Marco jurídico

Resumen del marco jurídico para los negocios

En el transcurso de los últimos años, México ha suprimido numerosas trabas a la inversión extranjera y ha desarrollado un marco jurídico más moderno y orientado hacia la atracción de la inversión. La actual Ley de Inversión Extranjera (LIE) entró en vigor el 28 de diciembre de 1993 y ha sufrido desde entonces bastantes modificaciones. Las últimas, en 2013 y 2014, para incorporar las reformas constitucionales aprobadas en 2013 en sectores como energía y telecomunicaciones, entre otros.  El organismo responsable de la aplicación de la LIE es la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras (CNIE).

En virtud de la LIE algunos sectores están reservados al Estado y se mantienen restricciones a la participación de la inversión extranjera en otros tal y como se recoge en el apartado Régimen de Inversiones.

Además, durante  los últimos años  se han producido algunos avances en materia legislativa que, si bien no tienen relación directa con la Ley de Inversiones Extranjeras, contribuyen a crear un marco regulatorio más sólido beneficiando a todas las empresas que desarrollan su actividad en este país. En ese sentido destacamos la aprobación en 2011 de una nueva Ley Federal de Competencia con importante mejoras como el aumento de las multas por prácticas monopolísticas y la mejora en las capacidades de inspección de la Comisión Federal de Competencia y la aprobación en diciembre de 2011 y tras dos años de análisis y discusiones de los cambios en la Ley de Asociaciones Público Privadas que pretende dar mayor seguridad jurídica a los inversores y garantizar la viabilidad de los proyectos de infraestructura que se ejecuten en el futuro. También se aprobó una reforma laboral, en noviembre de 2012, representando la primera modificación importante a Ley Federal del trabajo desde 1970 aunque, desde el punto de vista práctico, la flexibilización del mercado de trabajo introducida por la nueva Ley parece limitada. En diciembre de 2012, pocos días después de la toma de posesión, se aprobó en el Congreso la reforma a la Ley de Educación que era uno de los compromisos asumidos por el Presidente Peña.

2013 fue, además, el año de las grandes reformas estructurales en México. Así, la reforma en materia de telecomunicaciones, promulgada el  11 de junio de 2013, establece, entre otras, la creación de nuevos órganos reguladores con autonomía constitucional en telecomunicaciones y competencia: el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) y la Comisión Federal de Competencia Económica (CFCE); la creación de tribunales especializados en las áreas de telecomunicaciones y competencia económica; la apertura a la inversión extranjera de todas las áreas de telecomunicaciones con una sola excepción- radiodifusión- en la que se establece un tope del 49%; obligaciones de must carry y must offer para los operadores de televisión de pago y en abierto; la infraestructura del operador de redes dominante se pondrá a disposición de sus competidores (desagregación del bucle local) y se han sacado ya a concurso las licitaciones para dos nuevas cadenas de televisión nacional. 

La reforma financiera, por su parte, fue promulgada el 9 de enero de 2014. Contiene modificaciones a más de 30 ordenamientos jurídicos con el objetivo de favorecer el incremento del crédito en el mercado y hacerlo más barato, fortalecer y ampliar las atribuciones de la banca de desarrollo y dar mayores facultades para la Comisión Nacional Bancaria y de Valores entre otros.

La reforma  fiscal que se aprobó en noviembre de 2013. Entre los cambios, destacan la desaparición de algunos impuestos empresariales como el Impuesto Empresarial a Tasa única (IETU) y el Impuesto a los Depósitos en Efectivo (IDE); se ha homologado el IVA del 16% en todo el territorio- antes en la frontera existía un tipo reducido del 11%; se han eliminado algunos regímenes de consolidación fiscal y se han establecido algunos nuevos para permitir la incorporación de nuevos contribuyentes etc.  La reforma fiscal también incluye un seguro universal de salud; pensión generalizada; seguro de desempleo y seguro de riesgo de trabajo.

 

La reforma energética, por su parte, que incluye tanto el sector eléctrico como el petrolero e hidrocarburos,  fue aprobada en diciembre de 2013. Se han modificado los artículos 25, 17 y 28 de la Constitución mexicana vinculados al sector eléctrico y de hidrocarburos y se ha adecuado el marco jurídico relacionado con el sector para  permitir, entre otros, la participación de la iniciativa privada en el sector en base a diferentes modalidades de contratos. Se está avanzando rápidamente en la implementación de esta reforma. Ya se han producido a lo largo de 2015 las primeras licitaciones de campos para exploración y explotación de hidrocarburos ( www.ronda1.gob.mx) y en 2016 la primera subasta de energía eléctrica (www.cenace.gob.mx).  http://presidencia.gob.mx/reformaenergetica/#!reforma

La reforma política, también fue aprobada en diciembre de 2013, incluyendo, la posibilidad de reelección para Senadores y diputados (no para Presidentes y Gobernadores), de formación de gobiernos de coalición,  la consulta popular, las candidaturas independientes y las iniciativas ciudadanas, entre otros.

Otras leyes importantes aprobadas durante los primeros años de la actual administración son la Ley de Víctimas, que establece  entre otros, un fondo con presupuesto para su atención; la nueva Ley de Amparo, que después de dos años de discusiones pone este instrumento al alcance de todos los ciudadanos y de una forma más expedita, a la vez que impone algunas limitaciones para su utilización a las empresas concesionarias de servicios públicos cuando se considere que un determinado amparo afecta el interés general; el Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita; la reforma constitucional en materia de deuda (mayo de 2015) que considera la creación del sistema único nacional de registro de las obligaciones de los tres niveles de gobierno y la implementación de un sistema de alertas de adeudos obligando a los tres niveles de gobierno a inscribir y publicar el total de sus créditos y la Ley  General de Transparencia  y Acceso a la Información Pública (abril de 2015)  que garantiza al ciudadano el derecho de acceso a la información en posesión de cualquier autoridad de los tres niveles de gobierno, de los Poderes Legislativo y Judicial, de los órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, o de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba recursos públicos y sólo se reservará temporalmente información por causas de seguridad nacional, entre otros.

 

 

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Organismos de apoyo a la inversión extranjera

En México, diversas entidades públicas y privadas realizan actividades orientadas a la promoción de la inversión extranjera en este país. En el ámbito público, las principales entidades gubernamentales de promoción de la inversión extranjera son ProMéxico, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Asimismo, todos los Estados de la República, así como varias entidades municipales y ciudades, cuentan con organismos de desarrollo económico que promueven la atracción de inversión a sus respectivas regiones. A nivel estatal, las Secretarías de Desarrollo Económico de los Estados (SEDECOS), constituyen el contacto de los estados con respecto a la atracción de inversión extranjera.

La Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico[1] (AMSDE) es el organismo encargado de coordinar las acciones de las diferentes Secretarías de Desarrollo Económico.

Por lo que respecta a la iniciativa privada, todas las Cámaras de Comercio y de Industria federales, estatales y locales realizan labores de promoción de la inversión extranjera. También existen ciertas asociaciones especializadas en la promoción de la inversión extranjera, como la Asociación Mexicana de Parques Industriales[2] (AMPIP), que agrupa a los principales parques industriales del país.

A continuación se describen los principales organismos que realizan labores de atracción de inversión extranjera a nivel federal:

 1.1. PROMÉXICO

Es la entidad del Gobierno Federal mexicano encargada de la promoción del comercio exterior y la atracción de la inversión extranjera directa. A través de ProMéxico se coordinan los esfuerzos de los Gobiernos Federal y Estatales, así como las entidades del sector privado relacionadas con estas actividades, con el fin de alinear programas, estrategias y recursos hacia objetivos y prioridades comunes como es apoyar la internacionalización de la economía mexicana.

ProMéxico cuenta con una amplia red de oficinas en el exterior que, coordinadas con la red internacional de representaciones de México, son el punto de contacto de inversores e importadores de productos mexicanos en el mundo. Además, a través de sus representaciones en México, conjuntamente con gobiernos estatales y otras entidades del sector público, atiende a las empresas que desean iniciarse en la exportación o consolidar su presencia en el mercado internacional.

A través de la página web de ProMéxico[3] puede accederse a una sección especialmente dirigida al inversor extranjero –Pasos para invertir en México[4] que ofrece información de utilidad sobre el mercado y un elenco de servicios y apoyos para el inversor. Dentro de esta sección se encuentran a su vez los siguientes epígrafes:

 

1.1.1 Información para invertir en México

  • Mapa de inversión en México[5] que expone de manera clara las ventajas de invertir en México, así como información sobre la infraestructura y base productiva que ofrece México en un gran número de sectores económicos[6]. Su base de datos, con información a nivel estatal, resulta de gran relevancia para las empresas que están evaluando la mejor alternativa de ubicación en territorio mexicano. Se puede encontrar además una sección de Estadísticas Estatales[7], que proporciona información acerca de la población y fuerza laboral, infraestructura, economía, costos industriales, índices de competitividad y productividad e incentivos a la inversión. También tiene gran interés el mapa de Perfiles por entidad[8] que contiene fichas informativas sobre cada uno de los Estados de México.
  • Mapas de ruta: Estudios sobre las perspectivas y acciones a llevar a cabo en sectores determinados como la industria aeroespacial o el diseño, ingeniería y manufactura avanzada.
  • Sectores estratégicos: Notas sobre las principales industrias estratégicas de México para conocer su comportamiento en los últimos años y las tendencias que se prevén para cada una de ellas.
  • Tratados Comerciales: Red de Tratados de Libre Comercio (TLCs), Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRIs) y acuerdos de comercio (Acuerdos de Complementación Económica y Acuerdos de Alcance Parcial) en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), firmados por México.
  • Parques industriales: una herramienta de búsqueda de parques industriales conforme a diferentes variables, en paralelo al mapa de inversión, y que es igualmente proporcionada por la AMPIP[9].
  • Documentos de interés y análisis: Cajón de sastre de documentos elaborados por diversas instituciones como las secretarías del gobierno o consultoras externas que contienen información de gran interés.

1.1.2 Servicios y apoyos para el inversor[10]

El organismo mexicano ofrece una serie de servicios y apoyos destinados a facilitar a los inversores extranjeros sus operaciones en México. Entre los servicios ofrecidos se encuentran:

-      Agenda de negocios

-      Asesoría especializada en México

-      Feria con pabellón nacional

-      Publicidad en medios

-      Reportes estandarizados de mercado

-      Otros

Se puede encontrar un breve resumen de todos estos servicios y de los apoyos ofrecidos por ProMéxico en el siguiente documento:

http://www.promexico.gob.mx/documentos/infograficos/Apoyos-Servicios-ProMexico.pdf

 También se puede consultar más información acerca de los servicios al inversor en las distintas oficinas de ProMéxico en el extranjero, incluida España: www.promexico.gob.mx/es/mx/orex

1.2. SECRETARÍA DE ECONOMÍA. DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN EXTRANJERA (DGIE)[11]

La Dirección General de Inversión Extranjera (DGIE) es la Unidad Administrativa de la Secretaría de Economía encargada, entre otras cosas, de emitir resoluciones administrativas bajo la Ley de Inversión Extranjera; administrar y operar el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras (RNIE); elaborar y publicar estadísticas sobre el comportamiento de la IED en el territorio nacional; fungir como Secretaría Técnica de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras; representar a México ante los foros internacionales de inversión; coadyuvar en la promoción y atracción de inversiones; difundir información y estudios sobre el clima de inversión en el país e instrumentar lineamientos de política pública en materia de IED.

1.3. SECRETARÍAS DE DESARROLLO ECONÓMICO

Como se comentaba anteriormente, todos los Estados de la República cuentan con organismos de desarrollo económico que promueven la atracción de inversión a sus respectivas regiones. Aun contando con diferencias en sus líneas de apoyo y organización, todos estos organismos vienen coordinados por la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico (AMSDE) en cuyo portal se pueden consultar los datos de contacto de cada una de estas secretarias para obtener información individualizada de los apoyos a la inversión en cada región:  http://www.amsde.mx/category/directorio/

1.4. NACIONAL FINANCIERA (NAFIN)

Es una Institución de Banca de Desarrollo cuya función es promover el ahorro y la inversión, canalizar los apoyos financieros con el fin de fomentar el desarrollo integral del sector industrial y promover su eficiencia y competitividad y, en general, el desarrollo económico nacional y regional del país[12].

Su principal estrategia es promover el acceso de las MIPYMES (Micro, Pequeña y Mediana Empresa) a los servicios financieros; impulsar el desarrollo de proyectos sustentables y estratégicos para el país; promover el desarrollo del mercado de valores y fungir como Agente Financiero del Gobierno Federal, con el fin de contribuir al crecimiento regional y a la creación de empleos.

Sus principales productos y servicios son:

  • Programa de Compras del Gobierno Federal: Servicios de financiamiento, capacitación, asistencia técnica e información sobre cómo venderle al gobierno y sobre oportunidades de ventas al gobierno.
  • Programa Crédito PYME: Crédito que representa una opción de financiamiento viable y de fácil acceso para la pequeña y mediana empresa, que puede ser utilizado para capital de trabajo o para adquirir activo fijo.
  • Programas Empresariales[13]: Programas especializados para el apoyo, desarrollo y crecimiento de las empresas, entre los que se encuentran:

ð Capital de riesgo a través del Fondo de Fondos: Aportaciones de capital a través del Fondo de Fondos y de fondos de capital privado, para consolidar pequeñas y medianas empresas. Además, brinda asesoría de expertos financieros que contribuyen directamente a desarrollar el potencial de dichas empresas.

ð Programa Microcrédito: programa de financiamiento mediante líneas de crédito, que permita a los intermediarios financieros incrementar su cobertura geográfica, productos y servicios al segmento microempresarial de México. Intermediarios elegibles: banca comercial, intermediarios financieros no bancarios, microfinancieras y empresas de primer orden.

ð Programa de Garantías: programa para impulsar el crédito a las empresas dando garantía de recuperación de capital a los intermediarios financieros. Al estar respaldado el financiamiento otorgado, es más fácil para las empresas tener acceso a un crédito.

ð Programa Al-Invest 5.0.: programa integral cofinanciado por la Comisión Europea y Nacional Financiera. Apoya a las PYMES de México, Centroamérica y Cuba para elevar su competitividad, tanto a nivel de gestión empresarial como en el desarrollo de mejoras en sus productos, para favorecer su internacionalización con servicios acordes a sus necesidades, a la vez que la empresa aprovecha el know-how, experiencia y contactos con empresas europeas.

 ð Financiamiento a la Industria de la Construcción: Programa que ofrece apoyo financiero a empresas constructoras, mediante líneas de crédito, destinadas para apoyo a capital de trabajo y financiamiento de activos fijos.

ð Programa de Apoyo a Proyectos Sustentables: Es un producto que brinda apoyo financiero a largo plazo a empresas que promuevan proyectos orientados al uso y conservación sostenible de los recursos naturales, a fin de disminuir la contaminación de la atmósfera, aire, agua y fomento del ahorro y uso eficiente de energía.

ð Proyectos Públicos Privados: Programa de financiamiento para entidades del Sector Público que ofrece apoyo en proyectos prioritarios para el desarrollo del país

ð Programa de apoyo a empresas Desarrolladoras de Software: Programa de financiamiento para apoyar a las empresas desarrolladoras de software y servicios relacionados.

  •  Cadenas Productivas: Distintas alternativas para optimizar la gestión de los cobros y obtención de liquidez, mediante el descuento de efectos comerciales y factoring.
  • Capacitación Empresarial: la entidad ofrece cursos presenciales sobre distintos aspectos del mundo empresarial y herramientas informáticas como aplicaciones web para evaluar proyectos o simular opciones de financiación[14].

1.5 BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR.BANCOMEXT otorga financiación para atender los requerimientos tanto de corto como de medio y largo plazo de las empresas participantes en el comercio exterior mexicano, incluyendo a exportadoras y sus proveedores, importadoras, empresas que sustituyen importaciones y generadoras de divisas. Entre los servicios que ofrece destacan[15]:

  • Financiación mediante créditos para equipamiento, proyectos de inversión, inventarios, etc.
  • Apoyo financiero a través de intermediarios dirigido a Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras (Crédito PyMEX)
  • Avales y Garantías
  • Cartas de Crédito
  • Factoraje
  • Fondos de inversión de capital de riesgo
  • Financiación para proyectos sostenibles de medio ambiente
  • Otros servicios fiduciarios

Con una cartera de crédito total de más de 159.000 millones de peso, BANCOMEXT también está estudiando el lanzamiento de un esquema de capacitación y asistencia técnica en línea que, en una primera fase, abordará los temas de factoraje internacional y de cartas de crédito para potenciar a las PYMEs en las cadenas de suministro de las grandes firmas exportadoras.

1.6. BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS (banobras). Institución de banca de desarrollo, con participación Estatal mayoritaria, que cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propios[16].

Su objeto es financiar o refinanciar proyectos de inversión pública o privada en infraestructura y servicios públicos, así como coadyuvar al fortalecimiento institucional de los gobiernos Federal, estatales, municipales y del Distrito Federal.

Actualmente dirige todos sus esfuerzos a fortalecer la inversión en Infraestructura social básica, al poner a disposición de los gobiernos locales instrumentos de financiación para la atención de necesidades básicas de la población; e infraestructura para la competitividad y el desarrollo, que busca un crecimiento económico sostenible.

En su carácter de banca de desarrollo y con el propósito de contribuir al crecimiento sostenible del país, BANOBRAS apoya a los Estados y municipios financiando o refinanciando proyectos de inversión pública o privada en infraestructura y servicios públicos. Lo hace a través de programas como el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)[17].

Además BANOBRAS apoya a empresas del sector privado que desarrollan proyectos relacionados con servicios públicos e infraestructura mediante la asociación público-privada[18]. En este sentido, BANOBRAS cuenta con una oferta que permite adaptar la financiación a las condiciones y características específicas de cada proyecto:

  • Créditos
  • Programa de liquidez a contratistas
  • Estructuración de proyectos
  • Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN)[19]: destinado a entidades del sector público y privado con proyectos de infraestructuras con rentabilidad social y/o baja rentabilidad económica, bajo la modalidad de apoyos recuperables y no recuperables.

 1.7. INSTITUTO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR (INADEM). [20]El INADEM es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Economía, que tiene por objetivo instrumentar, ejecutar y coordinar la política nacional de apoyo a emprendedores y a las micro, pequeñas y medianas empresas de acuerdo con los siguientes objetivos:

-      Apoyar la inserción exitosa de la MIPYMES

-      Detonar proyectos productivos

-      Fortalecer el ecosistema de financiamiento

-      Inculcar una nueva cultura nacional emprendedora y empresarial

INADEM cuenta con la Red de Apoyo al Emprendedor, compuesta por programas del Gobierno de la República y Gobiernos Estatales con servicios públicos y privados y permite multiplicar los impactos a través de los diversos apoyos que ofrece por medio de los diferentes actores que la integran.

Uno de los mecanismos más interesantes para las empresas extranjeras es el mecanismo de Fomento a la Adquisición de Micro-franquicias, cuya convocatoria y requisitos se pueden consultar en el siguiente enlace: https://tutoriales.inadem.gob.mx/convocatoria4.php?id=148.



 

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Cuadro de organismos de apoyo a la inversión extranjera

 

ProMéxico

DATOS DE CONTACTO

 

 

Oficinas

Centrales

Dirección: Camino Santa Teresa Nº 1679

Colonia  Jardines  del  Pedregal,  Delegación  Álvaro  Obregón. 

01900,México D.F., México

Tel: (0052) 55 5447 7000

E-mail: promexico@promexico.gob.mx 

Web: www.promexico.gob.mx 

 

 

 

Oficina de

Negocios

en España

Representante de Negocios:

Ximena Caraza Campos

Dirección: Carrera San Jerónimo No. 46, 2º Piso

28014, Madrid

Tel: 91 420 20 17

Fax: 91 420 27 36

E-mail: ximena.caraza@promexico.gob.mx

 

Listado de Oficinas de representación en el exterior (OREX):

www.promexico.gob.mx/swb/promexico/OREX

Otras oficinas

en México

La entidad posee oficinas de representación en otros estados de la República. Listado de las Oficinas en México (OMEX):

www.promexico.gob.mx/swb/promexico/OMEX

 

SECRETARÍA DE ECONOMÍA. DGIE

DATOS DE CONTACTO

 

Oficinas

Centrales

Dirección: Alfonso Reyes No.30

Col. Hipódromo Condesa C.P. 06140

Tel: (0052) 01 800  08 32 666/  (0052) 55- 5729.91.00

Web: www.gob.mx/se          www.economia.gob.mx 

 

NAFIN

DATOS DE CONTACTO

 

Oficinas

Centrales

Dirección: Avenida Insurgentes Sur 1971

Colonia Guadalupe Inn, 01020, México, D.F., México

Tel: (0052) 01 800 623 4672

E-mail: info@nafin.gob.mx

Web: www.nafin.com

 

BANCOMEXT

DATOS DE CONTACTO

 

Oficinas

Centrales

Dirección: Periférico Sur 4333, Colonia Jardines en la Montaña, Delegación Tlalpan, Código Postal 14210, México, D.F.

Tel: (0052) (55) 5449 9000

E-mail: bancomext@bancomext.gob.mx

Web: www.bancomext.com

 

BANOBRAS

DATOS DE CONTACTO

 

Oficinas

Centrales

Dirección: Av. Javier Barros Sierra no. 515, Colonia Lomas de Santa Fe, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01219, México, D.F.

Tel: (0052) (55) 52701200

E-mail: contacto.banobras@banobras.gob.mx

Web: www.banobras.gob.mx

 

INADEM

DATOS DE CONTACTO

 

Oficinas

Centrales

Dirección: Insurgentes Sur 1940, Col. Florida CP 01030, Delegación Alvaro Obregón, México, D.F.

Tel:  (0052) (55) 5229.6100   

Web: www.inadem.gob.mx

 

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Detalle del APPRI con España

 Actualmente, México tiene celebrados 31 Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI), entre los que se encuentra el suscrito entre España y México, cuyo nuevo Acuerdo entró en vigor el 3 de abril de 2008. El anteior Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI), suscrito en junio de 1995 y que entró en  vigor el 18 de diciembre de 1996, fue sustituido por este nuevo APPRI, firmado en México en  octubre de 2006 y en en vigor desde el 3 de abril de 2008.

El APPRI contiene obligaciones y garantías destinadas a proteger las inversiones realizadas por los inversores de  cada uno de los Estados Contratantes en el territorio del otro Estado Contratante. Las disposiciones incluidas en el APPRI refuerzan las medidas de protección de la inversión que se contemplan en el marco jurídico del país receptor.

En el APPRI entre el Reino de España  y los Estados Unidos Mexicanos, al igual que en todos los APPRI suscritos por España, la cobertura de protección se aplica a la fase del post-establecimiento de la inversión, una vez que la misma se ha realizado de conformidad con la legislación del país receptor. Este Acuerdo, junto con otras medidas de índole financiero y fiscal, como el Convenio para Evitar la Doble Imposición (CDI), es un eficaz instrumento en el contexto de los planes de apoyo a la internacionalización de la empresa española. El CDI entre España y México se firmó el 24 de julio de 1992 y entró en vigor el 6 de octubre de 1994, siendo 1995 el primer ejercicio fiscal al que se aplicó tiene por objeto evitar la aplicación en ambos estados de los impuestos sobre la renta y el patrimonio, estableciendo un mecanismo de eliminación de la posible doble imposición. En marzo de 2015 se ha firmado el protocolo que modifica el convenio para adaptarlo a los modelos de la OCDE, incorporando una nueva redacción a algunos artículos.Para más información: http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/NormativaDoctrina/Tributaria/CDI/BOE_Mejico.pdf

A continuación se destacan algunos de los elementos contenidos en el APPRI España-México:

Definidos el ámbito de aplicación material (definición de inversión) y personal (definición de inversor), el APPRI recoge los estándares obligatorios de tratamiento y protección que ambos Estados deberán cumplir respecto a las inversiones realizadas en su territorio por los inversores del otro Estado. Entre otras disposiciones, incluye:

  • trato de conformidad con el derecho internacional consuetudinario, incluido un trato justo y equitativo y plena protección y seguridad.
  • no discriminación: tratamiento nacional (TN) y de nación más favorecida (NMF): la inversión española recibirá un trato no menos favorable que la del inversor local o que la de los inversores de un tercer país, con la excepción de los privilegios concedidos a terceros a través de procesos de integración económica regional, de los convenios para evitar la doble imposición y de la legislación fiscal interna,
  • las medidas de expropiación, nacionalización u otras, cuyos efectos sean similares a la expropiación, sólo podrán adoptarse de manera no discriminatoria, por razones de interés público y mediante el pago, sin demora, de una indemnización equivalente al valor justo de mercado que tuviera la inversión antes de la fecha de expropiación.
  • TN y NMF respecto a cualesquiera compensaciones por pérdidas en la inversión debidas a guerra, revolución o conflictos similares.
  • derecho a la libre transferencia del capital, beneficios y de otros pagos relacionados con la inversión, con la excepción de restricciones no discriminatorias establecidas de manera equitativa y de buena fe, en caso de dificultades en la balanza de pagos del Estado receptor de la inversión y en caso de quiebra, insolvencia, infracciones penales o cumplimiento de fallos en procedimientos contenciosos.
  • mecanismos para resolver, mediante arbitraje internacional, las posibles controversias que pudieran surgir:

- entre los dos Estados Parte en un APPRI sobre la interpretación o aplicación del Acuerdo y

-entre el inversor y el Estado receptor de la inversión respecto al incumplimiento por parte de este último de las obligaciones contenidas en el Acuerdo.

Destaca, en este Acuerdo, el detalle con que se han desarrollado las disposiciones relativas a la solución de controversias entre una Parte Contratante y los inversores de la otra Parte Contratante. A diferencia de los otros APPRI españoles, éste dedica un único y extenso capítulo (capítulo III) a la  solución de controversias entre inversor y Estado. Redactado a la vista de la práctica arbitral internacional en materia de inversiones y del desarrollo de esta área en los últimos años, se ha logrado dar una mayor fundamentación, precisión y certeza jurídica a estas disposiciones.

Este acuerdo, al igual que otros APPRIs firmados por España, ofrece al inversor varias opciones de arbitraje internacional:

- la ad hoc, de conformidad con las Reglas de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) (http://www.uncitral.org) o cualesquiera otras reglas de arbitraje si así lo acordaran las partes contendientes y

- la institucional, siendo dos las posibles modalidades arbitrales incluidas: el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones con sede en Washington (CIADI) (http://www.worldbank.org/icsid) si los dos Partes Contratantes en el APPRI, en este caso España y México, fueran Estados parte en el Convenio de CIADI. A fecha de hoy, México no se ha adherido al Convenio de Washington de 1965. No obstante, el inversor puede recurrir a las Reglas del Mecanismo Complementario de CIADI que son de aplicación a aquellos arbitrajes en los que sólo una de las Partes Contratantes en el APPRI, pero no ambas, sea Estado parte en el Convenio de CIADI.

Además, El Acuerdo con México resuelve el problema que se puede derivar de que dos inversionistas de una misma empresa presenten, uno, una reclamación en nombre de la misma empresa por ejercer el control y otro sin ejercer el control presente, de forma paralela, otra reclamación por la misma violación, permitiendo acumular ambos procedimientos. Este mecanismo también disponible cuando se sometan a arbitraje dos o más reclamaciones que planteen comunes cuestiones de hecho y de derecho.

A partir de la fecha de entrada en vigor (3 de abril de 2008), el APPRI entre España y México se mantendrá vigente por un período inicial de diez años y, transcurrido ese periodo, se prorrogará  indefinidamente a menos que alguna de las Partes Contratantes lo denuncie con un preaviso de doce meses. Al igual que todos los APPRI, contiene “cláusula de remanencia” por la que, durante los diez años posteriores a la denuncia del Acuerdo, sus disposiciones continuarán aplicándose a las inversiones que se hayan efectuado antes de la denuncia.

http://www.comercio.es/acuerdos

http://www.comercio.es/es-ES/inversiones-exteriores/acuerdos-internacionales/acuerdos-promocion-proteccion-reciproca-inversiones-appris/PDF/lista-appri-vigor/MEXICO.pdf

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Otros incentivos a la inversión

Las Secretarías de Desarrollo Económico –o su equivalente, según el Estado— son las dependencias gubernamentales de cada uno de los Estados que componen la República encargadas de coordinar, impulsar y fomentar el desarrollo económico del Estado y de su promoción en el ámbito regional, nacional e internacional. En sus páginas web ofrecen información de utilidad y estadísticas sobre el mercado además de un elenco de programas y organismos de apoyo a la inversión. No obstante, se recomienda al inversor contactar con la Secretaría del Estado correspondiente para presentar su proyecto y tratar las condiciones de su implantación.

Asociación Mexicana de Secretarías de Desarrollo Económico

http://amsde.mx/

ProMexico- Gobiernos Estatales

http://mim.promexico.gob.mx/wb/mim/gobiernos_estatales

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Zonas francas y ZEE

En México no hay como tal “zonas francas” aunque el régimen que más se asemeja a una zona franca es el  “Recinto Fiscalizado Estratégico”  (REFIE) que tiene su fundamento en los artículos 14-D, 135-A, 135-B, 135-C, 135-D y 144-A de la Ley Aduanera.

El “Recinto Fiscalizado Estratégico” permite la introducción por tiempo limitado de mercancías extranjeras, nacionales o nacionalizadas, para ser objeto de manejo, almacenaje, custodia, exhibición, venta, distribución, elaboración, transformación o reparación en las siguientes condiciones:

  • No pagarán los impuestos al comercio exterior ni las cuotas compensatorias, salvo tratándose de mercancías extranjeras, en los casos previstos en el artículo 63-A de la Ley Aduanera.
  • No estarán sujetas al cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias o normas oficiales mexicanas, excepto las expedidas en materia de sanidad animal y vegetal, salud pública, medio ambiente y seguridad nacional.
  • Las mermas resultantes de los procesos de elaboración, transformación o reparación no causarán contribución alguna ni cuotas compensatorias.
  • Los desperdicios no retornados no causarán contribuciones, siempre que se demuestre que han sido destruidos cumpliendo con las disposiciones de control que para tales efectos establezca el SAT mediante reglas, determinando las contribuciones y cuotas compensatorias que correspondan.

Las mercancías extranjeras que se introduzcan a este régimen pueden permanecer en los recintos fiscalizados estratégicos por un tiempo limitado de hasta dos años, salvo en los siguientes casos, en los que el plazo será no mayor al previsto en la Ley del Impuesto sobre la Renta para su depreciación:

a)      Maquinaria, equipo, herramientas, instrumentos, moldes y refacciones destinados al proceso productivo;

b)      Equipos y aparatos para el control de la contaminación; para la investigación o capacitación, de seguridad industrial, de telecomunicación y cómputo, de laboratorio, de medición, de prueba de productos y control de calidad; así como aquellos que intervengan en el manejo de materiales relacionados directamente con los bienes objeto de elaboración, transformación o reparación y otros vinculados con el proceso productivo.

c)      Equipos para el desarrollo administrativo.

Las mercancías que se introduzcan bajo este régimen pueden retirarse de dicho recinto para:

-          Importarse definitivamente, si son de procedencia extranjera.

-          Exportarse definitivamente, si son de procedencia nacional.
 

-          Retornarse al extranjero las de esa procedencia o reincorporarse al mercado las de origen nacional, cuando los beneficiarios se desistan de este régimen.

-          Importarse temporalmente por empresas con programa IMMEX.

-          Destinarse al régimen de depósito fiscal.

Durante el plazo de vigencia del régimen, las mercancías podrán retirarse para su importación cumpliendo con las disposiciones que determine el Servicio de Administración Tributaria.

Las mercancías sujetas a este régimen se podrán transferir de un inmueble ubicado dentro del recinto fiscalizado a otro ubicado dentro del mismo recinto, o a otro recinto fiscalizado habilitado en los términos del artículo 14-D de la Ley Aduanera, siempre que se cumplan con las formalidades que para tales efectos establezca el Servicio de Administración Tributaria.

Los productos resultantes de los procesos de elaboración, transformación o reparación que retornen al extranjero darán lugar al pago del impuesto general de exportación.

En cualquier caso son pocos los Recintos Fiscalizados Estratégicos que funcionan en México y no tienen mucha actividad.

Se puede consultar información adicional, así como un mapa con los REFIE actuales en los siguientes enlaces:

 

 El proyecto de Zonas Económicas Especiales (ZEEs), por su parte,  surge como iniciativa del Ejecutivo Federal mexicano y forma parte de la estrategia para fomentar el desarrollo territorial. Es la primera vez en México que se implementa este mecanismo de zonas económicas especiales que  incluyen proyectos a medio y largo plazo en sectores diversos para propiciar el desarrollo de determinadas zonas. Una Zona Económica Especial (ZEE) es un un área delimitada geográficamente que el Ejecutivo estima cuenta con ventajas naturales y logísticas para convertirse en una región altamente productiva. El Ejecutivo desarrolla programas específicos para  atraer la inversiones a esas áreas ofreciendo beneficios fiscales y laborales, régimen aduanero especial, marco regulatorio ágil, infraestructura de primer nivel, programas de apoyo (Capital humano, financiamiento, innovación) y otros estímulos y condiciones preferenciales. Se puede tener acceso a toda la información relacionada con las Zonas Económicas Especiales que se están desarrollando en  https://www.gob.mx/zee

 

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Contratación Pública. Criterios de adjudicación de contratos

Instrumentos Normativos:

Las compras del sector público en México están reguladas, entre otras, por los artículos 25 y 134 de la Constitución y las siguientes leyes y sus reglamentos (disponibles en http://www.ordenjuridico.gob.mx/):

 Estas  leyes tienen por objeto regular las acciones relativas a la planificación, programación, presupuesto, contratación, gasto y control de las adquisiciones y arrendamientos de bienes muebles y la prestación de servicios de cualquier naturaleza, para el caso de la Ley de Adquisiciones ; la ejecución de obras públicas y los servicios relacionados con las mismas, para el caso de la Ley de Obras Públicas ;y en el caso de la Ley APP regular los esquemas para el desarrollo de proyectos de asociaciones público privadas, entendiéndose a éstos cualquier esquema para establecer una relación contractual de largo plazo, entre instancias del sector público y del sector privado, para la prestación de servicios al sector público o al usuario final y en los que se utilice infraestructura provista total o parcialmente por el sector privado con objetivos que aumenten el bienestar social y los niveles de inversión en el País. (Artículo 2 de la ley).

 A los efectos de las citadas leyes, se entiende por sector público lo siguiente:

  • Unidades Administrativas de la Presidencia de la República.
  • Las Secretarías de Estado y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.
  • Procuraduría General de la República.
  • Organismos descentralizados.
  • Empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos en los que el fideicomitente sea el Gobierno federal o una entidad paraestatal.
  • Las entidades federativas, los municipios y los entes públicos de unas y otros, con cargo total o parcial a recursos federales, conforme a los convenios que celebren con el Ejecutivo Federal.

 Para el caso de proyectos de APP lo serán cuando participen (artículo 4):

  • Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
  • Fideicomisos públicos federales no considerados entidades paraestatales.
  • Personas de derecho público federal, con autonomía derivada de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las cuales aplicarán los criterios y procedimientos previstos en esta Ley, sólo en lo no previsto en los ordenamientos que los rigen y siempre que no se contrapongan con los mismos, en cuyo caso quedarán sujetas a sus propios órganos de control, y,
  • Las entidades federativas, municipios y los entes públicos de unas y otros, con recursos federales, de conformidad con los convenios que celebren con dependencias o entidades de la Administración
    Pública Federal. 


 Tipos de Contratación:

En cuanto a la forma de contratación, dichas leyes prevén tres formas:

a)    Licitación Pública o concurso.

b)    Invitación a cuando menos tres personas.

c)    Adjudicación directa.

En cada procedimiento deben establecerse los mismos requisitos y condiciones para todos los participantes, especialmente por lo que se refiere a tiempo y lugar de entrega, forma y tiempo de pago, penas convencionales, anticipos y garantías; debiendo las dependencias y entidades proporcionar a todos los interesados igual acceso a la información relacionada con dichos procedimientos, a fin de evitar favorecer a algún participante.

Toda la información relativa a las contrataciones gubernamentales, desde el marco legal vigente hasta las bases de las licitaciones y los fallos, puede ser consultada en la página de https://compranet.funcionpublica.gob.mx . Además, las dependencias y entidades pondrán a disposición del público en general, a través de CompraNet y de su página en Internet, a más tardar el 31 de enero de cada año, su programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios.

Para el caso de la Ley APP, cuando se presenten los supuestos señalados en la Ley APP, podrán las entidades bajo su responsabilidad hacer la adjudicación directa o invitación a cuando menos tres personas.  

Se puede encontrar información sobre los principales proyectos con participación privada (APP, CKD, Fibras) nuevos o en operación en México en la página: http://www.proyectosmexico.gob.mx/

a) Licitación pública

Es la regla general para las adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras públicas y se efectúa mediante convocatoria pública que se realizará a través de Compranet. Además, simultáneamente se enviará para su publicación en el Diario Oficial de la Federación, un resumen de la convocatoria de la licitación. El objetivo es asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiación y oportunidad.

La licitación pública puede ser nacional o internacional. En las nacionales sólo pueden participar personas de nacionalidad mexicana (empresas establecidas en el país) y los bienes a adquirir deben ser producidos en el país y contar por lo menos con un 50% de contenido nacional (Ley de Adquisiciones). Tratándose de licitaciones internacionales, podrán participar tanto personas de nacionalidad mexicana como extranjera y los bienes a adquirir pueden ser de origen nacional o extranjero. (Cabe señalar que una sociedad mercantil mexicana participada en un 100% por capital extranjero se considera de nacionalidad mexicana).

Solamente se deberán llevar a cabo licitaciones internacionales, en los siguientes casos:

  • Cuando resulte obligatorio conforme a lo establecido en los Tratados Internacionales.
  • Cuando, previa investigación de mercado que realice la dependencia o entidad convocante, no exista oferta de proveedores nacionales respecto a bienes o servicios en cantidad o calidad requeridas, o sea conveniente en términos de precio.
  • Cuando habiéndose realizado una de carácter nacional, no se presenten propuestas.
  • Cuando así se estipule para las contrataciones financiadas con créditos externos otorgados al Gobierno federal o con su aval.

Las citadas leyes prevén la posibilidad de que en una licitación o concurso dos o más personas presenten conjuntamente sus propuestas, mediante un convenio de consorcio o convenio de asociación en participación, sin necesidad de constituir una nueva sociedad, siempre y cuando en el contrato se establezca con precisión y a satisfacción de la dependencia o entidad convocante las partes a que se obliga cada persona y la forma en que se les exigirá el cumplimiento de sus obligaciones. La propuesta debe ir firmada por el representante común. Para estos casos se recomienda que la participación inicialmente sea a través de la celebración de un convenio de consorcio o de asociación en participación.

La Ley APP regula las condiciones y términos para que se proceda a concursar los proyectos de APP.

b)Invitación a cuando menos tres personas y  c) adjudicaciones directas

Las citadas leyes permiten recurrir a dichos procedimientos cuando:

  • Por tratarse de obras de arte, o de bienes y servicios para los cuales no existan alternativos o sustitutos técnicamente razonables, el contrato sólo pueda celebrarse con una determinada persona porque posee la titularidad o la licencia exclusiva de patentes, derechos de autor u otros derechos exclusivos.
  • Peligre o se altere el orden social, la economía, los servicios públicos, la salubridad, la seguridad o el ambiente de alguna zona o región del país como consecuencia de caso fortuito o de fuerza mayor.
  • Existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales importantes, debidamente justificados.
  • Se realicen con fines exclusivamente militares o para la armada, o sean necesarias para garantizar la seguridad nacional, de acuerdo con lo que establece la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
  • Derivado de caso fortuito o fuerza mayor, no sea posible obtener bienes o servicios mediante el procedimiento de licitación pública en el tiempo requerido para atender la eventualidad de que se trate. En este supuesto, las cantidades o conceptos deberán limitarse a lo estrictamente necesario para afrontar la situación.
  • Se hubiere rescindido el contrato respectivo por causas imputables al proveedor que hubiere resultado ganador en una licitación. En estos casos la dependencia o entidad podrá adjudicar el contrato al licitante que haya presentado la siguiente proposición solvente más baja, siempre que la diferencia en precio con respecto a la propuesta que inicialmente hubiere resultado ganadora no sea superior al diez por ciento. Tratándose de procedimientos de contratación en los que se hayan considerado puntos y porcentajes como método para la evaluación de las proposiciones, se podrá adjudicar a la propuesta que siga en calificación a la del ganador.
  • Se haya declarado desierta una licitación pública, siempre que se mantengan los requisitos establecidos en la convocatoria a la licitación.
  • Existan razones justificadas para la adquisición o arrendamiento de bienes de una marca determinada.
  • Se trate de adquisiciones de bienes perecederos, granos y productos alimenticios básicos o semi-procesados y bienes usados. Tratándose de estos últimos, el precio de adquisición no podrá ser superior al que se determine mediante valoración que practicarán las instituciones de crédito o terceros habilitados para ello conforme a las disposiciones aplicables.
  • Se trate de servicios de consultorías, asesorías, estudios, investigaciones o capacitación, debiendo aplicar el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas, entre las que se incluirán instituciones de educación superior y centros de investigación. Si la materia de los servicios se refiriese a información reservada, en los términos establecidos en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, podrá autorizarse la contratación mediante adjudicación directa.
  • Se trate de adquisiciones, arrendamientos o servicios cuya contratación se realice con campesinos o grupos urbanos marginados y que la dependencia o entidad contrate directamente con los mismos, como personas físicas o jurídicas.
  • Se trate de adquisiciones de bienes que realicen las dependencias y entidades para su comercialización o para someterlos a procesos productivos en cumplimiento de su objeto o fines propios expresamente establecidos en el acto jurídico de su constitución.
  • Se trate de adquisiciones de bienes provenientes de personas que, sin ser proveedores habituales, ofrezcan bienes en condiciones favorables, en razón de encontrarse en estado de liquidación o disolución, o bien bajo intervención judicial.
  • Se trate de servicios profesionales prestados por una persona física, siempre que éstos sean realizados por ella misma sin requerir de la utilización de más de un especialista o técnico.
  • Se trate de servicios de mantenimiento de bienes en los que no resulte posible precisar el alcance, establecer las cantidades de trabajo o determinar las especificaciones correspondientes.
  • El objeto del contrato sea el diseño y fabricación de un bien que sirva como prototipo para efectuar las pruebas que demuestren su funcionamiento. En estos casos la dependencia o entidad deberá pactar que los derechos sobre el diseño, uso o cualquier otro derecho exclusivo, se constituyan a favor de la Federación o de las entidades según corresponda. De ser satisfactorias las pruebas, se formalizará el contrato para la producción de mayor número de bienes por al menos el veinte por ciento de las necesidades de la dependencia o entidad, con un plazo de tres años.
  • Se trate de equipos especializados, sustancias y materiales de origen químico, físico químico o bioquímico para ser utilizadas en actividades experimentales requeridas en proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico, siempre que dichos proyectos se encuentren autorizados por quien determine el titular de la dependencia o el órgano de Gobierno de la entidad.
  • Se acepte la adquisición de bienes o la prestación de servicios a título de dación en pago, en los términos de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación.
  • Las adquisiciones de bienes y servicios relativos a la operación de instalaciones nucleares.
  • Se trate de la suscripción de contratos específicos que deriven de un contrato marco.

 

Tipos de Licitaciones: nacional, internacional bajo tratados, internacional abierta

Las licitaciones se pueden clasificar en tres, dependiendo del tipo de licitantes que participan, bienes que se van a adquirir y los tratados comerciales internacionales en los que México es socio.

Licitaciones Nacionales: Son los procesos de adquisición en los que sólo pueden participar personas y empresas de nacionalidad mexicana y que los bienes a adquirir sean producidos en México y cuenten con por lo menos un 50% de contenido nacional, porcentaje que se determina tomando en cuenta la mano de obra, insumos y demás aspectos determinados por la Secretaría de Economía.

Licitaciones internacionales bajo la cobertura de tratados: Son aquellos procesos en los que participan empresas mexicanas y extranjeras de países con los que México cuenta con acuerdos comerciales con capítulo de compras gubernamentales.

Licitaciones internacionales abiertas: Son aquellas en las que pueden participar licitantes mexicanos y extranjeros, sin importar el origen de los bienes a adquirir, arrendar o servicios a contratar.

Carácter de la Licitación: Federal, Estatal o Municipal.

Las Licitaciones dependiendo del presupuesto se clasifican en Federales, Estatales o Municipales, esta clasificación se lleva a cabo de la siguiente manera.

Licitaciones Federales: Son todas las licitaciones que llevan a cabo las dependecias Federales y los Estados y Municipios con cargo total o parcial a fondos Federales, en cuyo caso resultará aplicable la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Licitaciones Estatales: En las Licitaciones Estatales existen dos opciones:

-      Licitación Estatal con presupuesto propio (Presupuesto Estatal)

-      Licitación Estatal con presupuesto Federal.

Licitaciones Municipales: En las licitaciones municipales aplican los mismos mecanismos que en las estatales, sólo que en un ámbito de menor alcance.

En las bases de la licitación se especifica el carácter Federal, Estatal o Municipal de la licitación. 

Etapas de un proceso de contratación

De forma general podemos agrupar todas las actividades que se desarrollan en un proceso licitatorio en tres grandes grupos:

-      Pre-Licitación: se inicia con la evaluación de las necesidades y requerimientos de la entidad convocante, la planificación, la determinación de las condiciones técnicas y económicas del bien o servicio que se quiere comprar, la asignación de presupuesto y la publicación y difusión de la convocatoria o la invitación.

-      Licitación: en esta etapa se los interesados compran las bases de la licitación y se registran como interesados, se celebran las juntas de aclaraciones, se visitan las instalaciones,  se presentan las propuestas técnicas y económicas, la autoridad convocante la evalúa y otorga el fallo y se firma el contrato.

-      Post-Licitación: es la etapa que inicia una vez adjudicado y firmado el contrato y que incluye la gestión del contrato y de las órdenes de pago, así como la supervisión de su cumplimiento. 

Evaluación de las propuestas

En esta etapa la autoridad convocante valora tanto las propuestas técnicas como económicas de los participantes.

La ley considera tres criterios de evaluación según la naturaleza del bien o servicio a contratar: puntos y porcentajes, costo beneficio y evaluación binaria. También establece que preferiblemente se deben utilizar los criterios de puntos y porcentajes o de costo beneficio. En caso de que no se puedan utilizar estos criterios y se recurra a la evaluación binaria, se adjudicará el contrato a quien ofrezca el precio más barato cumpliendo con los requisitos de la convocatoria.

-      Evaluación de puntos y porcentajes: utiliza criterios ponderados para determinar qué oferta presenta la mejor combinación de calidad y precio. La autoridad convocante establece cuales son los elementos y criterios más importantes a valorar y el porcentaje que representará en la valoración final y establecerá una regla para su evaluación.

-      Costo beneficio: sistema de valoración en términos monetarios de los costos y beneficios asociados directa e indirectamente a la compra, ejecución y operación del bien o servicio a contratar. La autoridad convocante establecerá los conceptos que serán objeto de evaluación.

-      Evaluación binaria: sistema mediante el cual se evalúa si las ofertan cumplen o no con los requisitos solicitados por el área convocante y se adjudica a quien, cumpliento los requisitos técnicos, ofrezca el precio más barato.

Excepciones a la licitación y motivos para optar por adjudicación directa

Aunque la licitación es la forma de adjudicación que se utiliza con mayor asiduidad también es cierto que la propia ley establece algunas situaciones en las que se podrá optar por la adjudicación directa como:

-      Si las necesidades son tan urgentes que resulta inviable un proceso de licitación, siempre y cuando la urgencia no haya sido previsible.

-      Es necesaria la confidencialidad porque involucra la defensa o seguridad del Estado.

-      Cuando una convocatoria a licitación pública se haya declarado desierta

-      Se trata de un contrato para fines de investigación, experimentación o estudio.

-      La índole técnica de los bienes o servicios hace necesaria la negociación con los proveedores.

-      Si se trata de un bien o servicio de bajo valor económico para el cual los costos de organizar una licitación no compensan el ahorro o beneficio que se obtendría.

Plazos mínimos para los procedimientos de compra.

El tiempo que se da a los proveedores para la elaboración y presentación de una propuesta es un factor a tener en cuenta ya que en muchas ocasiones, estos plazos son muy ajustados.

La ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas establece (artículo 33)  para las licitaciones internacionales que el plazo no podrá ser inferior a 20 días naturales contados a partir de la fecha de publicación de la convocatoria en Compranet. Para las licitaciones nacionales, por su parte, el plazo debe ser cuando menos de 15 días naturales a partir de la fecha de publicación de la convocatoria. En algunas circunstancias específicas los plazos podrían reducirse hasta 10 días.

También la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público establece algunos tiempos para la presentación de propuestas en función del método elegido de licitación (adjudicación directa, invitación restringida o licitación pública). Para los casos de adjudicación directa establece que cuando se trate de contratos mayores o iguales a 300 veces el salario mínico se deberá contar con, al menos, tres cotizaciones, en los treinta días previos a la adjudicación. Para el caso de la invitación restringida señala que se establecerán los plazos en función de la complejidad de los bienes o servicios a contratar pero no podrá ser inferior a 5 días naturales.

Convocatoria de la Licitación

En el artículo Artículo 31 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas se señala que la .convocatoria a la licitación pública, en la cual se establecerán las bases en que se desarrollará el procedimiento y en las cuales se describirán los requisitos de participación, deberá contener:

I. El nombre, denominación o razón social de la dependencia o entidad convocante;

II. La indicación de si la licitación es nacional o internacional; y en caso de ser internacional, si se realizará o no bajo la cobertura del capítulo de compras del sector público de algún tratado, y el idioma o idiomas, además del español, en que podrán presentarse las proposiciones;

III. La descripción general de la obra o del servicio y el lugar en donde se llevarán a cabo los trabajos;

IV. Los porcentajes, forma y términos de los anticipos que, en su caso, se otorgarán;

V. Plazo de ejecución de los trabajos determinado en días naturales, indicando la fecha estimada de inicio de los mismos;

VI. Moneda o monedas en que podrán presentarse las proposiciones. En los casos en que se permita hacer la cotización en moneda extranjera se deberá establecer que el pago que realice en el territorio nacional se hará en moneda nacional y al tipo de cambio de la fecha en que se haga dicho pago, así como el mecanismo y periodos de revisión;

VII. Las condiciones de pago de acuerdo al tipo de contrato a celebrar;

VIII. La indicación de que, en su caso, las proposiciones podrán presentarse a través de medios electrónicos, precisando los términos y condiciones para ello;

IX. Cuando proceda, lugar, fecha y hora para la visita o visitas al sitio de realización de los trabajos, la que deberá llevarse a cabo dentro del período comprendido entre el cuarto día natural siguiente a aquél en que se publique la convocatoria y el sexto día natural previo al acto de presentación y apertura de proposiciones;

X. La fecha, hora y lugar de la primera junta de aclaraciones a la convocatoria de la licitación, siendo optativa la asistencia a las reuniones que, en su caso, se realicen;

XI. Las fechas, horas y lugares de celebración del acto de presentación y apertura de proposiciones; comunicación del fallo y firma del contrato;

XII. El señalamiento de que para intervenir en el acto de presentación y apertura de proposiciones bastará que los licitantes presenten un escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, sin que resulte necesario acreditar su personalidad jurídica;

XIII. La forma en que los licitantes deberán acreditar su existencia legal y personalidad jurídica, para efectos de la suscripción de las proposiciones y, en su caso, firma del contrato. Asimismo, la indicación de que el licitante deberá proporcionar una dirección de correo electrónico, en caso de contar con él;

XIV. La indicación de que no podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos de los artículos 51 y 78 de esta Ley;

XV. La indicación de que las personas a que se refiere el segundo párrafo de la fracción VII del artículo 51 de esta Ley, que pretendan participar en el procedimiento de contratación para la ejecución de una obra, manifiesten bajo protesta de decir verdad que los estudios, planes o programas que previamente hayan realizado, incluyen supuestos, especificaciones e información verídicos y se ajustan a los requerimientos reales de la obra a ejecutar, así como que, en su caso, consideran costos estimados apegados a las condiciones del mercado; En el caso de que la manifestación se haya realizado con falsedad, se sancionará al licitante conforme al Título Sexto de esta Ley;

XVI. La forma en que los licitantes acreditarán su experiencia y capacidad técnica y financiera que se requiera para participar en la licitación, de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos;

XVII. Proyectos arquitectónicos y de ingeniería que se requieran para preparar la proposición; normas de calidad de los materiales y especificaciones generales y particulares de construcción aplicables, en el caso de las especificaciones particulares, deberán ser firmadas por el responsable del proyecto;

XVIII. Tratándose de servicios relacionados con las obras públicas, los términos de referencia que deberán precisar el objeto y alcances del servicio; las especificaciones generales y particulares; el producto esperado, y la forma de presentación, así como los tabuladores de las cámaras industriales y colegios de profesionales que deberán servir de referencia para determinar los sueldos y honorarios profesionales del personal técnico;

XIX. Relación de materiales y equipo de instalación permanente que, en su caso, proporcione la convocante, debiendo acompañar los programas de suministro correspondientes;

XX. En su caso, el señalamiento del porcentaje de contenido nacional del valor de la obra que deberán cumplir los licitantes en materiales, maquinaria y equipo de instalación permanente, que serían utilizados en la ejecución de los trabajos;

XXI. El porcentaje mínimo de mano de obra local que los licitantes deberán incorporar en las obras o servicios a realizarse; Fracción adicionada

XXII. Información específica sobre las partes de los trabajos que podrán subcontratarse; Fracción recorrida

XXIII. Criterios claros y detallados para la evaluación de las proposiciones y la adjudicación de los contratos, de conformidad con lo establecido por el artículo 38 de esta Ley; Fracción recorrida

XXIV. Señalamiento de las causas expresas de desechamiento, que afecten directamente la solvencia de las proposiciones, entre las que se incluirá la comprobación de que algún licitante ha acordado con otro u otros elevar el costo de los trabajos, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes; Fracción recorrida

XXV. Porcentaje, forma y términos de las garantías que deban otorgarse; Fracción recorrida DOF

XXVI. Modelo de contrato al que para la licitación de que se trate se sujetarán las partes, el cual deberá contener los requisitos a que se refiere el artículo 46 de esta Ley; Fracción recorrida

XXVII. La indicación de que el licitante ganador que no firme el contrato por causas imputables al mismo será sancionado en los términos del artículo 78 de esta Ley; Fracción recorrida

XXVIII. El procedimiento de ajuste de costos que deberá aplicarse, según el tipo de contrato; Fracción recorrida

XXIX. Atendiendo al tipo de contrato, la información necesaria para que los licitantes integren sus proposiciones técnica y económica. En caso de que exista información que no pueda ser proporcionada a través de CompraNet, la indicación de que la misma estará a disposición de los interesados en el domicilio que se señale por la convocante; Fracción recorrida

XXX. La relación de documentos que los licitantes deberán integrar a sus proposiciones, atendiendo al tipo de contrato, así como a las características, magnitud y complejidad de los trabajos; Fracción recorrida

XXXI. El domicilio de las oficinas de la Secretaría de la Función Pública o de los gobiernos de las entidades federativas, o en su caso el medio electrónico en que podrán presentarse inconformidades, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 84 de la presente Ley; Fracción recorrida

XXXII. Precisar que será requisito el que los licitantes presenten una declaración de integridad, en la que manifiesten, bajo protesta de decir verdad, que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas, para que los servidores públicos de la dependencia o entidad, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, y Fracción recorrida

XXXIII. Los demás requisitos generales que, por las características, complejidad y magnitud de los trabajos, deberán cumplir los interesados, precisando cómo serán utilizados en la evaluación. 

Por otro lado, en la Ley de Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, es el artículo 29 el que recoge la información que deben contener las licitaciones a las que se aplica esta ley

I.El nombre, denominación o razón social de la dependencia o entidad convocante;

II. La descripción detallada de los bienes, arrendamientos o servicios, así como los aspectos que la convocante considere necesarios para determinar el objeto y alcance de la contratación;

III. La fecha, hora y lugar de celebración de la primera junta de aclaración a la convocatoria a la licitación, del acto de presentación y apertura de proposiciones y de aquella en la que se dará a conocer el fallo, de la firma del contrato, en su caso, la reducción del plazo, y si la licitación será presencial, electrónica o mixta y el señalamiento de la forma en la que se deberán presentar las proposiciones;

IV. El carácter de la licitación y el idioma o idiomas, además del español, en que podrán presentarse las proposiciones. Los anexos técnicos y folletos en el o los idiomas que determine la convocante;

V. Los requisitos que deberán cumplir los interesados en participar en el procedimiento, los cuales no deberán limitar la libre participación, concurrencia y competencia económica;

VI. El señalamiento de que para intervenir en el acto de presentación y apertura de proposiciones, bastará que los licitantes presenten un escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, sin que resulte necesario acreditar su personalidad jurídica;

VII. La forma en que los licitantes deberán acreditar su existencia legal y personalidad jurídica, para efectos de la suscripción de las proposiciones, y, en su caso, firma del contrato. Asimismo, la indicación de que el licitante deberá proporcionar una dirección de correo electrónico, en caso de contar con él;

VIII. Precisar que será requisito el que los licitantes entreguen junto con el sobre cerrado una declaración escrita, bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos por los artículos 50 y 60 penúltimo párrafo, de esta Ley;

IX. Precisar que será requisito el que los licitantes presenten una declaración de integridad, en la que manifiesten, bajo protesta de decir verdad, que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas, para que los servidores públicos de la dependencia o entidad, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes;

 X. Si para verificar el cumplimiento de las especificaciones solicitadas se requiere de la realización de pruebas, se precisará el método para ejecutarlas y el resultado mínimo que deba obtenerse, de acuerdo con la Ley Federal sobre Metrología y Normalización;

XI. La indicación respecto a si la contratación abarcará uno o más ejercicios fiscales, si será contrato abierto, y en su caso, la justificación para no aceptar proposiciones conjuntas;

XII. La indicación de si la totalidad de los bienes o servicios objeto de la licitación, o bien, de cada partida o concepto de los mismos, serán adjudicados a un solo licitante, o si la adjudicación se hará mediante el procedimiento de abastecimiento simultáneo, en cuyo caso deberá precisarse el número de fuentes de abastecimiento requeridas, los porcentajes que se asignarán a cada una y el porcentaje diferencial en precio que se considerará;

 XIII. Los criterios específicos que se utilizarán para la evaluación de las proposiciones y adjudicación de los contratos, debiéndose utilizar preferentemente los criterios de puntos y porcentajes, o el de costo beneficio;

XIV. El domicilio de las oficinas de la Secretaría de la Función Pública o de los gobiernos de las entidades federativas, o en su caso el medio electrónico en que podrán presentarse inconformidades, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 66 de la presente Ley;

XV. Señalamiento de las causas expresas de desechamiento, que afecten directamente la solvencia de las proposiciones, entre las que se incluirá la comprobación de que algún licitante ha acordado con otro u otros elevar el costo de los trabajos, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes, y

XVI. Modelo de contrato al que para la licitación de que se trate se sujetarán las partes, el cual deberá contener los requisitos a que se refiere el artículo 45 de esta Ley.

Contratos

Por lo que se refiere a la contratación, la forma en que se realiza difiere en las diversas leyes a las que hemos hecho referencia:

Así, los contratos deben contener como mínimo, según la Ley de Adquisiciones , Arrendamientos y Servicios del Sector Público (artículo 45), lo siguiente:

I. El nombre, denominación o razón social de la dependencia o entidad convocante y del contratista;

II. La indicación del procedimiento conforme al cual se llevó a cabo la adjudicación del contrato;

III. Los datos relativos a la autorización del presupuesto para cubrir el compromiso derivado del contrato;

IV. Acreditación de la existencia y personalidad del licitante adjudicado;

V. La descripción pormenorizada de los bienes, arrendamientos o servicios objeto del contrato adjudicado a cada uno de los licitantes en el procedimiento, conforme a su proposición;

VI. El precio unitario y el importe total a pagar por los bienes, arrendamientos o servicios, o bien, la forma en que se determinará el importe total;

VII. Precisión de si el precio es fijo o sujeto a ajustes y, en este último caso, la fórmula o condición en que se hará y calculará el ajuste, determinando expresamente el o los indicadores o medios oficiales que se utilizarán en dicha fórmula;

VIII. En el caso de arrendamiento, la indicación de si éste es con o sin opción a compra;

IX. Los porcentajes de los anticipos que, en su caso, se otorgarían, los cuales no podrán exceder del cincuenta por ciento del monto total del contrato;

X. Porcentaje, número y fechas o plazo de las exhibiciones y amortización de los anticipos que se otorguen;

XI. Forma, términos y porcentaje para garantizar los anticipos y el cumplimiento del contrato;

XII. La fecha o plazo, lugar y condiciones de entrega;

XIII. Moneda en que se cotizó y se efectuará el pago respectivo, el cual podrá ser en pesos mexicanos o moneda extranjera de acuerdo a la determinación de la convocante, de conformidad con la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos;

XIV. Plazo y condiciones de pago del precio de los bienes, arrendamientos o servicios, señalando el momento en que se haga exigible el mismo;

XV. Los casos en que podrán otorgarse prórrogas para el cumplimiento de las obligaciones contractuales y los requisitos que deberán observarse;

XVI. Las causales para la rescisión de los contratos, en los términos previstos en esta Ley;

XVII. Las previsiones relativas a los términos y condiciones a las que se sujetará la devolución y reposición de bienes por motivos de fallas de calidad o cumplimiento de especificaciones originalmente convenidas, sin que las sustituciones impliquen su modificación;

XVIII. El señalamiento de las licencias, autorizaciones y permisos que conforme a otras disposiciones sea necesario contar para la adquisición o arrendamiento de bienes y prestación de los servicios correspondientes, cuando sean del conocimiento de la dependencia o entidad;

XIX. Condiciones, términos y procedimiento para la aplicación de penas convencionales por atraso en la entrega de los bienes, arrendamientos o servicios, por causas imputables a los proveedores;

XX. La indicación de que en caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad estará a cargo del licitante o proveedor según sea el caso. Salvo que exista impedimento, la estipulación de que los derechos inherentes a la propiedad intelectual, que se deriven de los servicios de consultorías, asesorías, estudios e investigaciones contratados, invariablemente se constituirán a favor de la dependencia o de la entidad, según corresponda, en términos de las disposiciones legales aplicables;

XXI. Los procedimientos para resolución de controversias, distintos al procedimiento de conciliación previsto en esta Ley, y

XXII. Los demás aspectos y requisitos previstos en la convocatoria a la licitación e invitaciones a cuando menos tres personas, así como los relativos al tipo de contrato de que se trate.

El clausulado mínimo que deben contener los contratos de obra pública es prácticamente igual a lo señalado anteriormente conforme a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, salvo por algunas particularidades por tratarse de obra pública. Se recogen en el artículo 46:

I. El nombre, denominación o razón social de la dependencia o entidad convocante y del contratista;

II. La indicación del procedimiento conforme al cual se llevó a cabo la adjudicación del contrato;

III. Los datos relativos a la autorización del presupuesto para cubrir el compromiso derivado del contrato;

IV. Acreditación de la existencia y personalidad del licitante adjudicado;

V. La descripción pormenorizada de los trabajos que se deban ejecutar, debiendo acompañar como parte integrante del contrato, en el caso de las obras, los proyectos, planos, especificaciones, normas de calidad, programas y presupuestos; tratándose de servicios, los términos de referencia;

VI. El precio a pagar por los trabajos objeto del contrato, así como los plazos, forma y lugar de pago y, cuando corresponda, de los ajustes de costos;

VII. El plazo de ejecución de los trabajos, así como los plazos para verificar la terminación de los trabajos y la elaboración del finiquito;

VIII. Porcentajes, número y fechas de las exhibiciones y amortización de los anticipos que se otorguen;

IX. Forma o términos y porcentajes de garantizar la correcta inversión de los anticipos y el cumplimiento del contrato;

X. Términos, condiciones y el procedimiento para la aplicación de penas convencionales, retenciones y/o descuentos;

XI. Procedimiento de ajuste de costos que regirá durante la vigencia del contrato;

XII. Términos en que el contratista, en su caso, reintegrará las cantidades que, en cualquier forma, hubiere recibido en exceso por la contratación o durante la ejecución de los trabajos, para lo cual se utilizará el procedimiento establecido en el artículo 55 de este ordenamiento;

XIII. La indicación de que en caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad estará a cargo del licitante o contratista según sea el caso. Salvo que exista impedimento, la estipulación de que los derechos inherentes a la propiedad intelectual, que se deriven de los servicios de consultorías, asesorías, estudios e investigaciones contratados, invariablemente se constituirán a favor de la dependencia o de la entidad, según corresponda, en términos de las disposiciones legales aplicables;

XIV. Los procedimientos para resolución de controversias previstos en el Capítulo Tercero del Título Séptimo de esta Ley, distintos al procedimiento de conciliación;

XV. Causales por las que la dependencia o entidad podrá dar por rescindido el contrato, y

XVI. Los demás aspectos y requisitos previstos en la convocatoria a la licitación e invitaciones a cuando menos tres personas, así como los relativos al tipo de contrato de que se trate.

Y, por último, En la Ley de Asociaciones Público Privadas, las condiciones mínimas que deben cumplir de los contratos regulados por esta Ley se recogen en el artículo 92. Hay que tener en cuenta que, los contratos de asociación público- privada sólo podrán celebrarse con particulares personas morales cuyo objeto social o fines sean, de manera exclusiva, realizar aquellas actividades necesarias para desarrollar el proyecto respectivo y los contratos de asociación público-privada tendrán por objeto la prestación de los servicios que el proyecto implique y, en su caso, la ejecución de la obra de infraestructura necesaria para la prestación de los servicios citados.  Las bases del concurso señalarán el capital mínimo sin derecho a retiro, limitaciones estatutarias y demás requisitos que dicha sociedad o fideicomiso deberá cumplir. De este modo, los contratos de asociación público-privada deberán contener, como mínimo:

I. Nombre, datos de identificación y capacidad jurídica de las partes;

II. Personalidad de los representantes legales de las partes;

III. El objeto del contrato;

IV. Los derechos y obligaciones de las partes;

V. Las características, especificaciones, estándares técnicos, niveles de desempeño y calidad para la ejecución de la obra y prestación de los servicios;

VI. La relación de los inmuebles, bienes y derechos afectos al proyecto y su destino a la terminación del contrato, de conformidad con lo señalado en el artículo 123 de esta Ley y la obligación de mantener dicha relación actualizada;

VII. El régimen financiero del proyecto, con las contraprestaciones a favor del desarrollador;

VIII. La mención de que los inmuebles, bienes y derechos del proyecto sólo podrán ser afectados en términos del artículo 93 siguiente;

IX. Los términos y condiciones conforme a los cuales el desarrollador deberá pactar con sus respectivos acreedores, en caso de incumplimiento frente a éstos, la transferencia temporal del control de la propia sociedad desarrolladora a los acreedores de ésta, previa autorización de la dependencia o entidad contratante;

X. El régimen de distribución de riesgos, técnicos, de ejecución de la obra, financieros, por caso fortuito o fuerza mayor y de cualquier otra naturaleza, entre las partes, que en todo caso deberá ser equilibrado. Las dependencias y entidades no podrán garantizar a los desarrolladores ningún pago por concepto de riesgos distintos de los establecidos en el contrato o bien establecidos por mecanismos diferentes de los señalados por esta ley y su reglamento;

XI. El plazo para el inicio y terminación de la obra, para el inicio en la prestación de los servicios, así como el plazo de vigencia del contrato y, en su caso, el régimen para prorrogarlos;

XII. La indicación de las autorizaciones para el desarrollo del proyecto;

XIII. Los supuestos de rescisión y terminación anticipada del contrato, de sus efectos, así como los términos y condiciones para llevarlas a cabo;

XIV. El régimen de penas convencionales y de sanciones por incumplimiento de las obligaciones de las partes;

XV. Los procedimientos de solución de controversias; y

XVI. Los demás que, en su caso, el Reglamento establezca.

 Precios:

La Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas en su Artículo 45, establece que las condiciones de pago en los contratos podrán pactarse conforme a lo siguiente:

I. Sobre la base de precios unitarios, en cuyo caso el importe de la remuneración o pago total que deba cubrirse al contratista se hará por unidad de concepto de trabajo terminado;

II. A precio alzado, en cuyo caso el importe de la remuneración o pago total fijo que deba cubrirse al contratista será por los trabajos totalmente terminados y ejecutados en el plazo establecido. Las proposiciones que presenten los contratistas para la celebración de estos contratos, tanto en sus aspectos técnicos como económicos, deberán estar desglosadas por lo menos en cinco actividades principales;

III. Mixtos, cuando contengan una parte de los trabajos sobre la base de precios unitarios y otra, a precio alzado, y

IV. Amortización programada, en cuyo caso el pago total acordado en el contrato de las obras públicas relacionadas con proyectos de infraestructura, se efectuará en función del presupuesto aprobado para cada proyecto. Los trabajos cuya ejecución comprenda más de un ejercicio fiscal, deberán formularse en un solo contrato, por el costo total y la vigencia que resulte necesaria para la ejecución de los trabajos, sujetos a la autorización presupuestaria en los términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

En la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, por su parte, en el Artículo 44, se señala que  en las adquisiciones, arrendamientos y servicios deberá pactarse la condición de precio fijo. No obstante, en casos justificados se podrán pactar en el contrato decrementos o incrementos a los precios, de acuerdo con la fórmula o mecanismo de ajuste que determine la convocante previamente a la presentación de las proposiciones. Cuando con posterioridad a la adjudicación de un contrato se presenten circunstancias económicas de tipo general, como resultado de situaciones supervenientes ajenas a la responsabilidad de las partes, que provoquen directamente un aumento o reducción en los precios de los bienes o servicios aún no entregados o prestados o aún no pagados, y que por tal razón no pudieron haber sido objeto de consideración en la proposición que sirvió de base para la adjudicación del contrato correspondiente, las dependencias y entidades deberán reconocer incrementos o requerir reducciones, de conformidad con las disposiciones que, en su caso, emita la Secretaría de la Función Pública

En la Ley de Asociaciones Público Privadas, por su parte, las condiciones presupuestarias en las que se aprueban los proyectos se recogen en el artículo 24. Así, se señala que el gasto público federal que, en su caso, sea necesario para el desarrollo de un proyecto de los previstos en esta Ley, se ajustará a las disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, al Presupuesto de Egresos de la Federación y demás que resulten aplicables. En el proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos de cada ejercicio se deberá prever, en un capítulo específico y por sector, los compromisos plurianuales de gasto que deriven de los proyectos de asociación público privada para que, en su caso dichos compromisos sean aprobados por la Cámara de Diputados a fin de proceder a la contratación y ejecución de los proyectos. Asimismo, se deberá presentar la descripción de cada uno de los proyectos, montos erogados o por erogar conforme las proyecciones y estimaciones correspondientes, avance en la ejecución y calendario, así como el monto de los pagos anuales comprometidos.

Modalidades de Contratación: presencial, electrónica, mixta

Las licitaciones pueden presentarse, además en la modalidad de Presencial, Electrónica o Mixta (artículo 26 bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público):

  • Presenciales: Son aquellas en las que sólo se podrán presentar propuestas en sobre cerrado, de forma documental, durante un acto de presentación y apertura de propuestas y en donde todo acto de la licitación, ya sea junta de aclaraciones, acto de presentación y apertura o acto de fallo deben ser presenciales, es decir, que debe el licitante estar presente físicamente en dichos actos.
  • Electrónicas: Son aquellas en que únicamente se permite la participación de los licitantes a través de medios de comunicación electrónica y utilizando los medios de identificación electrónica que son proporcionados por las distintas instancias.
  • Mixtas: Cuando las licitaciones sean de las llamadas mixtas, los licitantes, a su elección, podrán participar de manera presencial o electrónica en todos los actos de la licitación (junta de aclaraciones, acto de presentación y apertura de propuestas o acto de fallo)

Para los procedimientos electrónicos o mixtos, la notificación del fallo por medio electrónico tiene validez legal.

En el artículo 28 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas también se establece que en las licitaciones públicas podrán utilizarse medios electrónicos, conforme a las disposiciones administrativas que emita la Secretaría de la Función Pública.

Otras modalidades de contratación.

También se pueden utilizar en las licitaciones públicas las “ofertas subsecuentes de descuente” en las que los licitantes, después de que su propuesta técnica haya cubierto los requisitos cualitativos, tienen la posibilidad de realizar ofertas subsecuentes de descuento  que mejoren el precio ofrecido inicialmente.  La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios  del Sector Público establece en su artículo 28 que esta modalidad se podrá emplear en las licitaciones para la adquisición de bienes muebles o servicios cuya descripción y características técnicas puedan ser objetivamente definidas y la evaluación legal y técnica de las proposiciones de los licitantes se pueda realizar en forma inmediata. Además, en 2010 la Secretaría de la Función Pública emitió unos lineamientos referentes a esta modalidad para definir de forma más precisa los términos del artículo 28. La primera vez que se utilizó esta modalidad fue en 2008 para la compra de carbón para la Comisión Federal de Electricidad.

 “Compras Consolidadas”:  A nivel federal este tipo de modalidad se regula en  el artículo 17 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público  y en el artículo 13 de su reglamento, estableciendo que la Secretaría de la Función Pública determinará los bienes, arrendamientos o servicios de uso generalizado que, en forma consolidada, podrán adquirir, arrendar o contratar las dependencias y entidades para obtener mejores condiciones y también que las dependencias y entidades podrán agruparse para consolidad compras (p.e. vacunas, seguros, combustibles, impresión y fotocopiado etc).

 “Convenios marco”: El artículo 14 del reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público establece que los convenios marco son los acuerdos de voluntades que celebran una dependencia o entidad con uno o más posibles proveedores mediante los cuales se  establecen de manera general las especificaciones técnicas y de calidad, alcances, precios y condiciones que regularán la adquisición o arrendamiento de bienes o la prestación de servicios que, posteriormente, mediante contratos específicos, en su caso, formalicen las dependencias o entidades, con fundamento en la fracción XX del artículo 41 de la Ley.  Estos convenios marco se utilizan principalmente cuando se trata de compras recurrentes.

“Abastecimiento simultáneo”: consiste en otorgar el contrato de un mismo bien o servicio a varios proveedores. El artículo 39 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público establece que las dependencias y entidades podrán utilizar el abastecimiento simultáneo a efecto de distribuir entre dos o más proveedores las partidas de bienes o servicios, cuando así lo hayan establecido en la convocatoria a la licitación.

“Ofertas Conjuntas”: También existe la posibilidad de presentar ofertas conjunta tal y como lo establece el artículo 34 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público que señala que “dos o más personas podrán presentar conjuntamente una proposición sin necesidad de constituir una sociedad, o una nueva sociedad en caso de personas jurídicas, para tales efectos, en la propuesta y el contrato se establecerán con precisión la obligaciones de cada una de ellas, así como la manera en que se exigirá su cumplimiento”.

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento:

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/14_101114.pdf 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LAASSP.pdf

  Sistemas de Control:

El sistema de contratación pública en México tiene, también, sus sistemas de control mediante las que se pueden  impugnar los fallos, presentar inconformidades y recursos de revisión etc. El órgano independiente ante el que se presentan estas inconformidades, denuncias de irregularidades etc. es la Secretaría de la Función Pública.

La Secretaría de la Función Pública, dependencia del Poder Ejecutivo Federal, vigila que los servidores públicos federales se apeguen a la legalidad durante el ejercicio de sus funciones, sanciona a los que no lo hacen así; promueve el cumplimiento de los procesos de control y fiscalización del gobierno federal, de disposiciones legales en diversas materias, dirige y determina la política de compras públicas de la Federación, coordina y realiza auditorías sobre el gasto de recursos federales, coordina procesos de desarrollo administrativo, gobierno digital, opera y encabeza el Servicio Profesional de Carrera, coordina la labor de los órganos internos de control en cada dependencia del gobierno federal y evalúa la gestión de las entidades, también a nivel federal.

Por otra parte, está regulada la participación de “testigos sociales” en los procesos de contratación que superan ciertos montos. Estos montos están determinados en el artículo 27 bis de la Ley de Obras, 10 millones de salarios mínimos, y en el artículo 26 de la ley de arrendamiento, 5 millones de salarios mínimos. En esos mismos artículos se recoge la forma de contratación, funciones y participación de los “testigos sociales” en los procesos de contratación.

 Garantías

Tanto la Ley de Adquisiciones como la Ley de Obras Públicas exigen a los proveedores, en el momento de firmar el contrato, que garanticen los anticipos que reciban, y/o el cumplimiento de los contratos.

Las garantías deben constituirse a favor de:

  • La Tesorería de la Federación, por actos o contratos que se celebren con sus dependencias.
  • Las entidades, cuando los contratos o actos se celebren con ellas.
  • Las Tesorerías de las entidades federativas, del Distrito Federal o de los municipios, en los casos de los contratos celebrados con presupuestos federales.

En ambas leyes se faculta a los titulares de las dependencias o los órganos de Gobierno de las entidades el fijar las bases, la forma y el porcentaje a los que deberán sujetarse las garantías que deben constituirse. La forma más común para constituir garantías es a través de una fianza otorgada por una institución autorizada. También puede usarse como garantía el depósito en dinero u otras formas de garantía financiera equivalente que establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (cartas de crédito irrevocables) o la obligación solidaria asumida por un tercero, que demuestre su idoneidad y solvencia (fideicomiso).

Las “Disposiciones Generales a que se sujetarán las garantías otorgadas a favor del Gobierno Federal para el cumplimiento de obligaciones distintas a las fiscales que constituyan las dependencias y entidades en los actos y contratos que celebren”, fueron publicadas el 8 de diciembre de 2015 en el Diario Oficial de la Federación, y se pueden consultar en el siguiente link:

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5407707&fecha=08/09/2015

 Información adicional en:

http://imco.org.mx/wp-content/uploads/2013/7/Guia_de_compras_publicas_011012.pdf

http://www.funcionpublica.gob.mx/unaopspf/dgaadq/normadq.htm          https://www.gob.mx/sfp

  Nota : La Secretaría de la Función Pública propuso en 2016 realizar reformas a los Reglamentos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para fortalecer el sistema de contrataciones públicas. Las reformas propuestas no han sido aprobabas aún pero se pueden consultar en : http://www.gob.mx/sfp/articulos/propuesta-de-reformas-reglamentarias-en-materia-de-contrataciones-publicas-para-fortalecer-su-transparencia-e-imparcialidad

Se puede consultar una guía sobre compras públicas en la página del Instituto Mexicano para la Competitividad:

http://imco.org.mx/wp-content/uploads/2013/7/Guia_de_compras_publicas_011012.pdf

 

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Régimen de inversiones

MARCO LEGAL

La Ley de Inversión Extranjera (LIE) entró en vigor el 28 de diciembre de 1993 y ha sufrido modificaciones diversas modificaciones desde entonces, las últimas en 2017. Esta ley establece algunos sectores que  están reservados al Estado, otros reservados a nacionales mexicanos y otros en los que se mantienen restricciones a la participación de la inversión extranjera, en otros. En 2014, se efectuaron cambios a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y derivado de ello se promulgaron la Ley de Hidrocarburos, Ley de Petróleos Mexicanos y la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, mediante las cuales ciertas actividades relacionadas con petróleo y electricidad fueron liberadas y en consecuencia se modificaron las áreas estratégicas reservadas al Estado Mexicano y otras disposiciones de la ley de inversión extranjera y su reglamento. El organismo responsable de la aplicación de la LIE es la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras (CNIE).

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm

 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/44_260617.pdf

http://www.gob.mx/promexico/acciones-y-programas/preguntas-frecuentes-sobre-inversion

 La LIE establece que el inversor extranjero podrá participar en cualquier proporción en el capital social de empresas mexicanas, adquirir activos fijos, participar en nuevos campos de actividad económica o fabricar nuevas líneas de productos, abrir y dirigir establecimientos, ampliar o relocalizar los ya existentes, salvo que se trate de una actividad reservada o que sea objeto de regulación específica.

Las actividades económicas abiertas a la participación foránea hasta el 100% del capital social incluyen casi el 94% del total de actividades consideradas en la Clasificación Mexicana de Actividades y Productos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). Específicamente, comprenden sectores como alimentación, bebidas y tabaco; textil, prendas de vestir y cueros; madera y productos de papel, y restauración, hoteles y comercio.

Existe un número restringido de actividades para las que este principio no tiene vigencia, ya sea por estar reservadas al Estado, a personas de nacionalidad mexicana o a sociedades con cláusula de exclusión de extranjeros, o porque se trata de actividades económicas objeto de regulación específica acerca de la participación de capital extranjero. La cláusula de exclusión de extranjeros es el convenio o pacto expreso que forma parte integrante de los estatutos sociales, por el que se establece que las sociedades no admitirán directa ni indirectamente como socios o accionistas a inversores extranjeros, ni a sociedades con cláusula de admisión de extranjeros.

A continuación, se hace una breve referencia a las actividades que se encuentran restringidas y aquellas en las que pueden participar libremente.

Actividades reservadas al Estado (artículo 5)

  • Exploración y extracción del petróleo y de los demás hidrocarburos, en términos de lo dispuesto por los artículos 27, párrafo séptimo y 28, párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley reglamentaria respectiva . (modificado en agosto de 2014)
  • Planeación y control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, en términos de lo dispuesto por los artículos 27, párrafo sexto y 28, párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley reglamentaria respectiva. (modificado en agosto de 2014)
  • Generación de energía nuclear.
  • Minerales radioactivos.
  • Telégrafos.
  • Radiotelegrafía.
  • Correos.
  • Emisión de billetes.
  • Acuñación de moneda.
  • Control, supervisión y vigilancia de puertos, aeropuertos y helipuertos.
  • Las demás que expresamente señalen las disposiciones legales aplicables.

 Actividades reservadas a mexicanos o sociedades mexicanas con cláusula de exclusión de extranjeros (artículo 6)

  • Transporte terrestre nacional de pasajeros, turismo y carga, sin incluir los servicios de mensajería y paquetería.
  • Instituciones de banca de desarrollo, en los términos de la ley de la materia.
  • La prestación de los servicios profesionales y técnicos que expresamente señalen las disposiciones legales aplicables.

El artículo 6 señala que la inversión extranjera no podrá participar en estas actividades y sociedades directamente, ni a través de fideicomisos, convenios, pactos sociales o estatutarios, esquemas de piramidación u otros esquemas.

En relación a cláusula de exclusión de extranjeros, es pertinente señalar que independientemente de que la constitución de una sociedad se haya llevado a cabo en dichos términos, dicha disposición puede ser modificada si así es conveniente a la misma, para lo cual precisamos el trámite siguiente:

AVISO DE MODIFICACIÓN DE CLÁUSULA DE EXCLUSIÓN DE EXTRANJEROS POR LA DE ADMISIÓN

De conformidad con lo que establece el segundo párrafo del artículo 16 de la Ley de Inversión Extranjera, las sociedades que modifiquen su cláusula de exclusión de extranjeros por la de admisión de los mismos, deberán dar aviso de este cambio a la Secretaría de Relaciones Exteriores, dentro de los 30 días hábiles siguientes a dicha modificación, debiendo cumplir con lo que establecen los artículos 16 de la Ley de Inversión Extranjera y 18 de su Reglamento. En caso omiso, se aplicarán las sanciones que contempla el mismo ordenamiento.

De conformidad con el “Acuerdo por el que se da a conocer el mecanismo mediante el cual los fedatarios públicos deberán presentar ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, los avisos que se indican”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de julio de 2014, los avisos de la celebración de los convenios de extranjería de las sociedades mexicanas que se constituyan con las cláusulas de admisión de extranjeros; así como los avisos de cambio de cláusula de exclusión por admisión de extranjeros, de conformidad con el numeral cuatro del citado acuerdo, deberán ser presentados a través del Sistema Integral Para el Artículo 27 Constitucional, (SIPAC 27), utilizando su Firma Electrónica, a través del siguiente link:

https://webapps.sre.gob.mx/sipac27

Así mismo, en el cuarto transitorio del acuerdo, se establece un plazo de tres meses contados a partir de su publicación para que los avisos puedan ser presentados por medios electrónicos y a través de la ventanilla de recepción de documentos de esta Dirección General, y que una vez concluido dicho plazo, los avisos sólo se recibirán por medios electrónicos.

 

 

 Actividades y adquisiciones con regulación específica para extranjeros

En las áreas económicas que se detallan a continuación, la LIE establece porcentajes máximos de participación extranjera, que no se pueden exceder directa o indirectamente, salvo tratándose de inversión conocida como “inversión neutra”, pues ésta no computa a estos efectos:

- Actividades con participación extranjera de hasta el 10%:

  • Sociedades cooperativas de producción.

- Actividades con participación extranjera de hasta el 25% (artículo 7):

  • Transporte aéreo nacional.
  • Transporte en aerotaxi.
  • Transporte aéreo especializado.

- Actividades con participación extranjera de hasta el 49%:

  • Fabricación y comercialización de explosivos, armas de fuego, cartuchos, municiones y fuegos artificiales, sin incluir la adquisición y utilización de explosivos para el consumo de actividades industriales y extractivas, ni la elaboración de mezclas explosivas para el consumo de dichas actividades.
  • Impresión y publicación de periódicos para la circulación exclusiva en territorio nacional.
  • Acciones series “T” de sociedades que tengan en propiedad tierras agrícolas, ganaderas y forestales.
  • Pesca en agua dulce, costera y en la zona económica exclusiva, sin incluir acuicultura.
  • Administración portuaria integral.
  • Servicios portuarios de pilotaje a las embarcaciones para la navegación interior, en los términos de la ley en la materia.
  • Sociedades navieras dedicadas a la explotación comercial de embarcaciones para la navegación interior y de cabotaje, con excepción de cruceros turísticos y la explotación de dragas y artefactos navales para la construcción, conservación y operación portuaria.
  • Suministro de combustible y lubricantes para embarcaciones, aeronaves y equipo ferroviario.
  • Radiodifusión. Dentro de este máximo de inversión extranjera se estará a la reciprocidad que exista en el país en el que se encuentre constituido el inversionista o el agente económico que controle en última instancia a éste, directa o indirectamente.
  • Servicio de transporte aéreo nacional regular y no regular, servicio de transporte aéreo internacional no regular en la modalidad de taxi aéreo y servicio de transporte aéreo especializado. (adicionado en junio de 2017)

 Actividades en las que se requiere resolución favorable de la CNIE para que la inversión extranjera participe en un porcentaje mayor al 49%:

  • Servicios portuarios a las embarcaciones para realizar sus operaciones de navegación interior, tales como remolque, amarre de cabos y lanchaje.
  • Sociedades navieras dedicadas a la explotación de embarcaciones exclusivamente en tráfico de altura.
  • Sociedades concesionarias o permisionarias de aeródromos de servicio al público.
  • Servicios privados de educación preescolar, primaria, secundaria, mediasuperior, superior y combinados.
  • Servicios legales.
  • Construcción, operación y explotación de vías férreas que sean vía general de comunicación y prestación del servicio público de transporte ferroviario.

También se requiere resolución favorable de la CNIE en el caso de que la inversión extranjera pretenda adquirir más del 49% del capital social de sociedades mexicanas ya constituidas que realicen actividades no reguladas por la LIE cuando el valor total de los activos de las sociedades mexicanas de que se trate rebase el monto que determina la propia CNIE (ART 9).  La Resolución General de la CNIE publicada en el DOF  en mazo de 2017 establece que el monto del valor de los activos vigente es de  16.816.200.000  pesos.

Régimen de participación extranjera sin restricciones

En los casos no previstos en los supuestos anteriores, la inversión extranjera puede participar en el capital social de una sociedad mexicana hasta en un 100% de dicho capital.

Inversión neutra

Una excepción para que la inversión extranjera participe en actividades limitadas a extranjeros, es la que se efectúa a través de inversión neutra, que se define en la LIE como aquella realizada en sociedades mexicanas o fideicomisos autorizados conforme a la LIE, y que no computa para determinar el porcentaje de inversión extranjera en el capital social de sociedades mexicanas. Por lo general este tipo de inversión solo se tiene contemplada para sociedades anónimas o sociedades anónimas promotoras de inversión y no para los otros tipos de sociedades, pues se contemplan solo para las que puedan emitir acciones.

La llamada inversión neutra (mediante la adquisición de acciones neutras, es decir, de serie especial, o emitidas por sociedades mexicanas mediante fideicomisos autorizados) confiere a su tenedor derechos pecuniarios, pero no derechos corporativos, incluyendo el de voto, y permite excederlos límites a las restricciones de participación en el capital establecidas por la LIE. Dicha inversión puede ser realizada directamente en sociedades mexicanas o en los fideicomisos autorizados por la LIE, previa autorización, en el caso de empresas que coticen en Bolsa, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Por otra parte,  existe un principio doctrinario que aplica en derecho positivo mexicano, la Cláusula Calvo. Se llama así a la estipulación de renuncia de protección diplomática que se incorpora a los contratos entre un Estado latinoamericano y un ciudadano o corporación extranjeros, en virtud de la cual éstos no pueden acudir a su gobierno para defender sus derechos contractuales ni para formular reclamaciones contra la otra parte con ocasión o por consecuencia del contrato que les vincula.

 

 

ESTABLECIMIENTO DE EMPRESAS

Existen cuatro formas reconocidas por la legislación mexicana para llevar a cabo proyectos de inversión extranjera que impliquen el establecimiento de una empresa:

1. Apertura de una oficina de representación. Se distinguen dos tipos para efectos fiscales:

Oficina de representación con ingresos. Cuando la empresa matriz en España está legalmente establecida y reconocida jurídicamente en México. Se le otorga a la oficina de representación el tratamiento fiscal de un establecimiento permanente o base fija en el territorio mexicano. Estas oficinas realizan de forma habitual y permanente actividades empresariales, entre las que se pueden incluir las de promoción. Los requisitos para su establecimiento se describen en el inciso 2 siguiente.

Oficina de representación sin ingresos. En este caso, la oficina de representación no puede llevar a cabo actividades mercantiles. Se trata de oficinas que sirven de enlace entre México y España, y realizan funciones previas y auxiliares a las actividades de la empresa matriz española.

Si bien la Oficina de Representación sin ingresos no puede realizar actividades mercantiles, requiere para su funcionamiento de inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes que mantiene el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Lo anterior con objeto de que pueda abrir y mantener cuentas bancarias en la República Mexicana y cumplir sus obligaciones fiscales como retenedor del personal que emplee. También requiere de inscripción en el Instituto Mexicano del Seguro Social y, en general, en las demás instituciones relacionadas con los trabajadores. Este tipo de oficinas no requieren de la obtención de ninguna autorización, ni registro alguno ante la Secretaría de Economía.

Los pasos a seguir para el establecimiento de la oficina son que los documentos formalizados ante fedatario Español se apostillen y se protocolicen ante Notario Público Mexicano, los estatutos sociales de la entidad española, así como de los apoderados que realizarán actividades en México. Estos documentos servirán principalmente para presentarlos ante cualquier tercero o autoridad en la República Mexicana.

2. Establecimiento de una sucursal. De acuerdo con la LIE, se entiende por sucursal toda sociedad extranjera que se establece en el país para realizar de forma habitual actos de comercio en la República Mexicana. Toda sucursal es una oficina de representación con ingresos, pero no todas las oficinas de representación con ingresos son sucursales. Las sucursales están reconocidas por el Código de Comercio  como comerciantes.

3. Constitución de una sociedad mercantil. En la formación de una sociedad mexicana, la LIE permite que exista una participación de capital extranjero de hasta el 100%. En el caso de que la participación sea igual o superior al 51% del capital social, se considerará “subsidiaria” (lo que en España se denomina habitualmente “filial”). Como se ha señalado en párrafos anteriores, en algunos casos, la LIE prohíbe o restringe la participación extranjera en las sociedades mercantiles, dependiendo de la actividad económica que se vaya a desarrollar. La legislación mexicana contempla 7 modalidades de sociedades mercantiles: Sociedades en nombre colectivo; Sociedades en comandita simple; Sociedades de responsabilidad limitada; Sociedad Anónima; Sociedad en comandita por acciones; sociedad cooperativa y, desde marzo de 2016, Sociedad por Acciones Simplificada (una modalidad más sencilla para ser constituida y gratuita, que puede ser unipersonal aunque con limitaciones como un monto máximo de ingresos de 5 millones de pesos y la naturaleza de su actividad que debe ser comercial).

http://www.gob.mx/presidencia/articulos/promulgacion-de-la-reforma-sobre-sociedades-mercantiles-simplificadas

 4. Contrato de asociación. Ésta es una forma de inversión que en ocasiones se identifica con la Joint Venture (JV). En México no existe una regulación particular de las JV, por lo que están sujetas a los acuerdos a los que lleguen las partes. Los acuerdos que derivan de las JV pueden implicar vehículos, como son la constitución de sociedades mercantiles o fideicomisos u otro tipo de contratos. No obstante, la Ley General de Sociedades Mercantiles (LGSM) regula un tipo de JV, que es la Asociación en Participación. A pesar de que la LGSM no reconoce personalidad jurídica a las JV, la legislación fiscal en vigor les otorga personalidad jurídica, considerándolas a todos los efectos como personas jurídicas distintas de los asociados.

 

 

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Propiedad inmobiliaria

La propiedad inmobiliaria por parte de extranjeros en México tiene algunas limitaciones que tienen su fundamento básicamente en el artículo 27 de la Constitución y en diversas disposiciones de la Ley de Inversión Extranjera.

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf

Así, el artículo 27 regula la propiedad de tierras y aguas en México y establece su primera sección que  “Sólo los mexicanos por nacimiento o por naturalización y las sociedades mexicanas tienen derecho para adquirir el dominio de las tierras y aguas y obtener concesiones de explotación de minas o aguas”. Además, el mismo párrafo establece que, el Estado podría conceder permiso para obtener dominio sobre esas tierras y aguas siempre que ese extranjero acepte ser tratado como nacional mexicano en relación con esos bienes y a no invocar la protección de sus gobiernos en ningún asunto relacionado con esa propiedad.

Con el fin de proporcionar una interpretación específica a esta primera sección del artículo 27 de la Constitución Mexicana, el Gobierno de México promulgó una nueva Ley de Inversión Extranjera en diciembre de 1993, mediante la cual se flexibilizó la forma de adquisición directa por parte de extranjeros de bienes  inmuebles.

La LIE distingue una zona restringida para adquirir inmuebles y otra zona libre.

La zona restringida está delimitada por una franja de 100 kilómetros a lo largo de las fronteras del país y de 50 kilómetros en las playas. En esta zona los extranjeros o personas jurídicas sin cláusula de exclusión de extranjeros en sus estatutos no podrán adquirir el dominio directo de bienes inmuebles, salvo lo expuesto respecto a adquisiciones para fines o actividades no residenciales por personas jurídicas. Son actividades no residenciales las de tiempo compartido, actividades industriales, comerciales o turísticas, etc. En todo caso, la Secretaría de Relaciones Exteriores tendrá la facultad de, previa consulta, determinar si un bien es o no de tipo residencial.

En la zona restringida, los extranjeros y sociedades sin cláusula de exclusión de extranjeros en sus estatutos sociales pueden adquirir derechos sobre bienes inmuebles ubicados en dicha zona, para usarlos como vivienda, cuando la compra se efectúe a través de fideicomisos, en los que aparezcan como fideicomisarios. El fideicomiso permite al fideicomisario tener el usufructo y el control de la propiedad de un activo determinado, aunque no su titularidad. La vigencia de este fideicomiso se extiende originalmente por un período de 50 años, pudiendo renovarse de manera indefinida por plazos idénticos.

Los extranjeros que pretendan adquirir bienes inmuebles fuera de la zona restringida, u obtener concesiones para la exploración y explotación de minas y aguas en el territorio nacional, deberán presentar previamente ante la Secretaría de Relaciones Exteriores un escrito en el que convengan con lo dispuesto en la fracción I del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y obtener el permiso correspondiente de dicha dependencia.

Cuando el bien inmueble que se pretenda adquirir esté en un municipio totalmente ubicado fuera de la zona restringida o cuando se pretenda obtener una concesión para la explotación de minas y aguas en el territorio nacional, el permiso se entenderá otorgado si no se publica en el Diario Oficial de la Federación la negativa de la Secretaría de Relaciones Exteriores, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de la presentación de la solicitud.

Cuando el bien inmueble que se pretenda adquirir esté en un municipio parcialmente ubicado dentro de la zona restringida, la Secretaría de Relaciones Exteriores resolverá la petición dentro de los 30 días hábiles siguientes a la fecha de su presentación.

 En definitiva, los extranjeros, personas físicas o jurídicas extranjeras o sociedades mexicanas con inversión extranjera, por regla general no tienen limitaciones para adquirir bienes inmuebles en la República Mexicana, salvo en la zona identificada como restringida (100km fronteras y 50 km en playas). La adquisición fuera de esta zona restringida es libre con el único requisito de la obtención de un permiso ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, y aceptado el convenio de renuncia a la protección de su Gobierno. Este convenio se conoce como “Cláusula Calvo”, y los fedatarios públicos lo solicitan para consignar las adquisiciones respectivas. El 2 de Marzo de 1998, la Secretaría de Relaciones Exteriores publicó una resolución en la cual se establece que a todos los nacionales de países que mantienen relaciones diplomáticas con México, solo se les solicitará presentar una solicitud en la que manifiesten su acuerdo en ser considerados como nacionales mexicanos en los términos anteriormente señalados.

 

 

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Incentivos a la inversión (fiscales, sectoriales, regionales y locales)

Los principales instrumentos federales de apoyo vigentes en la actualidad son:

1.- PROGRAMAS DE COMERCIO EXTERIOR[1]

a) Programa de Devolución de Impuestos de Importación a los Exportadores (DRAWBACK) Ofrece la posibilidad de obtener la devolución del impuesto general de importación pagado por los bienes que se incorporaron a mercancías de exportación, o por las mercancías que se retornan en el mismo estado o que hayan sido sometidas a procesos de reparación o alteración.

b) Decreto para Fomento de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX). El Decreto para el Fomento de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (Decreto IMMEX) integra los programas para el Fomento y Operación de la Industria Maquiladora de Exportación (Maquila) y los Programas de Importación Temporal para Producir Artículos de Exportación (PITEX), cuyas empresas representan en su conjunto el 85% de las exportaciones manufactureras de México.

El Programa IMMEX es un instrumento mediante el cual se permite importar temporalmente los bienes necesarios para ser utilizados en un proceso industrial o de servicio destinado a la elaboración, transformación o reparación de mercancías de procedencia extranjera importadas temporalmente para su exportación o a la prestación de servicios de exportación, sin cubrir el pago del impuesto general de importación, del impuesto al valor agregado y, en su caso, de las cuotas compensatorias.

c) Programa de Promoción Sectorial (PROSEC). Instrumento que permite a las compañías importar con arancel preferencial (en su mayoría cero) determinados productos, independientemente de que las mercancías a producir sean destinadas a la exportación o al mercado nacional.

d) Programa de Empresas Altamente Exportadoras (ALTEX) Instrumento de promoción a las exportaciones de productos mexicanos, consistente en la eliminación de obstáculos administrativos y la aplicación facilidades fiscales a favor del sector industrial.

 e) Registro de Empresas de Comercio Exterior (ECEX) Instrumento de promoción a las exportaciones, mediante el cual las empresas comercializadoras podrán acceder a los mercados internacionales con facilidades administrativas y apoyos financieros de la banca de desarrollo.

 f) REGLA OCTAVA, del Artículo 2 de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación[2]

Mecanismo vinculado a los programas de promoción sectorial que permite importar materiales, insumos, partes y componentes a través de las fracciones arancelarias de la partida 98.02 de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación (TIGIE) con arancel cero, previa autorización de la Secretaría de Economía.

Fuentes de información de interés:

ð     Sistema Integral de Información de Comercio Exterior (SIICEX) www.siicex.gob.mx/

ð     Programas de apoyo al comercio exterior de la Secretaría de Economía  http://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/industria-y-comercio-instrumentos-de-comercio-exterior

ð   Información y guía de apoyos para el exportador  http://www.promexico.gob.mx/es/mx/informacion-exportar

ð     Prácticas comerciales nacionales www.practicascomerciales.economia.gob.mx/

 

2.- PROGRAMAS DE DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN.

La actual administración ha puesto en marcha un “Programa de Desarrollo Innovador 2013-2018” que busca desarrollar una política industrial y de innovación que promueva un crecimiento equilibrado por sectores, regiones y empresas, alinear los programas e instrumentos de la secretaría y de otras dependencias, impulsar el acceso a la financiación y el capital etc. El texto íntegro del programa se puede consultar en el link:

http://www.economia.gob.mx/files/prodeinn/Programa_de_Desarrollo_Innovador2013-2018.pdf

A continuación se recogen algunos de los principales programas de apoyo al desarrollo tecnológico y la innovación aunque se puede obtener información adicional sobre programas en las páginas de Conacyt y de la secretaría de economía:

http://www.conacyt.mx/ (Fondos y Apoyos)

http://www.gob.mx/se/ (Acciones y Programas)

http://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/reglas-de-operacion-e-informes-sector-economia-programas-de-subsidios-y-fideicomisos

Fondos y Apoyos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. CONACYT. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, responsable de elaborar las políticas de ciencia y tecnología en México, fue creado en 1970, como un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal mexicana, integrante del Sector Educativo, con personalidad jurídica y patrimonio propio.

El CONACYT tiene como meta la consolidación de un Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología que responda a las demandas prioritarias del país, que dé solución a problemas y necesidades específicos, y que contribuya a elevar el nivel de vida y el bienestar de la población. Los sectores que identifica como estratégicos son: las tecnologías de información y las comunicaciones, biotecnología, materiales avanzados, diseño y los procesos de manufactura, infraestructura y el desarrollo urbano y rural, incluyendo sus aspectos sociales y económicos; las innovaciones en estas áreas se orientarán a atender a la población menos favorecida. Recibirán también especial atención las acciones relacionadas con la atención a mujeres, personas con discapacidad, grupos indígenas y migrantes.

Los principales instrumentos del CONACYT son los siguientes[3]:

-       Fondos Sectoriales: Fideicomisos que las dependencias y las entidades de la Administración Pública Federal conjuntamente con el CONACYT pueden constituir para destinar recursos a la investigación científica y al desarrollo tecnológico en el ámbito sectorial correspondiente. Entre ellos podemos destacar el programa conjunto CONACYT-Secretaría de Economía- FINNOVA. El objetivo de este fondo sectorial es la realización de investigaciones científicas, desarrollo tecnológico, innovación, registro nacional e internacional de propiedad intelectual, la formación de recursos humanos especializados, becas, conformación y desarrollo de redes y alianzas regionales de innovación, empresas y actividades de base tecnológica etc.

http://www.conacyt.mx/index.php/fondos-sectoriales-constituidos2/item/economia-conacyt-2

Fondos sectoriales: http://www.conacyt.mx/index.php/fondos-y-apoyos/fondos-sectoriales

-       Fondos Mixtos: Instrumento que apoya el desarrollo científico y tecnológico estatal y municipal, a través de un Fideicomiso constituido con aportaciones del Gobierno del Estado o Municipio, y el Gobierno  Federal, a través del CONACYT.

-       Fondos Institucionales: Fondos constituidos con fundamento en los artículos 23 y 24 de la Ley de Ciencia y Tecnología

http://www.conacyt.mx/index.php/fondos-y-apoyos/fondos-institucionales

-       Apoyos Institucionales: Apoyos otorgados a las actividades de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación que realicen las personas físicas o morales de los sectores público, social y privado, los cuales, para ser otorgados requieren autorización expresa del Director General de CONACYT, contando con la opinión del Comité de Apoyos Institucionales (CAI).

-       Programa de Estímulo a la Innovación: Programa de apoyo para las empresas que inviertan en proyectos de investigación, desarrollo de tecnología e innovación dirigido al desarrollo de nuevos productos, procesos o servicios. INNOVAPYME (innovación tecnológica para micro, pequeñas y medianas empresas), INNOVATEC (innovación tecnológica para grandes empresas) y PROINNOVA ( proyectos en red orientados a la innovación).http://www.conacyt.mx/index.php/fondos-y-apoyos/programa-de-estimulos-a-la-innovacion

Además, el CONACYT otorga becas y ofrece formación de recursos humanos especializados; apoya la creación, desarrollo o consolidación de grupos de investigadores o centros de investigación y otorga estímulos y reconocimientos a investigadores y tecnólogos, en ambos casos asociados a la evaluación de sus actividades y resultados.

Fondos y apoyos: http://www.conacyt.mx/index.php/fondos-y-apoyos

Programa para el Desarrollo de las Industrias de Alta Tecnología (PROIAT, antes PRODIAT)[4]. El Programa para el Desarrollo de las Industrias de Alta Tecnología otorga apoyos de carácter temporal por valor de hasta el 50% del valor de proyectos (70% en determinados casos) que fomentan la transferencia y adopción de tecnologías de vanguardia para potenciar la competitividad de los sectores precursores y de alta tecnología, atendiendo las fallas de mercado que obstaculizan el crecimiento de la producción, el empleo, la productividad y la competitividad de las empresas y de la industria en general,

Programa de Desarrollo del Sector de Servicios de Tecnologías de Información. (PROSOFT)[5]. Programa de la Secretaría de Economía que tiene como objetivo contribuir al crecimiento del sector de tecnologías de la información en México, mediante apoyos económicos a proyectos relacionados con las tecnologías de la información.

Programa para la Productividad y Competitividad Industrial (PPCI). Programa de la Secretaría de Economía orientado al desarrollo del capital humano, a la mejora de la calidad de los procesos y productos de la industria, a la adopción de nuevas tecnologías etc.  

 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/177674/ro_ppci_2017.pdf

Programa para el desarrollo de la productividad de las industrias ligeras (PROIND). Programa que busca impulsar la productividad y el encadenamiento productivo, incorporación de tecnología etc. en sectores que producen bienes de consumo básico para la población.

Fondo para Impulsar la Innovación.

Programa de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto. (PROLOGYCA)[6]. Busca promover el desarrollo de servicios logísticos, a través del otorgamiento de subsidios de carácter temporal a proyectos que fomenten la creación, modernización, eficiencia, consolidación, competitividad y sustentabilidad de las empresas en México en lo que respecta a logística y el abasto, así como fomentar, dentro de las empresas, la incorporación de mejores prácticas en su gestión logística.

3.- APOYO A LAS MIPYMEs

a)      Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM)[7]

Órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Economía, que tiene por objetivo instrumentar, ejecutar y coordinar la política nacional de apoyo a emprendedores y a las micro, pequeñas y medianas empresas de acuerdo con los siguientes objetivos:

-       Apoyar la inserción exitosa de la MIPYMES

-       Detonar proyectos productivos

-       Fortalecer el ecosistema de financiamiento

-       Inculcar una nueva cultura nacional emprendedora y empresarial

INADEM cuenta con la Red de Apoyo al Emprendedor, compuesta por programas del Gobierno de la República y Gobiernos Estatales con servicios públicos y privados y permite multiplicar los impactos a través de los diversos apoyos que ofrece por medio de los diferentes actores que la integran.

Fondo Nacional Emprendedor (FNE)[8]: se crea en 2014 mediante la fusión del Fondo Pyme y el Fondo Emprendedor de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (FONDO PYME). El FNE cuenta con diversas categorías y un amplio abanico de Convocatorias que buscar apoyar a los emprendedores y las micro, pequeñas y medianas empresas del país para crear, fortalecer y hacer más competitivas a sus empresas, entre las que destacan:

-       Desarrollo de proveedores

-       Competitividad sectorial y regional

-       Reactivación económica

-       Reactivación Económica para el Programa Nacional para la prevención Social de la Violencia y la Delincuencia y la Cruzada Nacional contra el Hambre

-       Obtención de apoyos para proyectos de Mejora Regulatoria

-       Articulación estratégica de agrupaciones empresariales

-       Creación, seguimiento y fortalecimiento de empresas tradicionales e incubadoras de alto impacto

-       Fortalecimiento de aceleradoras de empresas y proceso de aceleración de empresas nacional e internacional

-       Realización de eventos empresariales para fomentar el desarrollo de sectores estratégicos, encuentros de negocio y emprendimiento

-       Otorgamiento de apoyos para el crecimiento y la consolidación del modelo de franquicias

-       Conformación de MIPYMES mexicanas en consorcios de exportación

-       Fortalecimiento de microempresas manufactureras

-       Creación y Fortalecimiento de Redes Estatales de Puntos para Mover a México

-       Realización de Campañas y Talleres de Sensibilización para la Cultura Emprendedora y Desarrollo de Habilidades Empresariales

-       Fomento a las Iniciativas de Innovación

-       Asesoría para el Acceso al Financiamiento

-       Programa de Desarrollo del Ecosistema de Capital Emprendedor

-       Impulso a Emprendedores y Empresas a través del Programa de Emprendimiento de Alto Impacto. En este sentido cabe señalar que, en mayo de 2016, México ha sido la sede del lanzamiento del programa de aceleración de negocios Mass Challenge que ya existe en EEUU, Reino Unido e Israel.

-       Fortalecimiento Institucional de entidades de fomento de los Gobiernos Estatales

-       Formación de Capacidades

-       Integración de MIPYMES a las cadenas productivas globales

-       Desarrollo de la Oferta Exportable

Información adicional sobre estos programas en: https://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/reglas-de-operacion-e-informes-sector-economia-programas-de-subsidios-y-fideicomisos

 

 

4.- INCENTIVOS FISCALES

No existen en México incentivos fiscales específicos para la inversión extranjera salvo algunos que pueden ofrecer los estados o municipios en relación con los impuestos que se cobran localmente o deducciones que tienen que ver con la contratación de personas mayores y/o con discapacidad etc.

Con carácter general, las deducciones a las que tienen derecho las empresas en el marco del Impuesto sobre la Renta se recogen en los artículos 25 y siguientes de la ley que regula el impuesto. Adicionalmente, en el “régimen de incorporación fiscal” incorporado en  la reforma de 2013 se establece que las personas físicas con actividad empresarial con ingresos menores a dos millones de pesos que se incorporen al mecanismo podrán acceder a un descuento del 100% en el pago del impuesto sobre la renta el primer año, porcentaje que irá disminuyendo 10 puntos porcentuales al año en los siguientes 10 años que durará el esquema.

Los incentivos diseñados para la atracción de la inversión extranjera tienen más que ver con el apoyo y fomento del comercio exterior y programas específicos para favorecer el desarrollo tecnológico, apoyar a las pymes etc. que se recogen en el apartado “Incentivos a la Inversión2. En cualquier caso, es recomendable recurrir a las Secretarías de Desarrollo Económico de los Estados que se estén analizando para el establecimiento de una inversión ya que estos organismos apoyan y ponen a disposición de las empresas extranjeras, en función de la naturaleza de su inversión, programas e incentivos específicos que pueden tener para atraer empresas de sectores o actividades específicas etc.

 5.- INCENTIVOS LABORALES[9]

a)      Programas de formación

-          Cursos de capacitación para el trabajo que ofrece la Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo (DGCFT) de la Secretaría de Educación Pública.

-          Programa de Capacitación a distancia para trabajadores (PROCADIST) de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social: busca fortalecer las competencias laborales de los trabajadores en activo, a través de un esquema de capacitación de cursos que favorecen el aprendizaje en entornos virtuales.

-          Crédito FONACOT para la capacitación y formación educativa: financiación a un plazo de hasta 5 años del Instituto FONACOT para acceder a las diversas opciones en el mercado destinadas a la capacitación y formación educativa que trabajadores o sus familiares continúen con sus estudios.

-          Subprograma Bécate del Programa a la Capacitación del Empleo (PACE): programa para desempleados operado por las oficinas del Servicio Nacional de Empleo (SNE) de cada entidad federativa y dependen de los gobiernos de los estados.

-          Programas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT): la institución formula y financia programas de becas y en general de apoyo a la formación de capital humano científico y tecnológico. Destacan los programas de becas que incluyen becas nacionales (Programa Nacional de Posgrado de Calidad, Programa de Fortalecimiento Académico para Indígenas, Formación para la administración pública y Estancias posdoctorales nacionales) e internacionales (Estancias posdoctorales y sabáticas en el extranjero, Repatriaciones y Retenciones y Programa de cooperación al posgrado).

b)      Apoyos a la contratación

Medidas de apoyo al empleo de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), entre las que se encuentra el Programa de Apoyo para la Productividad, que incluye medidas de capacitación, ayudas a la certificación de trabajadores, asistencia técnico-legal y cursos.

 


[1]http://www.economia.gob.mx/comunidad-negocios/industria-y-comercio/

[2]http://www.economia.gob.mx/files/marco_normativo/A333.pdf

[3] http://www.conacyt.mx/index.php/fondos-y-apoyos

 http://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/

desarrollo-tecnologico-e-innovacion

[4] http://www.economia.gob.mx/mexico-emprende/programas/

[5] http://www.prosoft.economia.gob.mx/

[6] http://www.prologyca.economia.gob.mx/

[7] www.sistemaemprendedor.gob.mx/index.html

       www.inadem.gob.mx/

[8] www.fondopyme.gob.mx/

[9] http://app.empleo.gob.mx/STPSEmpleoWebBack/cursoFormacion.do?method=init

 http://www.empleo.gob.mx/en_mx/empleo/      Capacitacion, fonacot, becas etc.

http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/conoce/areas_atencion/  productividad laboral

 

 

 

 

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Representación y agencia

La base legal de los contratos relacionados con la distribución comercial la podemos encontrar en el Código Civil, el Código de Comercio y la Legislación Mercantil. No obstante no todos los contratos están regulados. Los contratos típicos son aquellos que se encuentran regulados en la legislación, en cuanto a sus características y contenido obligatorio, en tanto que los atípicos son aquellos que carecen de alguna regulación o disciplina en la legislación. La actividad comercial ha originado que estos contratos a típicos se empleen por los comerciantes dando lugar a la existencia de contratos de distribución, suministro, agencia, etc. Al no tener una regulación específica sus características provienen de otros contratos típicos, pues se pueden hacer referencias a la compraventa mercantil, tratándose de la distribución o suministro y a la comisión mercantil tratándose de la agencia, por dar algunos ejemplos.

En la práctica en México se utilizan estos contratos con base en los usos y prácticas mercantiles habituales, sin descuidar particularidades de otros contratos típicos, incorporándoles obligaciones contractuales expresamente reguladas en la ley.

La ventaja de estos contratos es que al no existir una regulación legislativa permite la libertad contractual entre las partes, la cual principalmente en contratos comerciales no se encuentra limitada por la ley, respetando la voluntad de contratar de las partes.

Por otro lado, es importante tener en cuenta que México suscribió la Convención de las Naciones Unidas sobre el Reconocimiento y Ejecución de Sentencias Arbitrales Extranjeras en 1970 aunque no fue hasta el 22 de julio de 1993, cuando se publicaron en el Diario Oficial de la Federación (DOF) importantes modificaciones al Código de Comercio, adicionando un Título Cuarto (Del Arbitraje Comercial). El Procedimiento de Arbitraje Comercial, contemplado por el Código de Comercio se basó en la Ley Modelo de Arbitraje Comercial Internacional realizada por la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, conocida por sus siglas en inglés como UNCINTRAL.

Una de las alternativas para prevenir y resolver conflictos para cualquier empresa que tenga actividades en México, puede ser el procedimiento arbitral en lugar de acudir a tribunales. Para poder recurrir al arbitraje es importante  incluir en los contratos una cláusula compromisoria arbitral. Pueden consultar información adicional en el Centro de arbitraje de México: http://www.camex.com.mx

 

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Formación de "joint-ventures". Socios locales

La joint venture es una forma muy empleada a la hora de invertir en México. Las formas más usuales de asociación empresarial o JV son las siguientes, aunque también existen otras posibilidades:

  • Contrato de participación conjunta o cooperación.
  • Adquisición en copropiedad de un activo o activos.
  • Constitución de una sociedad mercantil.
  • Constitución de una sociedad mercantil de objeto especifico (para el caso de APP)
  • Constitución de un fideicomiso.
  • Contrato de asociación en participación.
  • Contratos de Asociación Público Privada

Las formas a escoger pueden variar según la viabilidad de cada proyecto y particularmente de los beneficios fiscales.

El contrato de asociación en participación se encuentra regulado en la LGSM, la cual no le otorga personalidad jurídica. El contrato debe efectuarse por escrito y no está sujeto a inscripción alguna. El Asociante y el Asociado constituyen las partes del contrato.

El asociante obra en nombre propio y no existe relación jurídica entre los asociados y terceras partes, es decir, que el único que responde ante terceros es el asociante (aunque las partes de la asociación pueden acordar compartir la responsabilidad). El asociado aporta bienes al asociante para que éste los destine al objeto del contrato. Una vez cumplido o alcanzado éste, la asociación en participación se disolverá.

Para la distribución de beneficios y pérdidas se aplican las mismas reglas que para las sociedades mercantiles, con la salvedad de que los asociados sólo responderán hasta por el monto de su aportación.

El asociante es responsable del cumplimiento de las obligaciones fiscales de la asociación (lo que incluye el registro en el RFC). Este tipo de asociaciones fueron fuertemente afectadas por las reformas fiscales de 1999, que les otorgan tratamiento de persona jurídica, a efectos del impuesto, y en consecuencia hicieron desaparecer todos los beneficios que el emplear esta figura representaba.

La Sociedad Civil (S.C.) y la Asociación Civil (A.C.) son otras modalidades por medio de las cuales se pueden llevar a cabo actividades en México. Bajo la primera suelen asociarse proveedores de servicios, tales como abogados o auditores, en tanto que la segunda es la forma de sociedad más empleada por las organizaciones no lucrativas. Estas dos formas de asociación están reguladas por el Código Civil del estado en que se establezcan.

 

El contrato de asociación público-privada sólo podrá celebrarse con particulares personas morales cuyo objeto social o fines sean, de manera exclusiva, realizar actividades necesarias para desarrollar un proyecto específico.

 

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Tipos de sociedades

Existen cuatro formas reconocidas por la legislación mexicana para llevar a cabo un proyecto de inversión extranjera que implica el establecimiento de una empresa o un acuerdo, que se explican detalladamente a lo largo de este capítulo:

  • Oficina de Representación.
  • Sucursal
  • Sociedad Mercantil
  • Joint Venture

En este apartado se resumen algunos aspectos de interés para el inversor español relacionados con la constitución de una sociedad en México.

En primer lugar se abordan los aspectos más importantes relacionados con el establecimiento de una oficina de representación en México y después, los tres tipos de sociedades mercantiles que pueden ser de mayor interés para el inversor español, la Sociedad de Responsabilidad Limitada (S de R.L.)  la Sociedad Anónima (S.A.) y la Sociedad Anónima Promotora de Inversión y por último la Joint Venture o Asociación.

Establecimiento de una oficina de representación en México

Como se indicó en el epígrafe anterior, existen dos tipos de oficinas de representación:

Sucursal u oficina de representación con ingresos

Una sucursal (oficina de representación con ingresos) es una persona jurídica extranjera a la que la legislación mexicana le ha reconocido esa personalidad. Puede realizar todo tipo de operaciones mercantiles, salvo aquéllas que estén reservadas a las empresas mexicanas (y que, sin embargo, sí podría realizar una filial/sucursal constituida conforme a la ley mexicana).

Para que puedan operar y ser reconocidas como empresas extranjeras en México, las sucursales deben solicitar la autorización a la Secretaría de Economía (Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras) y, una vez otorgada ésta, podrán inscribirse en el Registro Público de Comercio de la plaza en la que se establezcan. Al tratarse de una sociedad extranjera, lo que se inscribe es el Acta de Constitución de la misma y los poderes de sus representantes. La empresa se reconocerá si está válidamente constituida conforme a sus leyes nacionales.

Para la autorización de la Secretaría de Economía se deberá acreditar:

- Que la persona jurídica está constituida conforme a las leyes de su país.

- Que la escritura constitutiva y los estatutos sociales no son contrarios a las disposiciones de orden público de la legislación mexicana.

Una vez otorgada la autorización, ésta se publica en el Diario Oficial de la Federación y con ésta, como se ha dicho, ya se puede proceder a la inscripción de los estatutos de la sociedad en el Registro Público de Comercio de la plaza en la que se establezca. Una vez realizada dicha inscripción, la sucursal estará facultada para desarrollar actos de comercio en la República Mexicana.

La empresa se regirá en su funcionamiento por sus leyes internas, que serán sus estatutos y la Ley conforme a la cual se haya constituido (por ejemplo, si se trata de una S.A. española, se regirá por la legislación española en la materia).

Con la inscripción en el Registro Público de Comercio se podrá solicitar y obtener el número de identificación fiscal (RFC, equivalente al NIF). Si la sucursal va a realizar actividades de importación, debe inscribirse además en el padrón de importadores. Aunque pagará impuestos en México, se considerará a todos los efectos como una sociedad extranjera. Para la repatriación de beneficios habrá de tenerse en cuenta lo dispuesto en la Ley General de Sociedades Mercantiles y el Convenio Bilateral para Evitar la Doble Imposición entre México y España.

Excepciones a la autorización.

La Secretaría de Economía emitió la Resolución General por la que se amplía el Criterio Establecido para la Aplicación del Artículo 17 de la Ley de Inversión Extranjera Relativo al Establecimiento de Personas Morales Extranjeras en México, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de mayo de 2014. En la Resolución General publicada el 13 de mayo, se pretende ampliar el criterio que ya se había establecido en Agosto de 2012, y se acuerda que todas las personas morales extranjeras que se pretendan establecer  en la República Mexicana, están exentas de obtener la autorización del artículo 17 de la LIE siempre y cuando se hayan constituido conforme a las leyes de los países Miembros de la Organización Mundial del Comercio y presenten, a través de su representante legal o apoderado, un escrito bajo protesta de decir verdad de que:


a)  Su contrato social y demás documentos constitutivos no son contrarios al orden público, y proporcionen la actividad principal que pretenden realizar en el territorio nacional, de conformidad con la LIE.

b)  Han sido constituidas de conformidad con las leyes de su país de origen,

c)  En el caso de las personas que pretendan realizar habitualmente actos de comercio en la República o tendrán en ella alguna agencia o sucursal, deben proporcionar el domicilio correspondiente; y,
d)  en el caso de las personas morales extranjeras de naturaleza privada que tendrán representante domiciliado en el lugar donde van a operar, autorizado para responder de las obligaciones que contraigan, deben proporcionar el nombre y domicilio correspondientes.

Dichas personas morales extranjeras deberán presentar el escrito mencionado en el Registro Público de Comercio con el sello y fecha de recepción, así como el folio otorgado por la SE.

http://www.cofemer.gob.mx/noticia.aspx?not_id=2105

 Oficina de representación sin ingresos

Esta persona jurídica extranjera no realiza operaciones mercantiles: es una entidad de representación de sociedades extranjeras, y tiene como única finalidad proporcionar servicios informativos y de asesoría sobre las actividades, productos o servicios que presta su matriz en el exterior. Este tipo de oficinas requiere autorización de la Secretaría de Economía para establecerse en México, no requiere inscripción en el Registro Público de Comercio, y sólo deberá tramitar su alta ante la Secretaría de Economía y, en caso de que tenga personal contratado, ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Requiere para su funcionamiento de inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes que mantiene el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Lo anterior con objeto de que pueda abrir y mantener cuentas bancarias en la República Mexicana y cumplir sus obligaciones fiscales como retenedor, respecto del personal que emplee.

También requiere de inscripción en el Instituto Mexicano del Seguro Social, y en general ante las demás autoridades relacionadas con los trabajadores.

Los pasos a seguir para el establecimiento de la oficina, son que se protocolicen ante Notario Público los estatutos sociales de la entidad Española, así como de los apoderados que realizarán actividades en México, una vez que dichos documentos hayan sido apostillados en el país de origen (España). Estos documentos servirán principalmente para presentarlos ante cualquier tercero o autoridad en la República Mexicana.

De conformidad con la Ley de Concursos Mercantiles, las sucursales podrán ser declaradas en concurso mercantil. La declaración únicamente comprenderá los bienes y derechos localizados y exigibles, según sea el caso, en el territorio mexicano y a los acreedores por operaciones realizadas con dichas sucursales. De lo anterior debe entenderse que ningún acreedor mexicano que tuviere derechos de crédito respecto de la sucursal podrá exigir cantidad alguna a la matriz en España. 

Sociedad Mercantil

La Ley General de Sociedades Mercantiles (LGSM) reconoce en su artículo 1º los siguientes tipos de sociedades mercantiles:

I.- Sociedad en nombre colectivo;

II.- Sociedad en comandita simple;

III.- Sociedad de responsabilidad limitada;

IV.- Sociedad anónima;

V. Sociedad en comandita por acciones;

VI. Sociedad cooperativa, y

VII. Sociedad por acciones simplificada.  ( nueva fórmula incorporada en marzo de 2016)

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/144_140316.pdf

Las formas jurídicas que más habitualmente seleccionan las empresas extranjeras que inician actividades en México son la Sociedad de Responsabilidad Limitada y la Sociedad Anónima.

 

Sociedad de responsabilidad limitada (S. de R.L.)

Capital mínimo

El capital social mínimo será el que se establezca en el contrato social y debe estar íntegramente suscrito. El 50% del valor de cada parte social debe desembolsarse en efectivo en el momento de la suscripción. El capital puede estar suscrito en un 100% por extranjeros, salvo en aquellos casos en los que su participación esté limitada o prohibida por la LIE, como se ha especificado en el apartado correspondiente de este documento.

El capital social está dividido en partes sociales, las cuales no  están representadas por títulos negociables, a la orden o al portador, pues sólo pueden ser transferibles en los casos previstos por la LGSM y el contrato social.

Los aumentos o disminuciones del capital social se realizarán mediante aprobación en Asamblea Extraordinaria de Socios. Sin embargo, no podrá disminuirse el capital social a menos del importe mínimo exigido en los estatutos sociales. Tratándose de ampliaciones de capital, los socios gozan de derecho preferente para suscribir las partes sociales emitidas con motivo de las mismas. Este derecho es renunciable e incluso puede suprimirse, si así se establece en el contrato social.

Socios

La LGSM exige un mínimo de 2 y un máximo de 50 socios para constituir una S. de R. L.

La transmisión de las partes sociales se efectúa mediante cesión y ésta solo puede llevarse a cabo por acuerdo de una Asamblea Extraordinaria de Socios. En tal caso, los socios tienen derecho de tanteo (derecho de preferencia que ocasiona la nulidad total si es desatendido) si se ha autorizado la cesión a una persona extraña a la sociedad. Este derecho debe ejercerse en los 15 días posteriores a la autorización por la Asamblea.

La Asamblea de Socios es el órgano supremo de la sociedad y sus resoluciones se aprueban por mayoría de votos de los socios que representen cuando menos el 50% del capital social, salvo que el contrato social establezca una mayoría más elevada. Para modificar el contrato social se requiere de la aprobación del 75% del capital social, y para el cambio del objeto social o de las reglas que determinen un aumento de las obligaciones de los socios, se requiere la unanimidad de votos, salvo pacto en contrario.

La S.de R.L. está obligada a llevar un libro de registro de socios en el que constarán el nombre y domicilio de cada uno con la indicación de sus aportaciones y la transmisión de las partes sociales, en su caso.

Administración

La administración de la S. de R.L. se delega en uno o más gerentes, que podrán ser socios o personas ajenas a la sociedad, designados temporalmente o por tiempo indeterminado. Cuando son varios, forman un Consejo de Gerentes.

El Consejo de Gerentes puede reunirse en cualquier momento y funcionará válidamente con la mayoría de sus integrantes. Sus decisiones se toman por mayoría de los presentes.

Vigilancia

Podrá haber uno o más socios o personas ajenas a la sociedad que se encarguen de la vigilancia de los actos de los gerentes.

Sociedad anónima (S.A.)

Capital mínimo

El capital social mínimo exigido es el que establezca el contrato social y debe estar íntegramente suscrito. El 20% del valor de cada acción debe exhibirse en efectivo. El capital puede estar suscrito en un 100% por extranjeros, salvo que la LIE restrinja o prohíba las actividades de la empresa a los extranjeros. Los estatutos deberán hacer constar la forma y términos en que deba desembolsarse la parte restante de las acciones. Aunque no se establece ningún plazo para la amortización de las acciones en efectivo, si se dispone que:

- No pueden emitirse nuevas acciones hasta que las precedentes hayan sido íntegramente pagadas.

- Las acciones pagadas en su totalidad o en parte mediante aportaciones en especie deben quedar depositadas en la sociedad durante dos años.

Los estatutos deben especificar las condiciones para todo aumento o disminución de capital, así como el capital mínimo, que nunca podrá ser inferior al mínimo establecido en los estatutos sociales.

Las acciones pueden pagarse en efectivo o en especie. En este último caso, se requiere que los bienes aportados permanezcan depositados en la sociedad un mínimo de dos años, y si su valor disminuye en dicho plazo en un 25% o más del valor por el cual fueron aportados, el accionista cubrirá la diferencia.

No existe límite para el endeudamiento de la sociedad con relación a su capital social. En caso de pérdida de capital social, éste deberá ser reintegrado o reducido antes de hacerse el reparto o asignación de beneficios. Cabe señalar, además, que el reparto de beneficios no podrá hacerse mientras no hayan sido restituidas, o absorbidas mediante aplicación de otras partidas del patrimonio, las pérdidas sufridas en uno o varios ejercicios anteriores, o haya sido reducido el capital social.

Accionistas

La LGSM exige un mínimo de dos socios, que deben suscribir una acción al menos cada uno. Los accionistas pueden ser personas físicas o jurídicas y de cualquier nacionalidad.

La Asamblea de Accionistas es el órgano supremo de la sociedad. Puede acordar y ratificar todos los actos y operaciones de ésta y sus resoluciones deben ser cumplidas por la persona que ella misma designe o, a falta de designación, por el administrador o el Consejo de Administración. Las asambleas pueden ser ordinarias o extraordinarias.

- Asambleas ordinarias: Se reúnen al menos una vez al año dentro de los cuatro meses que siguen a la clausura del ejercicio social y se ocupan, además de los asuntos incluidos en el orden del día, de:

· Discutir, aprobar o modificar el informe de los administradores.

· Nombrar administrador, o al Consejo de Administración, y a los comisarios.

· Determinar la remuneración de los administradores y comisarios si ésta no se ha fijado en los estatutos.

- Asambleas extraordinarias: Son aquéllas que se celebran para tratar cualquiera de los siguientes asuntos:

· Prórroga de la duración de la sociedad y disolución anticipada.

· Aumento o reducción del capital social.

· Cambio de objeto social.

· Cambio de nacionalidad de la sociedad.

· Transformación y fusión de la sociedad.

· Emisión de acciones privilegiadas.

· Amortización por la sociedad de sus propias acciones y emisión de acciones preferentes.

· Emisión de bonos.

· Cualquier otra modificación del contrato social.

· Los demás asuntos para los que la ley o el contrato social requieran un quórum especial.

Lugar y método de convocatoria de las Asambleas: Tanto las Asambleas ordinarias como las extraordinarias deben celebrarse en el domicilio social de la empresa, salvo caso fortuito o fuerza mayor. Respecto a los requisitos formales, la convocatoria debe publicarse en el sistema electrónico establecido por la Secretaría de Economía con la anticipación que fijen los estatutos o, en su defecto, 15 días antes de la fecha de la reunión. La convocatoria podrán hacerla el administrador, los administradores o comisario, cuando les sea solicitado por los accionistas que representen al menos el 33% del capital social (por escrito) y tratar los asuntos que indiquen en su escrito.

El sistema electrónico de publicación de sociedades mercantiles administrado por la Secretaria de Economía, fue establecido a partir de las reformas a la LGSM de 2014. Las características y requisitos para su funcionamiento fueron establecidos por la Secretaría de Economía, mediante un acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de junio de 2015 y su propósito es la modernización y simplificación administrativa de algunas disposiciones que rigen la actividad mercantil. La operación del sistema comenzó el 15 de junio de 2015 y sus servicios son gratuitos. El sistema electrónico está disponible en internet y tienen acceso a él los representantes legales y  usuarios previamente autorizados por los representantes legales para “publicar” los comunicados las sociedades mercantiles a los que la ley obliga a dar publicidad. También tienen acceso los funcionarios de la secretaría de economía.  https://psm.economia.gob.mx/PSM/ y   http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5396538&fecha=12/06/2015.

 También puede solicitarlo a los administradores o Comisario el titular de una sola acción en los siguientes casos:

· Cuando no se haya celebrado ninguna asamblea durante dos ejercicios consecutivos.

· Cuando las asambleas celebradas durante ese tiempo no se hayan ocupado de los asuntos establecidos para las juntas ordinarias.

- Normas relativas a quórum y voto:

· Asamblea ordinaria: Para que se considere legalmente reunida en primera convocatoria, deberá estar representada al menos la mitad del capital social, y las resoluciones sólo serán válidas cuando se tomen por mayoría de los votos presentes. En segunda convocatoria, la junta se constituirá y resolverá los asuntos del orden del día cualquiera que sea el capital presente.

· Asambleas extraordinarias: Salvo que el contrato social fije una mayoría más elevada, en las juntas extraordinarias deberán estar representadas por lo menos las tres cuartas partes del capital social. Las resoluciones se tomarán por el voto de las acciones que representen la mitad del capital social. En segunda convocatoria, la asamblea se celebrará sólo si está presente al menos la mitad del capital que debe aprobar las decisiones.

- Representación: Un accionista puede ser representado por un mandatario que pertenezca o no a la sociedad. La representación deberá conferirse en la forma que establezcan los estatutos y en su defecto por escrito. No pueden ser mandatarios los administradores ni los comisarios de la sociedad.

Administración

El órgano ejecutivo de dirección y administración de una S.A. lo constituyen su administrador o administradores. Cuando los administradores sean dos o más, formarán el Consejo de Administración. El nombramiento de los administradores deberá figurar en la escritura. No se requerirá la calidad de accionista para ser nombrado administrador de una S.A.; no podrán serlo aquellas personas que conforme a la ley estén inhabilitadas para el comercio.

El nombramiento de los administradores lo lleva a cabo la asamblea de accionistas. Cuando el Consejo de Administración conste de tres o más personas, los accionistas minoritarios que representen el 25% del capital (10% si la sociedad cotiza en Bolsa) nombrarán al menos un consejero. El nombramiento puede inscribirse en el Registro Público de Comercio.

La duración del mandato de los administradores se fijará en los estatutos, debiendo tener carácter temporal. La junta de accionistas puede destituir libremente y en cualquier momento a los administradores.

A continuación se reseñan algunas de las características especiales del Consejo de Administración de una S.A.:

- Facultades del Consejo de Administración:

El Consejo es el órgano de administración de la sociedad.

· El cargo de administrador es personal y no podrá desempeñarse por medio de representante.

· El Consejo podrá nombrar entre sus miembros un delegado para la ejecución de actos concretos. A falta de designación especial, la representación corresponderá al Presidente del Consejo. Salvo pacto en contrario, será Presidente del Consejo el consejero nombrado en primer lugar y, en su defecto, el que le siga en el orden de designación.

- Adopción de acuerdos por el Consejo:

· Para que el Consejo delibere legalmente deberán estar presentes por lo menos la mitad de sus miembros, y sus resoluciones serán válidas cuando sean tomadas por mayoría de los asistentes. En caso de empate, el Presidente del Consejo decidirá con voto de calidad.

· En los estatutos se podrá prever que las resoluciones adoptadas fuera de sesión del Consejo, por unanimidad de sus miembros, tengan a todos los efectos legales la misma validez que si hubieren sido adoptadas en sesión del Consejo, siempre que se confirmen por escrito.

- Responsabilidad de los administradores: Los administradores son solidariamente responsables para con la sociedad:

· De la realidad de las aportaciones hechas por los socios.

· Del cumplimiento de los requisitos legales y estatutarios respecto de los dividendos que se paguen a los accionistas.

· De la existencia y mantenimiento de los sistemas de contabilidad, control, registro, archivo o información que previene la Ley.

· Del exacto cumplimiento de los acuerdos de las asambleas de accionistas.

Los administradores serán solidariamente responsables con los que los hayan precedido en el cargo por las irregularidades en que éstos hubiesen incurrido si, conociéndolas, no las denuncian por escrito a los comisarios. No será responsable el administrador que, estando exento de culpa, haya mostrado su disconformidad en el momento de la deliberación y resolución del acto de que se trate.

- Poderes: La asamblea general de accionistas, el Consejo de Administración o el administrador único podrán nombrar uno o varios gerentes generales o especiales, sean estos accionistas o no. Los gerentes tendrán las facultades que expresamente se les confieran y no necesitarán de autorización especial para los actos que ejecuten, gozando dentro de sus atribuciones de las más amplias facultades de representación y ejecución.

Acciones

Las acciones de una S.A. están siempre representadas por títulos nominativos (nunca al portador), tienen igual valor y confieren iguales derechos, si bien en el acta fundacional de la sociedad cabe dividir el capital en varias clases de acciones con derechos especiales. Los datos que deben figurar en las acciones son:

a) Nombre, nacionalidad y domicilio del accionista.

b) Denominación, domicilio y duración de la sociedad (se recomiendan 99 años).

c) Fecha de constitución de la sociedad y datos de su inscripción en el Registro Público de Comercio.

d) Importe del capital social, el número total y el valor nominal de las acciones (salvo que en el contrato fundacional de sociedad se prevea que no conste este).

e) Desembolsos que sobre el valor de la acción haya efectuado el accionista, o la indicación de estar liberada.

f) Serie y número de la acción o del certificado provisional.

g) Derechos y obligaciones del tenedor de la acción y, en su caso, indicación de la limitación del derecho de voto.

h) Firma de los administradores que deban suscribir el documento.

- Bonos de fundador: No son acciones, sino títulos especiales que consisten en una participación concedida a los socios fundadores (no se computan en el capital social) en las ganancias anuales. El máximo es del 10%, que sólo se pagará una vez que se haya entregado a los accionistas un dividendo del 5% sobre el valor desembolsado de sus acciones. La duración temporal de estos bonos será de un máximo de 10 años.

- Acciones ordinarias / Acciones de voto limitado: Las acciones ordinarias son aquéllas que confieren derecho a voto en todas las asambleas. Las acciones de voto limitado pueden aparecer recogidas en el contrato social como aquéllas que confieren derecho de voto únicamente en algunos asuntos en las asambleas extraordinarias. Las acciones de voto limitado gozan de preferencia de pago frente a las ordinarias y además podrá estipularse en el contrato social que reciban un dividendo superior al de las ordinarias.

- Acciones de trabajo: Cuando así se establezca en el contrato social, podrán emitirse acciones especiales en favor de personas que presten servicios a la S.A. En ellas deberá incluirse la forma, valor, inalienabilidad y demás condiciones particulares que les correspondan.

- Registro de acciones: Las S.A. están obligadas a llevar un libro de registro de acciones con los datos de los accionistas y del número de acciones que poseen, así como de las transmisiones de las mismas que se realicen. Adicionalmente, la legislación fiscal exige que conste el número de identificación fiscal del accionista. Tratándose de accionistas residentes en el extranjero o de nacionalidad extranjera, éstos podrán optar, en lugar de obtener su RFC en México, porque la sociedad proporcione un informe anual (a 31 de marzo de cada año) en la que indique su nacionalidad, residencia y el NIF que les corresponda en su país de residencia.

- Certificados provisionales: Los títulos que representan las acciones deberán expedirse en un plazo que no exceda de un año desde la fecha del contrato de sociedad. Mientras se entregan los títulos pueden expedirse certificados provisionales que serán siempre nominativos y que deberán canjearse por los títulos en su momento.

Derechos básicos de los accionistas:

· Derecho a participar en las ganancias (beneficios) de la sociedad, en la proporción correspondiente.

· Derecho de suscripción preferente de nuevas acciones en caso de aumento del capital social.

· Derecho de asistencia y voto en las juntas de accionistas (salvo acciones de voto limitado) y a impugnar los acuerdos sociales.

· Derecho a obtener información sobre los asuntos de la sociedad.

-      Derecho a incluir en los estatutos sociales, estipulaciones para:

 1. Imponer restricciones de cualquier naturaleza a la transmisión de propiedad o derechos, respecto a las acciones de una misma serie o clase representativas del capital social, distintas a lo que se prevé en el artículo 130 de la LGSM.

2. Establecer causas de exclusión de socios o para ejercer el derecho de separación, de retiro, o bien para amortizar acciones, en adición a lo dispuesto por la LGSM.

3. Permitir emitir acciones distintas a las señaladas en la LGSM (sin derecho a voto o voto restringido, derechos de veto, o restricción o ampliación a la participación en las utilidades.

4. Mecanismos de salida en caso de que exista un impasse en la toma de decisiones.

5. Ampliar, limitar o negar derechos de suscripción en caso de aumentos de capital social, sin que aplique el artículo 132 de la LGSM.

6. Limites la responsabilidad en los daños y perjuicios ocasionados por sus consejeros y directivos.

-Derecho a convenir entre ellos:

Derechos y obligaciones que establezcan opciones de compra o venta de acciones, con ciertas condiciones establecidas en la LGSM, obligaciones de no competencia, acuerdos sobre el ejercicio del derecho a voto.

 

Vigilancia

La vigilancia de la S.A. está a cargo de uno o varios comisarios, quienes pueden ser socios o personas ajenas a la sociedad.

Las facultades y obligaciones que otorga la LGSM a los comisarios radican principalmente en la comprobación de la información financiera anual que preparan los administradores. Están obligados a presentar anualmente a la asamblea de accionistas un informe respecto a la veracidad, suficiencia y razonabilidad (acordes con los Principios Generales de Contabilidad) de la información presentada por el Consejo de Administración.

Modalidad SAPI:

Por último, cabe señalar que las Sociedades Anónimas pueden constituirse como “Sociedades Anónimas Promotoras de Inversión”, o adoptar esa modalidad tal y como se recoge en la Ley del Mercado de Valores. Las sociedades anónimas que una vez constituidas pretendan adoptar  esta modalidad deberán previamente contar con el acuerdo de su asamblea general extraordinaria de accionistas. La denominación social de las sociedades a que hace referencia este artículo se formará libremente conforme a lo previsto en el artículo 88 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, debiendo agregar a su denominación social la expresión "Promotora de Inversión" o su abreviatura "P.I

Las sociedades anónimas promotoras de inversión, además de contemplar en sus estatutos sociales los requisitos que se señalan en la Ley General de Sociedades Mercantiles, pueden prever estipulaciones que impongan restricciones, de cualquier naturaleza, a la transmisión de propiedad o derechos en relación con las acciones; cláusulas de exclusión de socios; Permitir emitir acciones distintas a las señaladas en la LGSM (sin derecho a voto o voto restringido, derechos de veto, o restricción o ampliación a la participación en las utilidades, etc. tal y como se recoge en el artículo 13 de la Ley del Mercado de Valores.

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LMV.pdf

Accionistas: La LMV le concede mayores derechos a los accionistas para:

1. Designar o revocar a su consejero de minorías (10%)

2. Designar Comisario (10%), siempre y cuando tengan el régimen tradicional de la LGSM.

3. Convocar a una asamblea o aplazar la votación de un asunto que no se encuentren lo suficientemente informados (10%).

4. Ejercer la acción de responsabilidad (15%).

5. Oposición Judicial (20%)

6. Celebrar convenios entre los accionistas sobre derechos y obligaciones que establezcan opciones de compra o venta de acciones, con ciertas condiciones establecidas en la LMV, obligaciones de no competencia (máximo hasta 3 años), acuerdos sobre el ejercicio del derecho a voto.

Administración: Funciona igual que la S.A., sin embargo solo puede haber Consejo de Administración. El régimen de administración es optativo el que adopten las reglas establecidas para sociedades cuyas acciones cotizan en Bolsa conforme a la LMV o bien al tradicional establecido en la LGSM. Si optan por el régimen de administración previsto en la LMV, entonces deben contar con un auditor externo independiente.

Vigilancia: Igual que en la S.A., solo que como se señala en el párrafo anterior, en caso de optar por la administración prevista en la LMV, entonces sus funciones estarán desempeñadas por el Consejo de Administración a través de los distintos comités intermedios previstos en la LMV. 

Diferencias entre sucursales y sociedades y requisitos comunes a ambas

Diferencias en el tratamiento respecto de una filial

El establecimiento de una filial o sucursal dependerá de cada empresa en concreto y de las actividades que desee llevar a cabo en México. Para ello deben tenerse en cuenta las siguientes diferencias entre sucursal y filial o subsidiaria:

· La sucursal es, a todos los efectos, una sociedad extranjera; la filial es una sociedad mercantil mexicana, aunque tenga capital extranjero.

· La sucursal sólo puede realizar las actividades autorizadas a extranjeros al 100%; la filial puede realizar las actividades autorizadas a empresas mexicanas con la limitación establecida para sociedades con participación extranjera (tratándose de licitaciones nacionales, una sucursal no puede participar, y una sociedad mexicana con 100% de capital extranjero, sí puede participar).

Por lo demás, ambas pueden realizar todo tipo de actividades mercantiles.

Formalidades comunes relativas a la constitución de S. de R.L. y S.A.

Tanto la S. de R.L. como la S.A. se rigen por las disposiciones generales y particulares de la LGSM, y por sus estatutos, que deben contener todos los datos que se estipulan en dicha Ley. El acta de constitución de la sociedad debe especificar:

· Nombre, nacionalidad y domicilio de las personas físicas o jurídicas que constituyan la sociedad.

· Objeto de la sociedad (si es ilícito, la sociedad será nula).

· Razón social o denominación (el primer caso es para la S. de R.L. y el segundo para la S.A.)

· Duración.

· Importe del capital social.

· La expresión de lo que cada socio aporte en dinero u otros bienes, el valor atribuido a estos y los criterios para su valoración.

· Domicilio de la sociedad.

· Forma de administrarse la sociedad y facultades de los administradores.

· El nombramiento de los administradores y la designación de los que han de llevar la firma social.

· Forma de distribución de las pérdidas y ganancias (beneficios) entre los miembros de la sociedad.

· Importe del fondo de reserva.

· Casos de disolución anticipada de la sociedad.

· Bases para practicar la liquidación de la sociedad.

Estos son los requisitos generales para todas las sociedades mercantiles, pero el acta de constitución de la S. de R.L. y de la S.A. debe incluir además lo siguiente:

· S. de R.L.: Suscripción del total del capital y desembolso de al menos el 50% del valor de cada parte social.

· S.A.:

- La parte desembolsada del capital social.

- El número, valor nominal y naturaleza de las acciones en que se divide el capital social.

- Forma y términos en que debe pagarse la parte sin desembolsar (insoluta) de las acciones.

- Participación en ganancias (beneficios) concedida a los fundadores.

- Nombramiento de uno o varios comisarios.

- Las facultades de la asamblea general así como las condiciones para la validez de sus deliberaciones y ejercicio del derecho a voto.

- En su caso las estipulaciones que:

1. Impongan restricciones de cualquier naturaleza a la transmisión de propiedad o derechos, respecto a las acciones de una misma serie o clase representativas del capital social, distintas a lo que se prevé en el artículo 130 de la LGSM.

2. Establezcan causas de exclusión de socios o para ejercer el derecho de separación, de retiro, o bien para amortizar acciones, en adición a lo dispuesto por la LGSM.

3. Permitan emitir acciones distintas a las señaladas en la LGSM (sin derecho a voto o voto restringido, derechos de veto, o restricción o ampliación a la participación en las utilidades.

4. Implementen mecanismos de salida en caso de que exista un impasse en la toma de decisiones.

5. Amplíen, limiten  o nieguen derechos de suscripción en caso de aumentos de capital social, sin que aplique el artículo 132 de la LGSM.

6. Permitan limitar la responsabilidad en los daños y perjuicios ocasionados por sus consejeros y directivos, siempre que no se trate de actos dolosos o mala fe o actos ilícitos.

Todos estos requisitos, junto a las demás normas que se establezcan en la escritura sobre organización y funcionamiento de la sociedad, constituirán los estatutos de la misma.

Con carácter general, la LGSM establece además la obligación para toda sociedad de destinar anualmente como mínimo el 5% de las ganancias a la dotación de un fondo de reserva, hasta que dicho fondo represente la quinta parte del capital social. El fondo de reserva puede capitalizarse siempre y cuando se vuelva a constituir a partir del ejercicio siguiente.

Los accionistas o sus representantes deben comparecer ante fedatario público para el otorgamiento de la escritura pública de constitución de la sociedad, que incluye los estatutos y las normas de funcionamiento de la sociedad. El siguiente paso es la inscripción en el Registro de Comercio de la localidad en que se ubique el domicilio social de la empresa.

Una vez constituida una sociedad, ésta debe inscribirse en varios registros, y no sólo en el de Comercio, a saber:

a) Registro Público de Comercio.

b) Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

c) Registro Empresarial ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), válido para cumplir con las obligaciones con el INFONAVIT, y Sistema del Ahorro para el Retiro (SAR).

d) Inscripción en el Padrón sobre Nóminas.

e) Inscripción en el Sistema de Información Empresarial de México (SIEM).

f) Registro Nacional de Inversiones Extranjeras (RNIE), cuando exista inversión extranjera o neutra en la sociedad.

g) Padrón de Importadores, cuando sea necesario.

Dependiendo del lugar donde la sociedad vaya a desarrollar sus actividades, requerirá inscribirse en los registros que las autoridades locales exijan.

En el caso de sociedades con participación extranjera, en algunos casos se requieren autorizaciones previas de diversas instituciones. El tiempo que requieren los trámites para que una sociedad pueda funcionar varía mucho, dependiendo de las distintas instancias gubernamentales que intervengan. Una vez constituida la sociedad ante el fedatario público, ésta puede celebrar contratos de todo tipo, instalación de líneas telefónicas, contrataciones y apertura de cuentas bancarias (atención: esto último no se podrá hacer hasta que no tenga su número de RFC).

Si bien la LGSM establece que las sociedades inscritas en el Registro Público de Comercio gozan de personalidad jurídica, aquéllas no inscritas que se hayan dado a conocer como tales a terceros, consten o no en escritura pública, tendrán personalidad jurídica. En este caso las relaciones internas de la sociedad se regirán por el contrato social respectivo o, en su defecto, por las disposiciones de la LGSM en general. A estas sociedades se las conoce como sociedades irregulares.

Las personas que realicen actos jurídicos como representantes o mandatarios de una sociedad irregular responderán del cumplimiento de los mismos frente a terceros, subsidiaria, solidaria e ilimitadamente, sin perjuicio de la responsabilidad penal por perjuicios a terceros. Los socios no culpables de la irregularidad podrán exigir daños y perjuicios a los culpables y a los que actuaren como representantes o mandatarios de la sociedad irregular, así como solicitar al juez que ordene su inscripción en el Registro Público de Comercio.

Sin lugar a dudas, las dos sociedades mercantiles más comunes en México son la “Sociedad Anónima” (S.A.) y la “Sociedad de Responsabilidad Limitada” (S. de R.L.), siendo dos formas en que las PYMES pueden constituir una sociedad mercantil (con giro comercial, industrial, etc…).

En la mayoría de los casos, a estas sociedades se les incluye la abreviación “DE C.V.”, siglas que atienden a la denominación de “Capital Variable”, cuando el capital es susceptible de aumento por aportaciones posteriores de los socios o la admisión de nuevos socios, y de disminución de dicho capital por retiro parcial o total de las aportaciones. Esta es una modalidad que pueden adoptar las sociedades mercantiles, al momento de su constitución o posteriormente.

De forma más común, las  pequeñas y medianas empresas optan por la figura de la Sociedad de Responsabilidad Limitada que, si bien no presenta grandes diferencias fiscales respecto a la Sociedad Anónima, sí que ofrece una serie de ventajas y un régimen jurídico ágil y sencillo:

1)       No es necesaria la suscripción íntegra del capital social al momento de la constitución, mientras que en la S.A., se debe exhibir en dinero en efectivo, cuando menos, el veinte por ciento del valor de cada acción pagadera en numerario.

2)       Las acciones de una S.A. se pueden cotizar en bolsa, cuyos socios pueden vender todas o algunas de sus acciones sin necesidad de que los socios integrantes tengan conocimiento de quién las haya adquirido. En cambio, dentro de una S. DE R.L., el socio deberá contar con la aprobación de la mayoría del resto de los socios para vender su parte social.

 3)       La admisión de nuevos socios en una S. DE R.L. en México depende del consentimiento expreso de los socios que representen al menos la mayoría del capital social. No sucede así en la S.A., donde la transmisión de acciones y el ingreso de nuevos socios no están limitados, salvo que esto se haya acordado en los estatutos constitutivos. Esta última diferencia es la razón principal por la que muchas empresas españolas que deciden instalarse en México adoptan la forma de la S. DE R.L., toda vez que les permite saber quiénes son los socios que componen la sociedad, controlar que no pertenezcan a la competencia del rubro en que se desarrolla su empresa, y a su vez evitar que la mayor parte de la sociedad mercantil pase a manos de una sola empresa.

4)       Respecto al número de socios, para ambas sociedades el mínimo es dos. En cuanto al máximo, para el caso de la Sociedad Anónima la ley no establece límites, mientras que para la de Responsabilidad Limitada se impone que «ninguna tendrá más de cincuenta socios».

5)       Además, mientras que en una S.A. la administración de la sociedad está a cargo de un Consejo de Administración o de un Administrador Único, en las sociedades de responsabilidad limitada ésta está a cargo de uno o más gerentes, que podrán ser socios o personas extrañas a la sociedad, designados temporalmente o por tiempo indeterminado.

6)    Por último, la S. de R.L., cuando paga dividendos a una sociedad extranjera que tiene participación en la misma, puede llegar a tener una ventaja fiscal en el extranjero si ésta es una sociedad similar, como puede ser en Estados Unidos las Limited Liability Company (L.L.C.).

Resumen de Trámites de Constitución de Sociedades.

La administración mexicana ha puesto en operación el portal www.tuempresa.gob.mx, en el que se puede consultar información sobre trámites y realizar muchos de ellos en línea con lo que las gestiones son más sencillas, en menor tiempo y más económicas. Entre otros, el portal está diseñado para  brindar asistencia práctica a las personas que quieren iniciar una empresa comercial a través de las figuras de Sociedad Anónima y Sociedad de Responsabilidad Limitada;

Los pasos para constituir una empresa a través del portal son: 1. Registrarse. 2. Seleccionar el nombre o denominación social. 3. Llenar los datos para constituir la empresa. 4. Pagar los derechos federales correspondientes. 5. Seleccionar un fedatario público y acudir a su oficina para formalizar la constitución de la empresa. Los documentos que obtiene el ciudadano al finalizar el proceso en el portal y después de acudir con el fedatario son: • Estatutos de la empresa y acta constitutiva. • Permiso de uso de nombre o denominación social. • Aviso del permiso de uso de nombre o denominación social. • Formato de inscripción del acta constitutiva en el Registro Público de Comercio correspondiente. • Inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes. • Cita ante la Subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro Social para recoger la Tarjeta de Identificación Patronal.

https://www.oecd.org/centrodemexico/medios/43843217.pdf

 A continuación se resumen los trámites que hay que llevar a cabo para el establecimiento de una empresa extranjera en México:

  1. Solicitud ante la Secretaría de Relaciones Exteriores. El primer paso para crear una empresa es presentar una solicitud ante la Secretaría de Relaciones Exteriores donde se sugieran cinco posibles denominaciones sociales en orden de preferencia para la empresa.
  2. Creación y protocolización del Acta Constitutiva. Una vez que la SRE dé el visto bueno o entregue las propuestas de denominación social, se debe crear el Acta Constitutiva en el que se detallarán todos los aspectos relacionados con la empresa y su funcionamiento: denominación social, objetivo, tipo de empresa, administración y control de la misma, duración, etc. Una vez creada la empresa se debe protocolizar dicha Acta Constitutiva ante Notario Público o Corredor.
  3. Inscripción ante el Servicio de Administración Tributaria. Cuando el Acta Constitutiva esté completamente creada y legalizada, debe ser inscrita ante el Servicio de Administración Tributaria obteniéndose la Cédula Fiscal, que contiene el número de Registro Federal de Contribuyentes (RFC), equivalente al NIF.
  4. Registro en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio. La empresa debe ser inscrita  ante el Registro Público de la Propiedad y el Comercio. Para este proceso se requiere la presentación del Acta Constitutiva, el RFC y el poder notarial que permite al apoderado legal realizar los trámites de la empresa.
  5. Inscripción ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Darse de alta ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Incluso si se trata de una empresa con un  único trabajador.
  6. Inscripción ante los demás organismos requeridos. Dependiendo de la actividad que desarrolle la empresa puede requerir trámites adicionales en otros organismos como la Secretaría de Salud, Secretaría de Ecología y Medio Ambiente, Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, etc.
  7. Permisos municipales. También hay que tener en cuenta permisos y autorizaciones diversas a nivel municipal y/o estatal que se exijan en el lugar en el que se vaya a establecer la empresa.
  8. Trámites ante la Secretaría de Economía para las empresas con inversión extranjera. Además de los trámites anteriores, las empresas que cuenten con inversión extranjera en su capital social deben inscribirse en el Registro de Inversión Extranjera de la Secretaría de Economía y si requieren de alguna autorización específica recurrir a la Comisión Nacional de Inversión Extranjera de la misma secretaría.

Los trámites para formar y dar de alta una compañía requieren, según El Doing Business 2016, 6 días en la Ciudad de México y desde marzo de 2016  se puede constituir una empresa en la modalidad de Sociedad de Acciones Simplificada (SAS) en un día y sin costo. Sin embargo, en la práctica, hay que considerar entre dos y tres semanas para tener operativa una empresa y algo más si se requieren autorizaciones adicionales como licencias ambientales etc.

 

 

 

 

 

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Régimen de Franquicias

Aunque no existe una regulación específica en México sobre las franquicias, la Ley de Propiedad Industrial en su artículo 142, 142-bis, 142-bis1, 142-bis2 y 143-bis 3 hace referencia expresa a estos modelos de negocio y a los elementos que debe contener un contrato en esta modalidad. (Ley Propiedad Industrial http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/50.pdf y su reglamento http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LPI.pdf).

Así, la ley establece que existirá franquicia cuando con la licencia de uso de una marca, otorgada por escrito, se transmitan conocimientos técnicos o se proporcione asistencia técnica, para que la persona a quien se le concede pueda producir o vender bienes o prestar servicios de manera uniforme y con los métodos operativos, comerciales y administrativos establecidos por el titular de la marca, tendientes a mantener la calidad, prestigio e imagen de los productos o servicios a los que ésta distingue.

En relación con el contrato, el artículo 142-bis identifica los elementos que como mínimo deben recogerse en el mismo, entre otros:

 I. La zona geográfica en la que el franquiciatario ejercerá las actividades objeto del contrato;

 II. La ubicación, dimensión mínima y características de las inversiones en infraestructura, respecto del establecimiento en el cual el franquiciatario ejercerá las actividades derivadas de la materia del contrato;

 III. Las políticas de inventarios, mercadotecnia y publicidad, así como las disposiciones relativas al suministro de mercancías y contratación con proveedores, en el caso de que sean aplicables;

 IV. Las políticas, procedimientos y plazos relativos a los reembolsos, financiamientos y demás contraprestaciones a cargo de las partes en los términos convenidos en el contrato;

 V. Los criterios y métodos aplicables a la determinación de los márgenes de utilidad y/o comisiones de los franquiciatarios;

 VI. Las características de la capacitación técnica y operativa del personal del franquiciatario, así como el método o la forma en que el franquiciante otorgará asistencia técnica;

 VII. Los criterios, métodos y procedimientos de supervisión, información, evaluación y calificación del desempeño, así como la calidad de los servicios a cargo del franquiciante y del franquiciatario;

 VIII. Establecer los términos y condiciones para subfranquiciar, en caso de que las partes así lo convengan;

 IX. Las causales para la terminación del contrato de franquicia;

 X. Los supuestos bajo los cuales podrán revisarse y, en su caso, modificarse de común acuerdo los términos o condiciones relativos al contrato de franquicia;

 XI. No existirá obligación del franquiciatario de enajenar sus activos al franquiciante o a quien éste designe al término del contrato, salvo pacto en contrario, y

 XII. No existirá obligación del franquiciatario de enajenar o transmitir al franquiciante, en ningún momento, las acciones de su sociedad o hacerlo socio de la misma, salvo pacto en contrario. Este artículo se sujetará, en lo conducente, a lo dispuesto en el Reglamento de esta Ley.

 En definitiva, el contrato de franquicia debe estar hecho a la medida de cada empresa considerando el producto o servicio que se vaya a comercializar y deberá establecer claramente sus obligaciones así como los riesgos que asuma cada una de las partes.

 En la página de la Asociación Mexicana de Franquicias se puede encontrar información de interés sobre el sector.

 http://franquiciasdemexico.org/

 

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Propiedad industrial (marcas, patentes, diseños, licencias)

La propiedad industrial se configura como uno de los activos más importantes de la empresa por lo que es vital, antes de introducirse en un nuevo mercado, asegurar su correcta protección.

Marco legal

El ordenamiento legal que protege la propiedad industrial en México es la Ley de la Propiedad Industrial (LPI) de 1991 y su reglamento, y la institución creada por dicha Ley, y encargada de su aplicación es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). (www.impi.gob.mx). De acuerdo con la LPI, el IMPI tiene entre otras atribuciones la de fomentar y proteger la propiedad industrial; es decir, aquellos derechos exclusivos de explotación que otorga el Estado durante un tiempo determinado a las creaciones o innovaciones de aplicación industrial y comercial que realizan individuos o empresas para diferenciar sus productos o servicios ante la clientela en el mercado. En México esta protección es válida sólo en el territorio nacional y su duración depende de la figura jurídica para la que se solicite.

Las modalidades de propiedad industrial existentes en México confieren su protección por medio de:

- Otorgamiento de patentes de invención.

- Registro de modelos de utilidad.

- Registro de diseños industriales.

- Registro de marcas.

- Registro de marcas colectivas

- Registro de avisos comerciales.

- Publicación de nombres comerciales.

- Declaración de protección de denominaciones de origen.

- Regulación de secretos industriales.

En general, las solicitudes de inscripción pueden presentarse en el IMPI o en las Delegaciones y Subdelegaciones Federales de la Secretaría de Economía en los diferentes Estados de la República. Las solicitudes deberán presentarse escritas a máquina o letra legible, y redactadas en idioma español. El procedimiento suele tomar aproximadamente 6 meses, si los documentos anexados a la solicitud son correctos y si por parte del IMPI no se plantea alguna objeción. Por ello es recomendable, antes de iniciar los trámites, solicitar una “búsqueda de anterioridades” con el fin de verificar en la Base de Datos del IMPI si existen antecedentes similares o que puedan llevar a confusión.

Tratándose de los procedimientos contenciosos de declaración administrativa de nulidad, caducidad, cancelación, e infracción, su substanciación o tramitación se regirá por el Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo (LFPCA)  y de manera supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles (CFPC) , que es un ordenamiento que la misma LPI señala como de aplicación supletoria; esto es, a falta de disposición legal expresa de la LPI (en cuanto a tramitación de los procedimientos: términos o plazos, desahogo de pruebas, etc.), podrá ser aplicado el CFPC.

Por tratarse de problemas jurídicos que pueden afectar a los derechos de los particulares, es recomendable que las solicitudes y gestiones relacionadas con este asunto sean elaboradas por un especialista en derecho de la propiedad industrial.

México forma parte del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial y del Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Ha suscrito el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Industrial relacionados con el Comercio, en el marco de la OMC. En lo que atañe a las patentes, es miembro del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT). Por lo que se refiere a las marcas, ha suscrito el Tratado sobre Derecho de Marcas (TLT). También forma parte del Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional.

Marcas

Concepto y clases

En México no rige el principio registral y el registro de la marca no es obligatorio para comercializar productos ni prestar servicios. Los derechos de la marca se inician con el uso de la misma, pero obviamente es muy recomendable proceder al registro, que otorga a su titular derecho a su uso exclusivo así como protección en caso de uso no autorizado por un tercero.

Una marca es un nombre, término, símbolo, diseño o cualquier signo visible o bien una combinación de ellos que sirva para distinguir un producto o un servicio de otros de su misma clase o especie. Existen cuatro tipos de marcas:

Nominativas: son aquéllas que identifican el producto o servicio mediante una palabra o conjunto de palabras.

Innominadas: son figuras que cumplen con la función de una marca. Este tipo de marca puede reconocerse visualmente pero no fonéticamente. Su peculiaridad consiste en ser símbolos, diseños, logotipos o cualquier elemento figurativo que sea distintivo.

Mixtas: son marcas que combinan palabras con elementos figurativos que muestran a la marca como un solo elemento o como un conjunto distintivo.

Tridimensionales: son las marcas que protegen los envoltorios, empaques, envases, la forma o la presentación de los productos en sí mismos, si éstos resultan distintivos de otros de su misma especie o clase.

Además, dentro del régimen administrativo de los signos distintivos, existen también otras formas de protección:

  • Marcas colectivas: Pueden registrarse como tales los signos distintivos que las asociaciones o sociedades de productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios legalmente constituidos, soliciten para distinguir en el mercado los productos o servicios de sus miembros respecto de los productos o servicios de terceros que no formen parte de esas asociaciones o sociedades.
  • Nombre comercial: Cualquier denominación que sirva para distinguir una empresa o establecimiento industrial, comercial o de servicios, dentro de la zona geográfica donde está establecida la clientela efectiva. Tanto el nombre comercial como su uso están protegidos en la zona en cuestión sin necesidad de registro, si bien puede solicitarse al IMPI su publicación en la Gaceta, lo cual tiene por efecto establecer la presunción de buena fe en la adopción y uso del nombre.
  • Aviso comercial: Podrán registrarse como tales las frases u oraciones que sirvan para anunciar al público productos, servicios, establecimientos o negociaciones comerciales, industriales o de servicios, para que el público consumidor los distinga fácilmente.

Es importante resaltar que el registro de la marca es nacional, y que no se permite ejercer acciones en contra de terceros en el extranjero.

Vigencia de la marca

Las marcas deben usarse tal y como fueron registradas. La vigencia de los registros de una marca o un aviso comercial, así como de la publicación en la Gacetade un nombre comercial, es de diez años a partir de la fecha en que se dio por presentada la solicitud.

Las marcas, avisos y nombres comerciales pueden renovarse por períodos iguales indefinidamente. El plazo de solicitud de renovación es dentro de los seis meses anteriores a su vencimiento, o dentro del plazo de gracia de seis meses posteriores a la terminación de la vigencia.

Caducidad y nulidad

La marca caducará si no se solicita la renovación dentro del plazo establecido, o cuando la marca no sea usada durante tres años consecutivos en los productos o servicios para los que se encuentra registrada.

La marca será anulada en los siguientes casos:

  • Cuando se haya otorgado contraviniendo la LPI.
  • Cuando la marca sea idéntica o semejante, en grado de confusión, a otra que haya sido usada en el país o en el extranjero antes de la fecha de presentación de la solicitud de la marca registrada, aplicada a los mismos o similares productos o servicios.
  • Cuando el registro se hubiera otorgado sobre la base de datos falsos en la solicitud.
  • Cuando el registro fue concedido por error y existe otra marca igual o semejante.
  • Cuando una marca ya registrada en el extranjero sea registrada en México sin el consentimiento expreso de su titular.  
  • La declaración de nulidad, caducidad o cancelación del registro de una marca, se hará administrativamente por el Instituto de oficio, a petición de parte o del Ministerio Público Federal, cuando tenga algún interés la Federación

Transmisión de derechos y licencias

Los derechos derivados de marcas registradas pueden ser transmitidos, si bien para que ello produzca efectos frente a terceros la transmisión ha de ser inscrita en el IMPI. La solicitud de inscripción podrá ser presentada por el titular cedente o por el cesionario.

La concesión de licencia a un tercero para autorizar el uso de una marca a dos o más personas, deberá inscribirse en el IMPI.

Patentes y modelos de utilidad

Patentes de Invención

Las solicitudes de patente y registros de modelo de utilidad y diseños industriales se pueden presentar ante el IMPI o en las Delegaciones y Subdelegaciones Federales de la Secretaría de Economía, en los diferentes Estados de la República. Todas las solicitudes deben presentarse por escrito y en idioma español.

Se considera “invención” toda creación intelectual que permite transformar la materia o la energía que existe en la naturaleza para su aprovechamiento por el hombre a través de la satisfacción inmediata de una necesidad concreta. Quedan comprendidos entre las invenciones los procesos o productos de aplicación industrial. Para la expedición del Certificado Oficial de los Derechos de la Propiedad Industrial en Materia de Invenciones como patente, se requiere que la invención cumpla los siguientes requisitos:

  • Novedad: Se considera nuevo a todo aquello que no se encuentre en el estado de la técnica, es decir, en el conjunto de conocimientos técnicos que se han hecho públicos mediante una descripción oral o escrita, por la explotación o por cualquier otro medio de difusión o información, en el país o en el extranjero.
  • Actividad Inventiva: Es el proceso creativo cuyos resultados no se deduzcan del estado de la técnica en forma evidente para un técnico en la materia.
  • Aplicación Industrial: Es la posibilidad de ser producido o utilizado en cualquier rama de la actividad económica.

La vigencia del derecho exclusivo de explotación, a partir de la fecha de solicitud, es de 20 años.

La invención sólo está protegida contra el uso no autorizado por su titular en México. La protección jurídica de los derechos de propiedad industrial únicamente se otorga en el país en el que es solicitada y concedida. Si se desea la misma protección jurídica en el extranjero, se puede presentar una solicitud internacional en el contexto del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) del que México es miembro desde 1995 (también España es miembro). El PCT permite, principalmente, unificar el trámite inicial de presentación de las solicitudes con la finalidad de economizar y facilitar la concesión.

Modelos de utilidad

Se entiende por “modelo de utilidad” cualquier objeto, utensilio, aparato o herramienta que, como resultado de una modificación en su configuración, su forma o estructura, o de la disposición de sus elementos o partes, permita realizar una función diferente o presente ventajas en cuanto a su utilidad. Para obtener el Certificado de Registro de Modelo de Utilidad, se requiere lo siguiente:

  • La estructura, forma o disposición de las partes del objeto, utensilio, aparato, herramienta debe ser nueva, es decir, anteriormente desconocida (novedad mundial).
  • El objeto, utensilio, herramienta o aparato debe ser utilizado o producido en la industria (explotación industrial).

La vigencia del derecho exclusivo de explotación, a partir de la fecha de solicitud, es de 10 años.

El diseño industrial: dibujo y modelo

Los diseños industriales comprenden:

- Dibujo Industrial es toda disposición de líneas y/o colores "aplicables con un fin comercial a la ornamentación de un producto, empleándose cualquier medio manual, mecánico, químico o combinados".

- El Modelo Industrial protege formas tridimensionales en tanto que el Dibujo Industrial protege formas bidimensionales.

Para poder registrarse, el dibujo o modelo debe ser "nuevo" u "original", es decir no debe tenerse conocimiento de que haya existido anteriormente un dibujo o modelo idéntico o muy similar. El plazo de protección es de 15 años (Artículo 36 de la Ley de la Propiedad Industrial). Por lo general, la protección de los dibujos o modelos industriales se limita al país que concede la protección. De conformidad con el Arreglo de La Haya relativo al Depósito Internacional de Dibujos y Modelos Industriales, existe un procedimiento para realizar una solicitud internacional. Un solicitante puede presentar una única solicitud internacional ante la OMPI o la Oficina nacional de un país que sea parte en el tratado en cuyo caso, el dibujo o modelo industrial estará protegido en tantos estados parte del tratado como desee.

Las solicitudes de registro de diseño industrial en México se pueden presentar ante el IMPI en las Oficinas Centrales o Regionales o en las Delegaciones o Subdelegaciones Federales de la Secretaría de Economía (SE) en los diferentes Estados de la República. Toda solicitud debe presentarse en forma escrita y redactada en idioma español.

Las solicitudes de registro de diseño industrial pueden ser solicitadas por el inventor o su causahabiente, es decir, el que adquiere por cualquier título legal los derechos del inventor. Además, en ambos casos pueden ser solicitadas a través de un representante legal (apoderado o mandatario).

Los documentos básicos para la presentación de solicitudes son:

1. Solicitud debidamente llenada y firmada en triplicado.

2. Comprobante del pago de la tarifa

3. Descripción del diseño y reivindicación por triplicado.

4. Dibujo (s) o fotografías (s) por triplicado.

5. Carta Poder original, en caso de que la solicitud sea presentada por medio de un representante legal

Denominaciones de origen

Es el nombre de una región geográfica del país que sirve para designar un producto obtenido en la misma y cuya calidad y características se deben exclusivamente al medio natural y humano.

En México existe, al igual que en España, un mecanismo de protección de denominaciones de origen ante el IMPI, registrándolas como marca o como D.O., sin embargo, no podemos decir que esa protección sea efectiva. En la práctica, se utilizan indicaciones tales como “género”, “tipo” u otras similares que ocasionan confusión en el consumidor sobre el origen de los productos e implican una competencia desleal.

Respecto de las denominaciones de origen de bebidas espirituosas cabe destacar que México suscribió en 1997 un acuerdo con la UE para su protección. Se encuentra en vigor desde agosto de ese año.

Secretos industriales

Secreto industrial es toda información de aplicación industrial o comercial que guarde una persona física o jurídica con carácter confidencial, que le permita obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades económicas, y respecto de la cual haya adoptado los medios o sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso restringido a la misma. No se considerará secreto industrial si es información de dominio público o evidente para un técnico en la materia.

La persona que guarde un secreto industrial puede transmitir su uso o autorizar su uso a un tercero, quien tendrá la obligación de guardarlo, siendo responsable de los daños y perjuicios que cause con su revelación.

Trámites de registro de marcas y patentes

Registro de marcas

La solicitud de registro de una marca se lleva a cabo ante el IMPI. Debe presentarse en formulario oficial (se pueden consultar en la página Web del IMPI), escrito a máquina o con letra legible y redactado en idioma español, en original y copia debidamente firmadas, indicando los siguientes datos:

-  Solicitantes:

  • Nombre de la persona física, jurídica (con copia del acta de constitución de la sociedad) o asociación (si se trata de marca colectiva).
  • Nacionalidad.
  • Domicilio del primer solicitante, ya que si son varios los solicitantes y no actúan por medio de apoderado, ese domicilio es el que se utilizará para notificaciones.

- Apoderado, en su caso:

  • Nombre del apoderado o apoderados.
  • Número con el que el o los apoderados estén inscritos en el Registro General de Poderes del IMPI (siempre y cuando se encuentre registrado el poder).
  • Domicilio para notificaciones en el territorio nacional.

La solicitud puede llevarse a cabo también mediante un mandatario, presentando carta poder simple suscrita ante dos testigos, si es persona física.

- Signo distintivo:

  • Debe indicarse el tipo de marca que se solicita (nominativa, innominada, etc.)
  • Fecha del primer uso de la marca (a falta de indicación se presumirá que la marca no se ha usado).

- Productos o servicios y clases:

  • Se deben indicar los productos o servicios para los que se solicita la marca y el número de la clase a que pertenecen. El número de clase será el que corresponda según la clasificación internacional de Niza, y sólo podrá indicarse una clase.
  • Se pueden incluir dos o más productos o servicios siempre que pertenezcan a la misma clase.

- Etiquetas de signo distintivo:

  • Con la solicitud se deben presentar la etiqueta de tamaño no mayor de 10,10, ni menor de 4,4cm, en la que figure impresa la marca.  Por el solo hecho de presentar la solicitud, se entenderá que el solicitante se reserva el uso exclusivo de la marca tal y como aparece en el ejemplar de la etiqueta.
  • En el caso de marcas tridimensionales, deben presentarse impresiones fotográficas o el dibujo con las medidas reglamentarias (no mayores de 10,10, ni menores de 4,4 cm.), en las que aparezca la marca tridimensional en los tres planos: frente, perfil y transversal.

- Ubicación del establecimiento: Hay que señalar en el recuadro correspondiente el tipo de establecimiento y el domicilio donde se fabriquen o comercialicen productos o se presten servicios al amparo de la marca o marca colectiva que se desea registrar (esto, en caso de que exista).

- Leyendas y figuras no reservables: Se indicarán las palabras y/o figuras que, conforme a la LPI, no son reservables, por ejemplo: “Hecho en México”, “talla”, “ingredientes”, “contenido”, ®, etc.

- Prioridad reclamada (en su caso): Cuando se solicite un registro de marca en México dentro de los plazos que determinen los tratados internacionales o, en su defecto, dentro de los seis meses siguientes a haberlo hecho en otros países, podrá reconocerse por parte del IMPI como fecha de prioridad la de presentación de la solicitud en el país en el que fue presentada primero. Para ello es necesario que se presente la solicitud en México, señalando los mismos productos o servicios para los que se presentó la primera solicitud cuya prioridad se reclama, e indicar el número que le fue designado, país y fecha.

 - Tarifa: La solicitud de registro deberá ir acompañada por el comprobante de pago de la tarifa correspondiente (el pago se hace vía ingreso bancario), y de los demás documentos requeridos. Deberá ir firmada por el solicitante o, en su caso, por el apoderado, indicando lugar y fecha.

Una vez presentada la solicitud, el IMPI lleva a cabo un primer examen denominado examen de forma, de modo que si los documentos son correctos, de forma inmediata la solicitud entrara al segundo estudio, denominado Examen de fondo. En caso de que el IMPI considere que la documentación y/o datos asentados en la solicitud no son correctos, o se encuentran incompletos, éste emitirá un oficio requiriendo al solicitante para que enmiende la solicitud en un plazo de dos meses contados a partir de la fecha en que dicho oficio sea notificado al interesado.

Como segundo paso, el IMPI lleva a cabo un estudio de la marca para verificar si es registrable. Si del examen resulta que existen impedimentos o anterioridades, el IMPI emitirá un oficio requiriendo al solicitante para que manifieste lo que a su derecho convenga, para lo cual  se concederá un plazo de dos meses contados a partir de la fecha en que dicho oficio sea notificado al interesado el cual puede ampliarse en otros dos meses si se comprueba que el interesado ha satisfecho la tarifa correspondiente.

Es importante destacar que si el interesado no responde a los requerimientos en el plazo inicial o adicional, o no presenta comprobante del pago de las tarifas correspondientes, la solicitud se entenderá abandonada. El costo por el registro de una marca es de  aproximadamente 2.303,33pesos mexicanos más IVA.

Cuando no haya impedimentos y/o hayan sido subsanados los existentes, se procederá a expedir el título correspondiente.

Las resoluciones sobre registros de marcas y sus renovaciones deben ser publicadas en la Gaceta de Invenciones y Marcas.

A fin de evitar el registro de la marca en cada oficina nacional, la OMPI administra un sistema internacional de registro de marcas, basado en dos tratados, el Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y el Protocolo de Madrid, al cual México se adhirió en febrero de 2013.. Una persona que tiene un vínculo (por medio de la nacionalidad, el domicilio o el establecimiento) con un Estado parte en uno o ambos de estos tratados puede, sobre la base de un registro o solicitud en la Oficina de marcas de dicho Estado, obtener un registro internacional que sea efectivo en alguno o todos los países de la Unión de Madrid. Actualmente, más de 60 países son parte de uno o ambos acuerdos.

Registro de patentes 

Las solicitudes de registro de patentes pueden ser presentadas por el inventor o su causahabiente, es decir, el que adquiere por cualquier título legal los derechos del inventor. Además, en todos los casos pueden ser presentadas a través de un representante legal. Los documentos básicos para la presentación de solicitudes son:

- Solicitud debidamente cumplimentada y firmada (cuatro copias).

- Comprobante del pago de la tarifa.

- Descripción de la invención (por triplicado).

- Reivindicaciones (por triplicado).

- Dibujo técnico (por triplicado), cuando se requiera.

- Resumen de la descripción de la invención (por triplicado).

Presentación de la solicitud: Para obtener una patente deberá presentarse una solicitud escrita ante el IMPI o las Delegaciones y Subdelegaciones Federales de la Secretaría de Economía, en la que se indicará el nombre y domicilio del inventor y el solicitante, la nacionalidad de éste, la denominación de la invención y los demás datos que se establecen en la Ley. Además, deberá exhibirse el comprobante de pago de las tarifas correspondientes.

Fecha de presentación: Se considerará fecha de presentación aquélla en que sea presentada la solicitud escrita en el IMPI o en cualquier Delegación o Subdelegación de la Secretaría de Economía, siempre y cuando cumpla con todos los requisitos.

Documentos:

- Descripción de la invención: Ha de ser clara y completa, debiendo incluir el mejor método conocido por el solicitante para llevar a la práctica la invención.

- Una o más reivindicaciones claras: Son las características técnicas esenciales de una invención para las cuales se reclama la protección legal mediante la solicitud de patente. La reivindicación deberá delimitar claramente la invención respecto al estado de la técnica o la tecnología anterior.

- Resumen de la descripción de la invención: Su función es dar una información breve sobre la invención, permitiendo una fácil comprensión del problema técnico planteado, la solución aportada y los principales usos de la invención.

- Dibujos que se requieran para la comprensión de la invención: Deberán ir explicados en la descripción.

Una vez presentada la solicitud, el IMPI procederá al examen de forma requiriendo al interesado la información necesaria para que subsane los errores u omisiones. Una vez cumplidos los requisitos de forma, se procederá a la publicación de la solicitud.

Una vez publicada, el IMPI llevará a cabo el examen de fondo, pudiendo solicitar el examen que hayan realizado oficinas extranjeras. Una vez otorgada  la patente, el IMPI lo comunicará por escrito al solicitante, para que en el plazo de dos meses cumpla con los requisitos para su publicación y con el pago de la tarifa por expedición del título.

La patente otorgada deberá publicarse en la Gaceta.

Se puede ampliar la información sobre propiedad industrial en la página del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) www.impi.gob.mx

Convenios internacionales suscritos por México.

Propiedad Industrial: Convenio de París y Acuerdo sobre los Aspectos de los derechos de Propiedad Industrial relacionados con el Comercio (OMC).

Marcas: Acuerdo de Viena.

Patentes: Tratado de Cooperación en Materia de Patentes y Arreglo de Estrasburgo.

Derechos de Autor: Convenio de Berna, Convenio de Roma y Tratado de la OMPI sobre derechos de autor (ratificado pero aún no en vigor).

Denominaciones de origen: Arreglo de Lisboa

Adicionalment, e existe un capítulo específico en materia de Propiedad Intelectual en prácticamente todos los Tratados de Libre Comercio que ha firmado México y que se pueden consultar en: http://www.economia.gob.mx/files/comunidad_negocios/comercio_exterior/    seleccionando : acuerdos y tratados comerciales.

 

 

 

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Razones y ventajas para la implantación de empresas españolas

Tamaño del mercado: México, según datos estimados para el primer trimestre de 2017 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, cuenta con unos 123 millones de habitantes aunque el último censo, de 2010, contabiliza 112 millones. El Fondo Monetario Internacional, por su parte, estima una cifra de más de 123 millones de habitantes  y con una previsión de crecimiento anual medio del 1% hasta 2018, en la línea del Banco Mundial [1][2]

 El país tiene una población eminentemente joven (el 45,3% de los habitantes tiene menos de 25 años) y en crecimiento, sin diferencias significativas entre ambos sexos, que se distribuyen de forma simétrica para los distintos rangos de edad. Aproximadamente el 79% de la población vive en zonas urbanas, donde una clase media creciente contribuye a mantener el crecimiento anual del consumo y de la economía.

Además, según datos publicados por el INEGI en el primer trimestre de 2017, México dispone de 53,7 millones de personas en condición de población económicamente activa, un 59,22% de la población.

Se estima que para 2030 la población mexicana ascienda a 127 millones de personas y la PEA alcance los 64 millones[3]. Esta dinámica demográfica crea una oportunidad para aprovechar el potencial de crecimiento tanto en términos económicos y de desarrollo de capacidades del capital humano, como de mayores oportunidades comerciales, pues es previsible un aumento del consumo y de las posibilidades de inversión.

 Identidad lingüística: el idioma y la identidad cultural constituyen una excelente base sobre la que iniciar negocios, sin embargo existen diferencias en la forma de mantener las relaciones, siendo en México las relaciones personales una pieza absolutamente fundamental.

 El buen posicionamiento de las empresas españolas: en México existe una buena imagen de España y una excelente predisposición hacia lo que procede de nuestro país. El conocimiento de nuestra actualidad económica y de la historia reciente de España es bastante elevado. La concepción sobre los cambios que ha experimentado España en todos los aspectos en los últimos años, así como el alto nivel tecnológico y de gestión de las empresas españolas, y la calidad y el diseño de los productos reciben una calificación muy positiva.

 La proximidad con Estados Unidos: El acceso al mercado más grande del mundo se ha visto muy beneficiado por el ingreso de México en el Tratado de Libre Comercio de Norte América (NAFTA). México se presenta, por tanto, como una buena plataforma para producir y exportar productos al mercado de EEUU y Canadá.

El comercio exterior entre México, Estados Unidos y Canadá es muy importante por el monto de los flujos comerciales que se realiza entre estos países. De hecho, según datos del INEGI [4] , en 2016 el 81% de las exportaciones mexicanas tuvieron como destino Estados Unidos, Canadá representa el segundo país para las exportaciones mexicanas con el 2,78% y China el tercero con el 1,4%, mientras que España se sitúa en el 0,87%. En cuanto a las importaciones, Estados Unidos supone el 50% de las mismas, China el 17%, Japón un 4,1% y el resto de los países un 28,9%. [5]

 La población hispana en Estados Unidos representa la minoría más numerosa (alrededor de un 17%) y constituye una oportunidad importante para México en cuanto a la penetración potencial de marcas, productos y servicios de origen mexicano; se estima que dos de cada tres habitantes hispanos en EE,UU. son de origen mexicano y el número de personas de origen mexicano en EE.UU. supera los 34 millones.

 Extensa red de Tratados de Libre Comercio (TLC)[6]. En concreto, México cuenta con una red de 12 Tratados de Libre Comercio (TLCs) con un total de 45 países, 31 Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRIs) y 9 acuerdos de comercio (Acuerdos de Complementación Económica y Acuerdos de Alcance Parcial) en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI). Además, México participa activamente en organismos y foros multilaterales y regionales como la Organización Mundial del Comercio (OMC), el Mecanismo de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) y la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI).

 Esta red de TLC de México le brinda acceso preferencial al mercado estadounidense y al mercado europeo, frente a mercancías originarias de economías como China. Además, en caso de que el transporte sea por vía terrestre, las mercancías provenientes de México tienen acceso libre de arancel a los Estados Unidos, situación que evidencia una clara ventaja ante competidores de todo el mundo.

México es uno de los países firmantes en el Acuerdo de Asociación Transpacífica[7] (TPP, por sus siglas en inglés), cuya firma se llevó acabo en febrero del 2016. El tratado fue ratificado por 11 países. El TPP es uno de los tratados comerciales plurilaterales más relevantes a nivel internacional por la cobertura de productos y las disciplinas que incluye, así como los países que en ella participa. El Acuerdo constituye una plataforma para impulsar el comercio y fomentar la integración comercial de México en la región Asia-Pacífico; lo que le ofrece, por un lado, la oportunidad de continuar diversificando sus exportaciones y, por otro, aprovechar al máximo su papel en las cadenas globales de suministro, tanto para el mercado norteamericano como para los de la región Asia-Pacífico.

 México es miembro de la Alianza del Pacífico[8], una iniciativa de integración regional conformada por Chile, Colombia, México y Perú, creada el 28 de abril de 2011, cuyos objetivos son: construir un área de integración profunda, para avanzar progresivamente hacia la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas; impulsar un mayor crecimiento, desarrollo y competitividad de las economías de las partes, con miras a lograr un mayor bienestar, la superación de la desigualdad socioeconómica y la inclusión social de sus habitantes; y convertirse en una plataforma de articulación política, de integración económica y comercial y de proyección al mundo, con especial énfasis en Asia-Pacífico. El 10 de febrero de 2014 los cuatro miembros de esta iniciativa firmaron el Protocolo del Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico liberó el 92% de las partidas arancelarias del comercio intrarregional.

Por otro lado, los países de Costa Rica y Panamá son actualmente candidatos a adherirse a dicha Alianza y existen 52 países observadores, entre ellos España.

Seguridad jurídica para las empresas españolas, gracias al Acuerdo para la Promoción y la Protección recíproca de las inversiones (APPRI)[9] y al Convenio para evitar la Doble Imposición[10] firmados con España.

 Facilidad para hacer negocios. El estudio Doing Business 2017[10] del Banco Mundial, que analiza la facilidad para hacer negocios en un país, sitúa a México en la posición 47, de un total de 190 naciones, lo que supone un retroceso con respecto a 2016, donde ocupó el puesto 45. Así, México se sitúa cerca de España (32) y muy por delante de países como China (78), Brasil (123), o India (130). México es el país mejor posicionado de Latinoamérica, por delante de países como Chile (57), Perú (54) o Colombia (53).

 En México, tras dos grandes reformas en el apartado de “Fortalecimiento de sus instituciones” en 2014, la apertura de una empresa conlleva un total de 8 procedimientos (4,8 en promedio en la OCDE y 8,3 en promedio en América Latina y Caribe); 8,5 días (8,3 OCDE y 31,6 en América Latina y Caribe); y un coste equivalente al 19,1% del ingreso per cápita del país (3,1% en la OCDE y 31,5% en América Latina y Caribe). Además, no se requiere capital mínimo desembolsado para la constitución de la misma.

Los costes laborales de México para personal de cualificación media son sensiblemente menores que en España. Por el contrario, los altos ejecutivos cobran, en muchos casos, más que en Europa. Se puede encontrar un análisis en profundidad de los costes laborales, entre otros, en el informe de Costes de Establecimiento en México[12].

 Costes de manufactura. Según el Índice de Costes de Manufactura de AlixPartners 2013[13], México supera a China en este aspecto –tomando los costes de Estados Unidos como base—. En México, aproximadamente el 89,3% de las exportaciones durante 2015 fueron manufacturas.

 Estabilidad Económica. La estabilidad económica demostrada durante los últimos años, propiciada por un banco central fuerte e independiente, y el control de las finanzas públicas por parte del estado benefician la coyuntura económica. Además México es miembro de la OCDE y del G20.

 Según el Global Competitiveness Report 2016-2017[14], del World Economic Forum, en términos del subíndice de Ambiente Macroeconómico, México se posicionó en el lugar 51, de un total de 138 economías analizadas. Según dicho informe, el tamaño del mercado y la estabilidad macroeconómica son las principales variables en la que mejor posición tiene México. Asimismo destaca la puesta en marcha de las grandes reformas en el presente Sexenio que han contribuido a aumentar la eficiencia y competencia en los mercado. El mercado laboral ha mejorado la flexibilidad y los incentivos y los mercados financieros han mejorado el acceso a los recursos. Peso a las condiciones macroeconómicas desfavorables con la caída del precio del petróleo y un comercio global debilitado, México sigue situada como una de las economías más competitivas de la región y continúa progresando en aspectos fundamentales para asegurar la prosperidad futura.

 Existen ciertos incentivos federales y estatales que pueden ser muy beneficiosos para la implantación de empresas, aunque habitualmente se debe negociar cada proyecto de manera individual por lo que se sugiere entrar en contacto con las Secretarías de Desarrollo Económico de los Estados. Para mayor información, consultar la Guía de Organismos de Apoyo a la Inversión.[

 [1] http://databank.worldbank.org/

[2]http://www.imf.org/

[3] http://www.inegi.org.mx/

[4] http://www.inegi.org.mx/

[5] http://atlas.media.mit.edu/en/profile/country/mex/

[6] http://www.gob.mx/se/

Seleccionar: Acciones y Programas, Comercio Exterior, Países con Tratados y Acuerdos firmados con México

[7] www.sice.oas.org/TPD/TPP/TPP_s.ASP

[8] www.alianzapacifico.net/

[9] http://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/comercio-exterior-paises-con-tratados-y-acuerdos-firmados-con-mexico

[10]http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Normativa/Fiscalidad_Internacional/Convenios_de_doble_imposicion_firmados_por_Espana/Mexico/Mexico.shtml

[11] http://espanol.doingbusiness.org/

[12] Guía de Costes de establecimiento: http://www.icex.es/ 

[13] https://www.alixpartners.com/

[14] https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2016-2017-1

[15] Guía de Organismos de Apoyo a la Inversión. México.www.oficinascomerciales.es/

 

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Barreras de entrada para inversores españoles

 
En general, se destaca la apertura en el sector de las telecomunicaciones y energético tras las reformas aprobadas, eliminándose así barreras importantes en sectores hasta entonces reservados al Estado. No obstante, varias empresas han manifestado su descontento por la excesiva burocracia o poca transparencia de la administración, denunciado un marco legal poco desarrollado (p.e. servicios municipales), que fomenta la inseguridad jurídica, la aplicación discrecional de las normas y la descoordinación entre diferentes instancias administrativas

Por otra parte, el marco legal mexicano en materia de compras públicas establece exigencias de contenido nacional en determinadas licitaciones lo que puede limitar la participación de empresas y/o bienes extranjeros en estos procesos. También es complicada la acreditación de experiencia en las licitaciones nacionales para las empresas recién instaladas. Además, algunas empresas han denunciado la intensificación en los medios de comunicación de mensajes y comentarios desfavorables sobre la presencia española en México aunque, en general, las empresas españolas son reconocidas y valoradas.

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