en el extranjero” de los arts. 118 y 123 de la ley (las personas jurídicas privadas constituidas en el extranjero se rigen por las normas de sociedades constituidas en el extranjero de la ley general de sociedades, dice el art. 150 in fine del CCCN), en la medida en que estén inscritas. Todas estas sociedades “regulares” están inscritas y tienen la obligación de llevar contabilidad.

Como segunda categoría, aparecen en el nuevo texto legal las sociedades “de la Sección IV del Capítulo I”, sección donde antes se ubicaban a las sociedades no constituidas regularmente. En esta categoría de sociedades, que se pueden denominar sociedades “informales”, se encuentran ahora ubicadas las siguientes: a) las sociedades atípicas, las que omitan requisitos esenciales, o tengan elementos incompatibles con el tipo; b) las sociedades de hecho o las sociedades típicas pero no inscriptas; y c) las sociedades civiles constituidas oportunamente, al haber desaparecido su regulación en el nuevo Código Civil y Comercial. Estas sociedades, a pesar de su informalidad, también son “personas jurídicas privadas” y, por ende, tienen la obligación de llevar libros. Ahora bien, en este caso, su falta de inscripción impedirá la rubricación de sus libros. Sin embargo, el tema podría subsanarse acudiendo, por extensión, a la regla de la rubricación “voluntaria” . O sea que sin inscribirse (aunque sí identificándose, como en el caso de los bienes registrables), estas sociedades podrían acudir a la contabilidad regular. Lo más importante es que la no inscripción no crea “irregularidad” sino que reconduce al régimen de las sociedades informales, con obligatoriedad entre otorgantes y oponibilidad a terceros que conozcan los estatutos.

Los tipos más comunes de sociedades "regulares" son las Sociedades Anónimas, Sociedades de Responsabilidad Limitada y las sucursales de sociedades extranjeras.  

  Sociedad Anónima S.A. Sociedad de Responsabilidad Limitada S.R.L
¿Cómo se divide el capital? Acciones Cuotas sociales
¿Cuántos socios? 1  o más. Sin límite máximo. Como mínimo 2 y no más de 50.
¿Qué formalidades son necesarias? Requiere escritura pública e inscripción en el Registro Público de Comercio No es necesaria escritura pública y puede instrumentarse en documento privado con firmas legitimadas (certificadas) notarialmente. Requiere inscripción en el Registro Público de Comercio
¿Qué responsabilidad patrimonial tiene cada uno de los socios? Limitada a la integración de las acciones suscritas Limitada a la integración de las cuotas que suscriban o adquieran.
¿Qué nombre puede llevar la Sociedad? Nombre de fantasía o puede incluir el nombre de una o más personas físicas. Debe incluir la expresión "Sociedad Anónima", su abreviatura o la sigla SA. Nombre de fantasía o puede incluir el nombre de uno o más socios y debe contener la expresión "Sociedad de Responsabilidad Limitada", su abreviatura o la sigla SRL.
¿Cuál es el capital mínimo y en qué momento hay que realizar aportes?

El capital mínimo es de $100.000 y tiene que ser razonable teniendo en cuenta las actividades que desarrollará la sociedad. Si se trata de aportes dinerarios, debe desembolsarse al menos el 25% en el momento de la celebración del contrato constitutivo y el 75% restante en el plazo de los dos años siguientes. Si se trata de aportes no dinerarios, debe hacerse en el momento de la celebración del contrato constitutivo. En la Sociedad Anónima Unipersonal el capital deberá ser integrado en su totalidad.

Opcionalmente, la acreditación del desembolso de los aportes dinerarios también se tendrá por satisfecha mediante la manifestación expresa en la escritura pública de constitución de la sociedad, del escribano público, de que ante él los accionistas hacen entrega de los fondos correspondientes a los administradores nombrados en ese mismo acto.

No se establece un capital mínimo, no obstante este tiene que ser razonable teniendo en cuenta las actividades que desarrollará la sociedad. Si se trata de aportes dinerarios, debe desembolsarse al menos el 25% en el momento de la celebración del contrato constitutivo y el 75% restante en el plazo de los dos años siguientes. Si se trata de aportes no dinerarios, debe hacerse en el momento de la celebración del contrato constitutivo.

Opcionalmente, la acreditación del desembolso de los aportes dinerarios también se tendrá por satisfecha mediante la manifestación expresa en la escritura pública de constitución de la sociedad, del escribano público, de que ante él los accionistas hacen entrega de los fondos correspondientes a los administradores nombrados en ese mismo acto
¿cómo se justifican los aportes en especie? Con un inventario suscripto por contador público o abogado que ejerza la sindicatura y la firma de los socios fundadores. Deberá justificarse la valuación asignada por el valor de plaza, cuando se trate de bienes con valor corriente ó por informe pericial, en cuyo caso el perito deberá ser matriculado con título universitario habilitantes en la especialidad que corresponda a los bienes de que se trate. Con un inventario suscrito por contador público y la firma de los socios fundadores. Deberá justificarse el valor conforme a los antecedentes indicados en el contrato de constitución
¿Los socios garantizan sus aportes? Los Socios deben integrar la totalidad de los aportes dentro de los 2 años de comprometidos, producida su mora automáticamente se suspende el ejercicio de todos los derechos sociales inherentes a sus acciones. El Estatuto también podrá prever sanciones por la mora. Los socios garantizan solidaria e ilimitadamente a los terceros por los casos de falta de integración o sobrevaluación de los aportes. Los terceros pueden hacer valer esta garantía en los casos de insuficiencia patrimonial por las obligaciones sociales o en caso de insolvencia o quiebra de la Sociedad.
¿Se puede ceder libremente las participaciones en la sociedad? La transmisión de las acciones es libre. El estatuto puede limitar la transmisibilidad de las acciones pero no prohibirla. Las cuotas son libremente transmisibles, salvo disposición contraria en el contrato, quien puede limitarla pero no prohibirla.
¿Quién debe ejercer la dirección y administración de la sociedad? El Directorio - Compuesto por uno o más directores designados por la asamblea de accionistas. La representación corresponde al Presidente del Directorio. Los directores responden ilimitada y solidariamente hacia la sociedad, los accionistas y los terceros, por el mal desempeño de su cargo, así como por la violación de la ley, el estatuto o el reglamento y por cualquier otro daño producido por dolo, abuso de facultades o culpa grave. La decisión de la asamblea y la designación de las personas que han de desempeñar las funciones deben ser inscriptas el Registro Público de Comercio como requisito para la atribución de responsabilidades.  La Gerencia - Formada por uno o más gerentes, socios o no. Tienen los mismos derechos, obligaciones, prohibiciones e incompatibilidades que los directores de la sociedad anónima Los gerentes serán responsables individual o solidariamente, según la organización de la gerencia y la reglamentación de su funcionamiento establecidas en el contrato
¿Se necesita tener un órgano de vigilancia, síndico o Comisión Fiscalizadora? Es optativo, excepto para aquellas empresas que se encuentren comprendidas en alguno de los supuestos contemplados en el art. 299 de la LGS, las cuales están obligadas a poseer un órgano de fiscalización privado. Es optativo, excepto para aquellas Sociedades cuyo capital alcance el importe de $ 10.000.000.-
¿Qué responsabilidad tienen los Síndicos de de la Sociedad? Son ilimitada y solidariamente responsables por el incumplimiento de las obligaciones que les impone la ley, el estatuto y el reglamento. También son responsables solidariamente con los directores por los hechos u omisiones de estos, cuando el daño no se hubiera producido si hubiera actuado de conformidad con las obligaciones de su cargo. Son ilimitada y solidariamente responsables por el incumplimiento de las obligaciones que les impone la ley, el estatuto y el reglamento. También son responsables solidariamente con los gerentes por los hechos u omisiones de estos, cuando el daño no se hubiera producido si hubiera actuado de conformidad con las obligaciones de su cargo.
¿Hay algún coste de registro? Las Sociedades Anónimas deben abonar una tasa anual de fiscalización percibida por la Inspección General de Justicia, que es la entidad a cargo del Registro Público de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires y la autoridad de supervisión de las sociedades argentinas. Dicha tasa se calcula tomando de base la cifra del capital social y, en su caso, el importe de la cuenta de ajuste de capital y es independiente al coste del arancel que debe abonarse a la Inspección General de Justicia por el inicio de cada trámite registral que se pretenda inscribir. Están exentas del pago de la tasa anual de fiscalización de la Inspección General de Justicia. No obstante, están sujetas al pago de una tasa de servicios de $ 30 por cada trámite que se presente a inscripción en IGJ (que se suma al coste del arancel que debe abonarse a la Inspección General de Justicia por el inicio de cada trámite registral que se pretenda inscribir).
¿Deben presentar los estados contables? Existe la obligación de presentar anualmente ante la Inspección General de Justicia los estados contables (cuentas anuales) junto con informe de sindicatura, cuando existe la misma. Además, informe de auditoría para aquellas sociedades cuyo capital social exceda los $ 10.000.000. No es obligatoria la presentación anual de estados contables ante la Inspección General de Justicia (salvo para las sociedades incluidas en el inciso 2 del artículo 299 de la Ley General de Sociedades– sociedades con más de $ 10.000.000 de capital social–).

 

Con la reforma de la LGS aparece la figura de Sociedad Unipersonal (SU), que no estaba tipificada (bajo el código anterior, para constituir una sociedad comercial, se necesitaban, al menos, dos socios). Solo se admite que sean unipersonales las sociedades anónimas (art.1º), no puede ser único socio otra sociedad anónima unipersonal (art.1º), la denominación debe ser “sociedad anónima unipersonal, su abreviatura o la sigla “S.A.U.” (art. 164); la integración del aporte debe ser un 100% al momento de la constitución (art.187), están sujetas a fiscalización estatal permanente (art. 299 inc.7º), lo que implica que deban tener sindicatura plural (art.284, segundo párrafo, LGS) y directorio plural en forma obligatoria (art.255, segundo párrafo, LGS). Los directores pueden ser ad honorem, pero no los síndicos.
En la práctica, esta figura se va a utilizar fundamentalmente en dos casos: una empresa extranjera que podrá ser la única socia fundadora de una sociedad local (filial) sin verse sometida a los riesgos que derivarían de la necesidad de contar con otro socio local; y para las empresas nacionales de cierta envergadura les permite establecer unidades de negocios con patrimonios y personalidad jurídica diferenciada.
En caso de unipersonalidad sobrevenida, ya no va a ser causal de disolución en ningún tipo social (arts. 94 y 94 bis.) Si se trata de sociedad en comandita simple, por acciones o de capital e industria, al convertirse en unipersonal se transforman automáticamente en S.A. Unipersonal, si no deciden otra cosa en los tres meses (art. 94 bis). Nada se dice sobre qué pasa cuando una SRL o una Sociedad Colectiva, o incluso una S.A., que no sea una SAU, quedan con un único socio, tema que deberá ser despejado por la doctrina.

Las sociedades anónimas pueden ser socias de otras sociedades anónimas, de SRL y ser parte de contratos asociativos (art.30)
Se generaliza el instituto de la reactivación societaria. El art. 100 LGS permite que cualquier causal de disolución pueda ser removida bajo las siguientes condiciones: a) decisión del órgano de gobierno; b) eliminación de la causal disolutoria; c) viabilidad económica y social de la subsistencia de la actividad de la sociedad; d) no haberse cancelado la inscripción registral; e) dejando a salvo los derechos de terceros y las responsabilidades asumidas.
Si en los estatutos no hay previsiones especiales y lo consienten todos los que deben participar del acto, se admiten las asambleas a distancia (art. 158 a).
 

Sucursales de Sociedades Extranjeras

Como alternativa a la constitución de una filial o participación en una sociedad local, las sociedades extranjeras pueden realizar las actividades comprendidas en su objeto social a través de una sucursal o cualquier otra especie de representación permanente, para lo cual deben:
1) Acreditar la existencia de la sociedad con arreglo a las leyes de su país.
2) Fijar un domicilio en el país, cumpliendo con la publicación e inscripción exigidas por esta ley para las sociedades que se constituyan en el país;
3) Justificar la decisión de crear dicha representación y designar la persona a cuyo cargo ella estará.
Si se tratare de una sucursal, se determinará además el capital que se le asigne cuando corresponda por leyes especiales.
Debe llevar una contabilidad separada y su representante contrae las mismas responsabilidades que para los administradores prevé la LGS

Trámites y costes

En el documento "Costes de Establecimiento en Argentina" disponible en la web de ICEX http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/exportadores-habituales/informacion-de-mercados/simulador-costes-de-establecimiento/index.html, se detalla información sobre tramitación y costes de constitución de sociedades en el país.

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Propiedad industrial (marcas, patentes, diseños, licencias)

Propiedad industrial

Marca

La Ley N° 22.362 establece que pueden registrarse como marcas para distinguir productos y servicios una o más palabras con o sin contenido conceptual; los dibujos; los emblemas; los monogramas; los grabados; los estampados; los sellos; las imágenes; las bandas; las combinaciones de colores aplicadas en un lugar determinado de los productos o de los envases; los envoltorios; los envases; las combinaciones de letras y de números; las letras y números por su dibujo especial; las frases publicitarias; los relieves con capacidad distintiva; y todo otro signo con tal capacidad.

No son registrables, entre otros: a) los nombres, palabras y signos que constituyan la designación habitual del producto o servicio, o b) que hayan pasado al uso general antes de su solicitud de registro; c) la forma que se dé a los productos; d) el color natural o intrínseco de los productos; e) las denominaciones de origen nacionales o extranjeras; f) las letras, palabras, nombres, distintivos, símbolos, que usen la Nación, las provincias, municipalidades y organizaciones religiosas y sanitarias, así como las naciones extranjeras y los organismos internacionales reconocidos por el gobierno argentino; g) los nombres o marcas que induzcan a error; h) las frases publicitarias que carezcan de originalidad; e i) los nombres, seudónimos o retratos de una persona sin su consentimiento o el de sus herederos hasta el cuarto grado.

La propiedad de una marca y la exclusividad de uso se obtienen con su registro. El término de duración de la marca registrada es de 10 años. Podrá ser renovada indefinidamente por períodos iguales si la misma fue utilizada, dentro de los cinco años previos a cada vencimiento, en la comercialización de un producto, en la prestación de un servicio o como parte de la designación de una actividad.

Denominación de origen

La Ley N° 25.380 otorga protección, sin límite de tiempo, a las indicaciones geográficas y denominaciones de origen utilizadas para la comercialización de productos de origen agrícola y alimentarios, en estado natural, acondicionados o procesados, los que deberán ser registrados.

Los derechos de los usuarios de la indicación geográfica y/o denominación de origen consisten en: a) derecho de uso de la indicación geográfica; b) derecho de uso de la denominación de origen para productos agrícolas y alimentarios, y del nombre que la identifica; y derecho exclusivo al uso de emblemas, distintivos, siglas, logotipos, marbetes, etc. que hayan sido autorizadas por el organismo competente; c) control y garantía de calidad especificada en la denominación de origen registrada por autoridad competente.

Nombres geográficos argentinos

La Ley N° 25.163 establece un sistema para el reconocimiento, la protección y el registro de los nombres geográficos argentinos para designar el origen de los vinos y de las bebidas espirituosas de naturaleza vínica.

Patentes

La denominada Ley de Patentes (Ley N° 24.481 aprobada por el Decreto 260/96), establece que la titularidad de un invento se acreditará con el otorgamiento de los siguientes títulos de propiedad industrial: a) patentes de invención; y b) certificados de modelo de utilidad.

Serán patentables las invenciones de productos o de procedimientos siempre que sean nuevas, entrañen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial. No son patentables las plantas; los animales; el material biológico y genético existente en la naturaleza o su réplica, en los procesos biológicos implícitos en la reproducción animal, vegetal y humana, incluidos los procesos; ni las invenciones cuya explotación comercial atenten contra el orden público, la moral, la salud o la vida de personas y animales, o que deban impedirse para preservar los vegetales y el medio ambiente.

No se consideran invenciones, entre otros, los descubrimientos, los métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutico o de diagnóstico aplicables al cuerpo humano y los relativos a animales, así como toda materia viva y sustancia preexistente en la naturaleza.

La autoridad de aplicación de este régimen es el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) quien, después de recibir una solicitud de patente, inicia una investigación de las patentes existentes, a fin de determinar la registrabilidad de la patente solicitada.

Pueden existir oposiciones dentro de los 30 días de publicada la solicitud.

La patente tiene una duración de 20 años desde la presentación de la solicitud, término que es improrrogable.

Toda nueva disposición o forma nueva obtenida o introducida en herramientas, instrumentos de trabajo, utensilios, dispositivos, equipos u otros objetos conocidos, que importen una mejor utilización en la función a que estén destinados, si son nuevos y tienen aplicación industrial, están protegidos por un certificado de modelo de utilidad por un plazo de 10 años improrrogables, contados desde la fecha de la presentación de la solicitud correspondiente.

Protección de variedades vegetales nuevas

La protección a las variedades vegetales nuevas, a través de la concesión del título de “obtentor”, está consagrada en la Ley N° 24.376 (que aprueba el Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones de Vegetales), así como en la Ley N° 20.247 y en el Decreto Reglamentario 2.183/91. La protección tiene una duración de 15 a 20 años, según la especie.

Protección a modelos y diseños industriales

Los Decretos 6.673/63 y 5.682/65 otorgan protección, mediante registro, a los modelos y diseños industriales, que son los aspectos incorporados o aplicados a un producto industrial que le confieren carácter ornamental.

Esta protección, que dura cinco años desde la fecha de la presentación del registro, es prorrogable por dos períodos consecutivos de la misma duración a solicitud del titular.

No podrán gozar de los beneficios que otorga este régimen, aquellos modelos o diseños industriales que: a) hayan sido publicados o explotados públicamente, en el país o en el extranjero, con anterioridad a la fecha del depósito, y aquellos modelos o diseños industriales exhibidos en exposiciones o ferias realizadas en Argentina o en el exterior, a condición de que el respectivo depósito se efectúe dentro del plazo de seis meses a partir de la inauguración de la exposición o feria; b) carezcan de una configuración distinta y fisonomía propia y novedosa con respecto a modelos o diseños industriales anteriores; c) cuyos elementos estén impuestos por la función que debe desempeñar el producto; d) cuando se trate de un mero cambio de colorido en modelos o diseños ya conocidos; y e) sea contrario a la moral y a las buenas costumbres.

Transferencia, cesión o licencia de tecnología o marcas

La Ley N° 22.426 regula la transferencia, cesión o licencia de tecnología o marcas por personas domiciliadas en el exterior, a favor de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas domiciliadas en el país, siempre que tales actos tengan efectos en la República Argentina.

Las operaciones de este tipo que se celebren entre una empresa local de capital extranjero y la empresa que directa o indirectamente la controle, u otra filial de esta última, serán sometidas a la aprobación del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).

La falta de aprobación no afectará la validez de los actos jurídicos correspondientes, pero las prestaciones a favor del proveedor no podrán ser deducidas a los fines impositivos como gastos por el receptor y la totalidad de los montos pagados como consecuencia de tales actos será considerada ganancia neta del proveedor.

Drogas genéricas

La Ley N° 24.766 protege la información que se presente para la aprobación de nuevas entidades químicas a la autoridad sanitaria local contra todo uso comercial desleal, no pudiendo ser la misma divulgada. En la práctica, esta ley favorece la venta de drogas genéricas, en tanto permite que se ofrezcan productos “similares”. En este sentido, a través de la Ley N° 25.649, se promueve el uso de drogas genéricas estableciendo que los médicos están obligados a prescribir genéricos, pudiendo incluir en su indicación el nombre comercial.

Convenciones internacionales

Argentina adhiere a la Convención Interamericana de Washington (1946), a la Convención sobre Propiedad Intelectual de Ginebra (1952), a la Convención de Berna (1886) y a sus siguientes enmiendas incluyendo al Convenio Unión de París.

La Ley N° 26.229 aprobó el Arreglo de Estrasburgo relativo a la Clasificación Internacional de Patentes, suscrito en Estrasburgo, Francia, el 24 de marzo de 1971. La Ley N° 26.230 aprobó el Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas de 1957.

Propiedad intelectual

Derechos de autor

La Ley N° 11.723 protege el derecho de propiedad de las obras científicas, literarias y artísticas, entendiéndose por éstas a los escritos de toda naturaleza y extensión. Entre ellos se incluyen los programas de computación fuente y objeto; las compilaciones de datos o de otros materiales; las obras dramáticas, composiciones musicales y dramáticomusicales; las cinematográficas, coreográficas y pantomímicas; las obras de dibujo, pintura, escultura, arquitectura; los modelos y obras de arte o ciencia aplicadas al comercio o a la industria; los impresos, planos y mapas; y los plásticos, fotografías, grabados y fonogramas.

El derecho de propiedad de una obra científica, literaria o artística comprende para su autor la facultad de disponer de ella, de publicarla, de ejecutarla, de representarla y de exponerla en público, de enajenarla, de traducirla, de adaptarla o de autorizar su traducción y de reproducirla en cualquier forma.

La propiedad intelectual sobre sus obras corresponde a los autores durante su vida y a sus herederos o derechohabientes hasta setenta años contados a partir del 1 de enero del año siguiente al de la muerte del autor. Para las películas, esta protección se extiende por cincuenta años desde el fallecimiento del último de los colaboradores (autor del argumento, productor y director de la película). En caso de que un autor falleciere sin dejar herederos, y se declarase vacante su herencia, los derechos que a aquél correspondiesen sobre sus obras pasarán al Estado por todo el término de la ley. La propiedad intelectual de las obras anónimas pertenecientes a instituciones, corporaciones o personas jurídicas durará cincuenta años contados desde su publicación. No se considera violación del derecho de autor cuando las obras son usadas sin fines de lucro, con un objetivo educacional o de investigación.

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Barreras de entrada para inversores españoles

Las primeras medidas del nuevo Gobierno de Mauricio Macri, en el poder desde diciembre de 2015, han ido encaminadas a eliminar restricciones en materia de control de cambios y a liberalizar los pagos al exterior y el movimiento de capitales y, más concretamente, la repatriación de dividendos y desinversiones, y los pagos por importaciones de bienes y servicios.  Además, se ha eliminado el llamado “encaje”,  la obligación de constituir un depósito no remunerado por un año de plazo por el 30% de la inversión

Sin embargo, la inseguridad jurídica y la corrupción son dos aspectos históricos de la realidad argentina, que, no obstante la decisión del nuevo gobierno de combatirlas, atentan contra la decisión de inversión de cualquier empresario extranjero. Tiene particular importancia de cara a los inversores españoles la seguridad jurídica respecto a las tarifas de servicios públicos (Gas, Autopistas...) y la resolución de los conflictos existentes para animar más inversiones.

Por otro lado, Argentina es uno de los países del mundo con mayor presión tributaria y está considerado como uno de los más complejos para hacer negocios en cuanto al grado de dificultad para cumplir con trámites burocráticos y con el marco legal y regulatorio.

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